La estrategia del presidente Donald Trump de perseguir con la Fiscalía a quienes considera adversarios sufrió este lunes un doble y severo revés. Por un lado, un juez federal anuló por completo la acusación contra James Comey , exdirector del FBI. Por otro, otro tribunal desestimó la imputación contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James , al concluir que la fiscal que presentó ambos casos fue nombrada ilegalmente y actuó sin autoridad.Las dos decisiones, distintas pero conectadas por la presión presidencial , muestran el alcance de un esfuerzo coordinado por usar la maquinaria penal contra críticos del presidente y hasta qué punto esa arquitectura empieza a desmoronarse en los tribunales en sus primeras fases.La situación deja a la Administración en una posición frágil. El caso Comey se ha derrumbado antes de llegar a juicio. El de Letitia James se ha desvanecido de inmediato por un fallo que cuestiona el nombramiento mismo de la fiscal que impulsó ambos procedimientos.Noticia Relacionada estandar Si Trump convierte la imputación del exdirector del FBI en símbolo de su purga al ‘Estado profundo’ David Alandete El presidente logra que un gran jurado procese a su viejo enemigo por falso testimonio y obstrucción, en un caso que dinamita la independencia del Departamento de Justicia y recuerda a los excesos de WatergateEl caso Comey había sido una prioridad personal para Trump. La acusación sostenía que el exdirector del FBI mintió al Congreso y al propio Buró sobre el manejo de los memorandos en los que registró sus reuniones con Trump, y que filtró parte de ese material para impulsar la designación de un fiscal especial.El juez concluyó que la fiscal que firmó la imputación, Lindsey Halligan , carecía de autoridad legal para hacerlo, que su nombramiento violó la Constitución y que todo el proceso estaba viciado desde el origen. Con una decisión tajante, ordenó suprimir la acusación completa y dejó a la Administración sin la causa que más había promocionado contra un alto cargo federal.En paralelo, el tribunal que llevaba el caso de Letitia James lo desestimó por los mismos motivos estructurales. La orden judicial describe cómo Halligan fue instalada al frente de una de las áreas críticas del Departamento de Justicia después de que el fiscal interino, Erik Siebert , fuera apartado bajo presión por negarse a presentar cargos contra Comey y contra la propia James.La pieza judicial detalla que, superados los 120 días legales para nombrar a un fiscal interino, el Departamento de Justicia ya no tenía autoridad para designar a Halligan: esa competencia pasaba automáticamente a los jueces del distrito. El Gobierno ignoró ese límite y presentó la imputación igualmente. El juez lo califica como un nombramiento ilegal que invalida toda la actuación, desde la firma de la acusación hasta la presentación de pruebas.Comey fue uno de los protagonistas más controvertidos de 2016: reabrió en plena campaña la investigación sobre los correos de Hillary Clinton y la cerró once días después, mientras mantenía en secreto la pesquisa sobre los contactos del entorno de Trump con Moscú. Su destitución en 2017 marcó el inicio de un enfrentamiento personal con Trump. La caída de su imputación, anulada por violaciones constitucionales, supone un golpe político directo en un caso que la Casa Blanca había presentado como prueba de que Comey actuó de forma partidista.Presiones políticasLa acusación contra Letitia James se basaba en un supuesto fraude hipotecario : que habría mentido sobre la ocupación de una vivienda y cometido irregularidades en un préstamo. Pero el propio expediente muestra que las pruebas procedían de un blog y de documentos obtenidos de forma dudosa, y que los fiscales de carrera concluyeron que no había indicio alguno para sostener un delito.En su moción previa al fallo, James denunció presiones políticas , destitución de fiscales que se negaron a acusarla, acceso indebido a bases de datos hipotecarias y una denuncia elaborada con material tomado de internet. La decisión judicial va más allá: reconoce que quien la acusó no tenía autoridad legal y valida la tesis de que el proceso nació de un uso político de agencias federales.El tribunal, sin embargo, desestima su caso sin prejuicio , lo que en teoría permitiría reabrirlo, aunque la magnitud de las irregularidades descritas hace improbable que pueda revivir en su forma actual.La prueba de que Trump quiso ir tras sus críticos llegó en octubre, cuando ordenó imputar a Comey, Schiff y Letitia James en un mensaje dirigido a la fiscal Pam Bondi ; se cree que fue un error, que intentaba enviar el post en privado, como mensje directo, y acabó publicándolo en redes sociales. La