El Congreso de los Diputados debate este jueves la reforma para que sean los jueces, y no la Fiscalía, los encargados de los procesos para determinar la edad de los menores no acompañados que lleguen a España. El proyecto de ley, admitido a trámite el pasado noviembre, pretende “garantizar la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento” para estos menores. No obstante, las organizaciones de defensa de la infancia han denunciado en un comunicado conjunto que el proceso previsto en el proyecto de ley “permite no dar validez a la documentación emitida válidamente por los países de origen”. El Partido Popular y Vox han presentado enmiendas para anular la aprobación de la reforma.
Las asociaciones de defensa de la infancia denuncian que no se dé validez a los documentos oficiales de los países de origen para conocer la fecha de nacimiento de los recién llegados
El Congreso de los Diputados debate este jueves la reforma para que sean los jueces, y no la Fiscalía, los encargados de los procesos para determinar la edad de los menores no acompañados que lleguen a España. El proyecto de ley, admitido a trámite el pasado noviembre, pretende “garantizar la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento” para estos menores. No obstante, las organizaciones de defensa de la infancia han denunciado en un comunicado conjunto que el proceso previsto en el proyecto de ley “permite no dar validez a la documentación emitida válidamente por los países de origen”. El Partido Popular y Vox han presentado enmiendas para anular la aprobación de la reforma.
En esa nota de prensa, las asociaciones “celebran” que el Gobierno inicie la regulación del procedimiento e incluya garantías para los menores a la hora de determinar su edad. En concreto, que se configure como procedimiento judicial —con el modelo actual, es competencia de la Fiscalía— y que los recién llegados cuenten con asistencia legal y gratuita durante un proceso al que, entienden, no debería exponerse a los jóvenes. “Nunca se debe someter a menores documentados a este proceso”, señala en este sentido Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, para quien permitir que no se dé validez a los documentos auténticos emitidos por sus países de origen es la “gran línea roja”.
Vox ha alegado en su presentación de enmiendas que la reforma “incentiva la inmigración ilegal y el negocio de las mafias”. También han argumentado que la modificación “sustrae al ministerio fiscal poder de decisión y agiliza un trámite del que los inmigrantes ilegales cuando llegan a España ya son conocedores”. Sin embargo, el texto de la proposición de ley aclara que la Fiscalía sí “intervendrá en el procedimiento”.
El problema con el modelo actual es que los migrantes carecen de capacidad para recurrir las decisiones de la Fiscalía. Asociaciones como la mencionada Fundación Raíces permiten que los niños y las niñas recién llegados puedan judicializar sus casos. Reyzábal cuenta que han brindado asistencia legal a más de 200 personas desde que comenzó su actividad en 2009, y que han llegado al Tribunal Supremo en 15 ocasiones y a la ONU en otras 14. La presidenta de la fundación explica que los jueces sí que reconocen los documentos oficiales de los Estados de origen como pruebas de la edad de los migrantes.
Otra de las medidas que quedó plasmada en el proyecto de ley es la presunción de la minoría de edad a las personas que estén en un procedimiento de determinación de edad. También permite que los jueces puedan adoptar medidas cautelares de ingreso en los centros de menores durante todo el proceso judicial.
Reyzábal considera que el modelo actual “no ofrece las mínimas garantías para proteger a la infancia más vulnerable”. Cuenta el caso de un adolescente de 13 años que llegó a Canarias desde Gambia en agosto de 2023 con un pasaporte que acreditaba que había nacido en diciembre de 2009. Al menor no le valió el documento pese a que la Embajada gambiana en España demostrase su veracidad y fue expulsado de su centro de acogida en el que se alojaba en Madrid. Esto ocurrió en un momento en el que la Policía lanzó una alerta porque dudaba sistemáticamente de de la veracidad de todos los pasaportes gambianos
Fundación Raíces había solicitado la adopción de medidas cautelares de protección urgente y, ante la falta de respuesta, el Comité de Derechos del Niño de la ONU solicitó a España que las aplicara. De nuevo, sin respuesta. El menor, desamparado y agotado por los trámites, desapareció. La abogada que llevó su caso consiguió contactarle y descubrió que se había marchado a Francia “con la ayuda de un señor” y pidió que no se le buscase más. La asociación contactó con las autoridades francesas, que no pudieron verificar si el adolescente se encontraba allí, por lo que sigue oficialmente desaparecido.
La Memoria de la Fiscalía del 2024, la última publicada y que recoge los datos de 2023, cifraba en 7.422 los procedimientos de determinación de edad llevados a cabo en España. De todos ellos, se demostró que 3.231 eran menores de edad, 2.346 mayores y 1.775 abandonaron su centro de acogida antes de terminar el proceso, al igual que el adolescente desaparecido.
El Defensor del Pueblo, la ONU, UNICEF y el Tribunal Supremo se han pronunciado acerca de la importancia de garantizar un proceso justo en la determinación de la edad. La regulación del procedimiento ha tenido grandes avances, como la prohibición de realizar desnudos integrales y exploraciones genitales en la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada en 2021. Por ello, las organizaciones de protección a la infancia consideran que “la reforma debe continuar” e incorporar todas las garantías recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño.
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