Amnistía para 13 policías nacionales investigados por maltratar a una manifestante detenida

La titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha amnistiado a trece policías nacionales que estaban acusados de humillar y vejar a una manifestante detenida por los disturbios contra la sentencia del procés. La manifestante estuvo diez días en prisión preventiva por desórdenes públicos, aún sin sentencia definitiva.

Los agentes del cuerpo de la Policía Nacional estaban siendo investigados tras una querella presentada por Paula G., una joven detenida durante las protestas del 18 de abril el 2019 frente a la Jefatura de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona. La movilizaciones, convocadas contra la sentencia del proceso independentista, derivaron en graves disturbios y enfrentamientos con la policía en el centro de la capital catalana.

Según su denuncia, la manifestante sostenía que estuvo detenida durante 13 horas antes de poder comunicarse con el Colegio de la Abogacía, que fue vejada y humillada durante su custodia y traslado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona y que un agente la amenazó empuñando un cúter intervenido mientras le decía: “Si hay un muerto, no va a ser de nuestro bando”.

La manifestante se opuso a la aplicación de la Ley de Amnistía para los policías investigados ya que los hechos tuvieron lugar una vez detenida y en dependencias policiales, sin relación alguna con el proceso independentista, lo que supuso una “disminución de su dignidad humana” y un posible incumplimiento de los compromisos internacionales firmados por España en materia de derechos humanos. No obstante, la Fiscalía sí apoyó la amnistía para los agentes al igual que su defensa, ejercida por Javier Aranda -socio del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats-.

En la resolución, que no es firme, la jueza acuerda archivar la causa para los policías nacionales imputados, aunque deja al margen de la amnistía la eventual indemnización que deberá corresponder a la manifestante por los hechos, pendiente de resolución por la vía civil. Mientras tanto, la justicia no ha resuelto todavía si aplica la amnistía a la manifestante, para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel por su participación en los disturbios del 18 de octubre del 2019, ya que se la vincula con el lanzamiento de objetos contundentes y de botellas con líquidos corrosivos contra la Jefatura Superior de Policía.

El juicio para la manifestante estaba previsto para el pasado 25 de enero en la Audiencia de Barcelona, pero la Fiscalía pidió la suspensión ante una posible amnistía para la manifestante, al encajar en los términos de la Ley de Amnistía. Paula G., por su parte, se ha negado hasta la fecha a pedir al tribunal que la amnistíe porque considera que “supondría encubrir las vergüenzas del Estado y los abusos perpetrados por policías, fiscales y jueces en el marco del procés”.