Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este domingo en Barbate a Abdennour El Hichou, de 39 años, el último de los cuatro tripulantes de la narcolancha que en la noche del 9 de febrero de 2024 mató en el puerto de esta localidad gaditana a los agentes del instituto armado Miguel Ángel González y David Pérez que permanecía huido, según han confirmado el Ministerio del Interior. Está previsto que este lunes pase a disposición judicial.
El Hichou, que se trasladó desde Marruecos a España para facilitar su captura, asegura que fue un “accidente”
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil han detenido en la madrugada de este domingo en Barbate a Abdennour El Hichou, el último que permanecía huido de los tripulantes de la narcolancha que en la noche del 9 de febrero de 2024 mató en el puerto de esta localidad gaditana a los agentes del instituto armado Miguel Ángel González y David Pérez al embestir la embarcación oficial en la que iban junto a otros cuatro compañeros, según han confirmado el Ministerio del Interior. Está previsto que este lunes pase a disposición judicial. El ahora arrestado ha permanecido oculto durante estos 15 meses en Marruecos, de donde era originario.
La detención se ha producido en circunstancias idénticas a las de los otros tres tripulantes de la narcolancha. Presionado por el cerco de la Guardia Civil sobre él, así como por las amenazas que supuestamente ha recibido durante estos meses de las mafias del Estrecho, que se habían visto obligadas a reducir su actividad en la zona por la presión policial, El Hichou ha regreado a España, acompañado de un abogado, para ser arrestado. Los mismos pasos había seguido en septiembre Karim El Baqqali ―quien pilotaba la embarcación en el momento del suceso, según confesó después― y, dos meses más tarde, Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet. Los cuatro, que trabajaban presuntamente para la organización de Abdellah E. M. alias Puspus, están acusados de dos delitos de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa, seis de atentado, uno de contrabando y otro de pertenencia a organización criminal.
La caída del cuarto tripulante de la narcolancha que mató a los dos guardias civiles pone punto final a una compleja investigación que sufrió hace ahora un año un giro de guion. Hasta aquel momento, las pesquisas se habían centrado en seis personas que habían sido detenidas pocas horas después del suceso como presuntas autoras del asesinato de los dos agentes. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil de aquella fecha, en el que se analizó exhaustivamente los vídeos del suceso, descartó que ellos fueran los autores de las muertes.
A partir de ese momento, los esfuerzos de los investigadores se dirigieron a identificar a los ocupantes aquella noche de la verdadera narcolancha que arrolló a los agentes. El primer hito fue la localización de la embarcación. Se trataba de una narcolancha que había sido interceptada el pasado 17 de marzo frente a las costas de Huelva. Desde ese momento, el juzgado abrió una pieza separada en el sumario que declaró secreta que desembocó en la identificación de los presuntos ocupantes de la misma.
Tras ser detenido en septiembre, el piloto intentó justificar durante su declaración ante el juez su actuación aquella noche en una supuesta situación de necesidad económica y familiar, con varios hijos a su cargo, y que la organización para la que trabajaba transportando alijos entre Marruecos y la Península le había obligado a trabajar pilotando narcolanchas. El autor confeso de la embestida mortal recalcó que en un primer momento pensó que solo había golpeado ligeramente la embarcación de las víctimas. Una versión que respaldaron cuando fueron detenidos los dos detenidos en noviembre.
Sin embargo, esta versión de que los tripulantes de que todo había sido un accidente se contradice con las conclusiones de los informes elaborados por la Guardia Civil tras el visionado de tres gigas de archivos de vídeo grabados aquel día en el puerto de Barbate por ocho cámaras diferentes. En este documento policial, los investigadores explicaban que la embarcación neumática de alta velocidad (ENAV, como se las denomina en el ámbito policial) que presuntamente ocupaban los cuatro sospechosos fue la única de las seis narcolanchas que se habían refugiado aquella noche en el puerto de Barbate a causa del temporal que azotaba las costas gaditanas que hostigó a la de los agentes. En estos vídeos ―uno de ellos grabado con la cámara que portaba uno de los agentes― se veía cómo la lancha neumática acosó de manera constante durante dos minutos y 41 segundos a la zódiac del instituto armado, hasta que la arrolló mortalmente.
Durante ese tiempo, las imágenes mostraban el hostigamiento, que incluyó cinco embestidas previas y una sexta final, que fue la que acabó con la vida de los dos agentes y causó heridas a otros cuatro compañeros. “Se alejaron una distancia suficiente que les permitía alcanzar una elevada velocidad regresando de nuevo en dirección a la embarcación oficial para finalmente, sin desviar la trayectoria para evitar la colisión, atacarla entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación afectada, pasando por encima con la quilla, con toda la superficie del casco y con los cuatro motores de 300 caballos de potencia y unos 300 kilogramos de peso cada uno, dotados de elementos metálicos cortantes”, recogían los investigadores en otro documento policial.
La Guardia Civil incidía en que en ese momento la narcolancha no llevaba ni droga ni otra mercancía ilegal que explicara que sus tripulantes hubiera actuado así para “defender” la carga. Por ello, concluían que “la única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque ‘gratuito’ […] es la intención de causarles [a los agentes] un grave daño o quitarles la vida”.
Estas contradicciones han llevado al juez que instruye la causa, Ángel Rojas, a encargar un informe pericial para determinar si la narcolancha embistió a los agentes de manera accidental, como defienden los detenidos, o fue una acción intencionada, como apuntan los informes de la Guardia Civil.
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