estrategia del presidente Donald Trump de perseguir con la Fiscalía a quienes considera adversarios sufrió este lunes un doble y severo revés. Por un lado, un juez federal anuló por completo la acusación contra James Comey , exdirector del FBI. Por otro, otro tribunal desestimó la imputación contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James , al concluir que la fiscal que presentó ambos casos fue nombrada ilegalmente y actuó sin autoridad.Las dos decisiones, distintas pero conectadas por la presión presidencial , muestran el alcance de un esfuerzo coordinado por usar la maquinaria penal contra críticos del presidente y hasta qué punto esa arquitectura empieza a desmoronarse en los tribunales en sus primeras fases.La situación deja a la Administración en una posición frágil. El caso Comey se ha derrumbado antes de llegar a juicio. El de Letitia James se ha desvanecido de inmediato por un fallo que cuestiona el nombramiento mismo de la fiscal que impulsó ambos procedimientos.Noticia Relacionada estandar Si Trump convierte la imputación del exdirector del FBI en símbolo de su purga al ‘Estado profundo’ David Alandete El presidente logra que un gran jurado procese a su viejo enemigo por falso testimonio y obstrucción, en un caso que dinamita la independencia del Departamento de Justicia y recuerda a los excesos de WatergateEl caso Comey había sido una prioridad personal para Trump. La acusación sostenía que el exdirector del FBI mintió al Congreso y al propio Buró sobre el manejo de los memorandos en los que registró sus reuniones con Trump, y que filtró parte de ese material para impulsar la designación de un fiscal especial.El juez concluyó que la fiscal que firmó la imputación, Lindsey Halligan , carecía de autoridad legal para hacerlo, que su nombramiento violó la Constitución y que todo el proceso estaba viciado desde el origen. Con una decisión tajante, ordenó suprimir la acusación completa y dejó a la Administración sin la causa que más había promocionado contra un alto cargo federal.En paralelo, el tribunal que llevaba el caso de Letitia James lo desestimó por los mismos motivos estructurales. La orden judicial describe cómo Halligan fue instalada al frente de una de las áreas críticas del Departamento de Justicia después de que el fiscal interino, Erik Siebert , fuera apartado bajo presión por negarse a presentar cargos contra Comey y contra la propia James.La pieza judicial detalla que, superados los 120 días legales para nombrar a un fiscal interino, el Departamento de Justicia ya no tenía autoridad para designar a Halligan: esa competencia pasaba automáticamente a los jueces del distrito. El Gobierno ignoró ese límite y presentó la imputación igualmente. El juez lo califica como un nombramiento ilegal que invalida toda la actuación, desde la firma de la acusación hasta la presentación de pruebas.Comey fue uno de los protagonistas más controvertidos de 2016: reabrió en plena campaña la investigación sobre los correos de Hillary Clinton y la cerró once días después, mientras mantenía en secreto la pesquisa sobre los contactos del entorno de Trump con Moscú. Su destitución en 2017 marcó el inicio de un enfrentamiento personal con Trump. La caída de su imputación, anulada por violaciones constitucionales, supone un golpe político directo en un caso que la Casa Blanca había presentado como prueba de que Comey actuó de forma partidista.Presiones políticasLa acusación contra Letitia James se basaba en un supuesto fraude hipotecario : que habría mentido sobre la ocupación de una vivienda y cometido irregularidades en un préstamo. Pero el propio expediente muestra que las pruebas procedían de un blog y de documentos obtenidos de forma dudosa, y que los fiscales de carrera concluyeron que no había indicio alguno para sostener un delito.En su moción previa al fallo, James denunció presiones políticas , destitución de fiscales que se negaron a acusarla, acceso indebido a bases de datos hipotecarias y una denuncia elaborada con material tomado de internet. La decisión judicial va más allá: reconoce que quien la acusó no tenía autoridad legal y valida la tesis de que el proceso nació de un uso político de agencias federales.El tribunal, sin embargo, desestima su caso sin prejuicio , lo que en teoría permitiría reabrirlo, aunque la magnitud de las irregularidades descritas hace improbable que pueda revivir en su forma actual.La prueba de que Trump quiso ir tras sus críticos llegó en octubre, cuando ordenó imputar a Comey, Schiff y Letitia James en un mensaje dirigido a la fiscal Pam Bondi ; se cree que fue un error, que intentaba enviar el post en privado, como mensje directo, y acabó publicándolo en redes sociales.
