El Gobierno de Cantabria (PP) ha solicitado la repatriación de 18 menores extranjeros no acompañados de los 26 que tutela en su territorio, según ha adelantado la SER y ha confirmado este diario. El Ejecutivo cántabro carece de competencia para ejecutar retornos y pide a la Delegación del Gobierno que inicie esos trámites. Apela para ello a que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen” citando la ley de extranjería.
El Gobierno regional admite que la competencia es nacional pero firma los expedientes de extradición
El Gobierno de Cantabria (PP) ha solicitado la repatriación de 18 menores extranjeros no acompañados de los 26 que tutela en su territorio, según ha adelantado la SER y ha confirmado este diario. La iniciativa responde al acuerdo al que hace unos meses cerraron los populares con Vox, socio puntual en el Parlamento. El Ejecutivo cántabro carece de competencia para ejecutar retornos y pide a la Delegación del Gobierno que inicie esos trámites. Apela para ello a que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen” citando la ley de extranjería.
Ocho de los menores proceden de Marruecos, otros cuatro de Gambia y los demás son de Costa de Marfil, Guinea-Conakri, Túnez, Malí, Moldavia y Argelia. Los 18 expedientes, a los que ha accedido EL PAÍS, son idénticos y simplemente varía el nombre del niño en cuestión. En ellos no se profundiza en los motivos por los que el interés superior de los afectados sería volver a sus países ni información relativa a su situación familiar en origen. El Gobierno autonómico tampoco aclara por qué ha elegido a estos 18 menores y no a otros de los 26 tutelados como susceptibles de esa repatriación.
El documento, firmado por el subdirector del área de Infancia, Adolescencia y Familia, Jaime Serdio Agüeros, asegura de sí mismo que “sirve para informar que no constan circunstancias que indiquen que la repatriación pueda ser inconveniente para el menor”.
Este intento cántabro choca contra otros casos donde la justicia ha impedido que las autonomías devuelvan a menores llegados a su territorio. El último caso similar fue en Ceuta en 2021, cuando unos 1.200 niños accedieron a la Ciudad autónoma pero finalmente, entre el Gobierno local, la delegación del Gobierno y los ministerios del Interior y de Exteriores acordaron expulsar a medio centenar de ellos. El Tribunal Supremo resolvió tres años después que esa devolución fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de lo previsto en la Ley de Extranjería.
Fuentes de la Delegación del Gobierno afirman que se responderá a los expedientes “tal y como marca el procedimiento administrativo” y matizan que este procedimiento de expatriación “vulnera toda la legislación española e internacional en materia de protección a la infancia, es contraria al derecho internacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Las mismas fuentes critican que la actuación contrasta con recientes declaraciones de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que ha defendido “proteger a los menores”, que son “niños que vienen de la guerra” y “no son mercancía”.
El movimiento del Gobierno cántabro deriva de una moción de Vox aprobada el pasado 17 de marzo en el Parlamento con el apoyo del PP para firmar acuerdos para la reintegración de menores extranjeros no acompañados con sus países de origen, una medida que también se aprobó en la Región de Murcia. Los votos de ambos partidos permitieron que prosperara la moción, que recibió la negativa del PSOE y la abstención del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), anterior grupo en el poder regional junto a los socialistas. Su parlamentaria Rosa Díaz recordó que desde 2019 a 2024 bajó la cifra de menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad: de 77 a 29. Asimismo, remarcó que antes se destinaban más de cuatro millones de euros y que actualmente no se llega al millón, mientras que ninguno de esos 24 niños tenía medida judicial alguna. Tras la polémica, la responsable de Servicios Sociales ha argumentado que Cantabria no tiene competencias y que simplemente remitía los casos a la Delegación, si bien en los 18 documentos consta que el subdirector del departamento del Ejecutivo autónomo aprueba la repatriación.
Sin embargo, la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Carmen Arce, ha afirmado en una entrevista en Radio Nacional de España que “las noticias no se ajustan a lo que ha ocurrido” porque, Cantabria, ha dicho, “no puede iniciar procedimientos de expulsión o repatriación porque no tiene competencias”. Pero Arce ha definido a la Administración como “los tutores” y ha incidido en la obligación de “velar por su interés superior”, para a continuación aclarar que la Delegación es la competente para iniciar el procedimiento de reagrupación familiar o valorar si se cumple el interés del menor o bien volviendo a su país o bien siguiendo en Cantabria.
La alto cargo autonómica ha insistido en que “la normativa internacional de la ONU o los Derechos del Niño parten de que el interés del menor prima en el lugar donde ha nacido” y ha reiterado que la competencia recae en la Delegación del Gobierno, que tendrá que hacer “averiguaciones” sobre la pertinencia de devolver a estos menores a sus países.
“Triquiñuelas” para “incumplir los derechos” de los menores
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado este martes de “triquiñuelas” las posiciones de las comunidades gobernadas por el PP para “incumplir los derechos” de los menores migrantes no acompañados al negarse a su reparto. Pero distingue de ellas, eso sí, al PP canario, del que Clavijo dice que sí está comprometido con la distribución de los menores. El líder del PP en las islas. Manuel Domínguez, ha asegurado también este martes que, aunque la ley sobre la derivación de los menores migrantes no guste a algunas comunidades autónomas, “poco tienen que decir” salvo cumplirla, y que el Estado tendrá que hacerla cumplir, informa Guillermo Vega.
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