Un juez federal del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, anuló por completo la acusación contra James Comey, exdirector del FBI, tras concluir que la fiscal que firmó los cargos no tenía autoridad legal para hacerlo. La decisión, emitida este lunes, supone un … revés severo para el Departamento de Justicia y desarma un caso que la propia Administración había presentado como una pieza central contra uno de los mayores críticos del presidente Donald Trump.
La resolución declara nulas todas las actuaciones dirigidas por Lindsey Halligan, la abogada que impulsó la acusación y hoy fiscal en Virginia, y concluye que su nombramiento violó la ley y la Constitución. Halligan, una antigua participante en concursos de belleza que trabajó como abogada de Trump, fue designada de manera irregular como fiscal interina después de la dimisión forzada de su predecesor.
La acusación ahora anulada sostenía que Comey había mentido al Congreso y al propio FBI sobre el manejo de los memorandos en los que documentó sus reuniones con Trump. También lo señalaba por supuestamente conservar y filtrar sin autorización información oficial tras su destitución, y por utilizar esos documentos para influir en la designación de un fiscal especial, algo que la fiscalía describía como un intento de obstrucción indirecta.
El fallo explica que la ley federal establece un límite estricto de 120 días en los que el fiscal general puede nombrar a un sustituto temporal. Cuando ese plazo expira, solo un tribunal puede designar a alguien más hasta que el Senado confirme a un titular. El Departamento de Justicia ignoró ese procedimiento y colocó a Halligan sin aprobación judicial. Todo lo que firmó o presentó en nombre del Gobierno carece, por tanto, de validez.
La opinión judicial subraya que no se trata de un defecto técnico, sino de una violación estructural que afecta a la separación de poderes. El juez afirma que Halligan actuó ante el gran jurado sin nombramiento válido, que su firma en la acusación es inválida y que su presencia durante la presentación de pruebas compromete la integridad del proceso. Por ello, ordena suprimir toda la acusación y las actuaciones asociadas. La causa queda desestimada, en un golpe directo a Trump, que había acusado a Comey de deslealtad.
El tribunal también rechaza un intento del Departamento de Justicia de «ratificar» retroactivamente las actuaciones de Halligan. El fiscal general intentó recalificarla como fiscal especial para validar su intervención, pero el juez concluye que esa maniobra carece de base legal: ninguna autoridad ejecutiva puede otorgar competencias retroactivas a quien actuó sin nombramiento válido. Aceptarlo, dice, sería desdibujar los límites entre poder político y garantías constitucionales.
Puerta abierta a la presentación de otros cargos
La decisión deja la puerta abierta a que el Gobierno vuelva a presentar cargos, pero solo con un fiscal nombrado correctamente y dentro de los plazos legales. La desestimación se hace, como se dice en jurisprudencia estadounidense, «sin perjuicio», la fórmula que indica que el caso no muere definitivamente. Washington deberá decidir ahora si reconstruye el expediente desde cero o si lo abandona.
Comey quedó marcado por dos decisiones clave en 2016. Reabrió en plena campaña la investigación sobre los correos privados de Hillary Clinton y la volvió a cerrar once dias después, un movimiento que sacudió la contienda. Al mismo tiempo, el FBI investigaba la injerencia rusa y los contactos del entorno de Trump con Moscú, pero mantuvo esa investigación en silencio. Esa asimetría lo convirtió en una figura central en la tormenta política de aquel mandato.
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