Como tenían unas tierras y maquinaria, se pusieron a investigar opciones de cultivo. Miraron varias cosas, como las trufas, el pistacho… Y al final se atrevieron con una opción que, aunque conllevaba una altísima fiscalización, parecía una apuesta de futuro: el cáñamo industrial. “Nos hemos arruinado”, explica Raquel, tres años más tarde. Y además está acusada de tráfico de drogas. Para evitar situaciones así, los agricultores han huido del cáñamo en Cataluña, que vivió su máximo esplendor en 2019, con más de 200 hectáreas declaradas, según datos oficiales. En 2023, constaban 0 en las estadísticas oficiales. El año pasado cerró con 9 hectáreas testimoniales.
Las hectáreas declaradas al Departamento de Agricultura pasaron de más de 200 en el año 2019 a 0 en 2023
Como tenían unas tierras y maquinaria, se pusieron a investigar opciones de cultivo. Miraron varias cosas, como las trufas, el pistacho… Y al final se atrevieron con una opción que, aunque conllevaba una altísima fiscalización, parecía una apuesta de futuro: el cáñamo industrial. “Nos hemos arruinado”, explica Raquel, tres años más tarde. Y además está acusada de tráfico de drogas. Para evitar situaciones así, los agricultores han huido del cáñamo en Cataluña, que vivió su máximo esplendor en 2019, con más de 200 hectáreas declaradas, según datos oficiales. En 2023, constaban 0 en las estadísticas oficiales. El año pasado cerró con 9 hectáreas testimoniales.
Los Mossos d’Esquadra calculan que el boom de este cultivo se vivió realmente en 2021. “Mucha gente, no sabemos por qué, se puso a plantar cáñamo industrial”, explicó a este diario el jefe de análisis de la policía catalana, Albert Llena. Y una de las consecuencias primeras se palpó en el aumento de los narcoasaltos: ladrones que entraban en las plantaciones y arrasaban con todo. “No sabíamos si porque se pensaban que era marihuana o para cortar la droga con esas plantaciones”, indicó el subinspector.
Ante la proliferación de esos campos que tenían el mismo aspecto que la marihuana, y el temor de que fuese precisamente una manera encubierta de cultivarla, la Fiscalía dictó ese mismo año una instrucción que supuso la estocada final al plan de muchos agricultores: decidió que las flores de la planta, lo que se conocen como cogollos, se consideraban droga, fuesen o no psicoactivas. Es decir, colocasen o no. En ese marco legal difuso, las policías actuaron y los tribunales han ido dictando sentencias, muchas veces contradictorias, sin una postura unánime.
La familia de Raquel (nombre figurado) se vio afectada por ambas cosas: le entraron a robar en la plantación de cuatro hectáreas, y la investigación policial contra ella y su marido nació por unas muestras que enviaron al comprador en las que había cogollos, y de las que dio aviso la empresa de transportes. “Nos tratan como narcos”, lamenta. “La situación que te hacen pasar es la muerte en vida”, añade esta mujer, que asegura que de haber sabido desde el principio lo que le esperaba, seguramente no se hubiese embarcado en el cultivo. “Esto nos ha quitado años de vida, y no hemos podido ganar dinero en ningún momento”, cuenta, sobre los 160.000 euros que pidió prestados, que aún debe, y que no tiene manera de pagar.
La fiebre por plantar cáñamo industrial como una opción de futuro para el campo nació en 2018, y eclosionó en 2020, con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorable a la comercialización del CBD (sustancia no psicoactiva que se extrae del cogollo) fundamental porque tiene multitud de usos, como cremas o aceites. “Se consideró que había una seguridad jurídica”, explica el abogado especializado en el sector Martí Cànaves. Aunque la Fiscalía siempre consideró que la decisión del tribunal no modificaba la producción, que seguía prohibida, si no se contaba con autorización de la Agencia Española de Medicamentos.
A partir de ese momento, agricultores como Raquel y su familia, se atrevieron a transitar por el camino del cultivo del cáñamo industrial. “Buscamos una abogada y una gestora. Declaramos la DUN del cultivo”, recuerda. También avisaron al Ayuntamiento, a los Mossos… “Seguimos todos los pasos: la trazabilidad desde la semilla, analíticas cada 15 días desde que las plantas medían un palmo…”. Pero de poco sirvió. Desde 2023 está inmersa en una causa judicial por tráfico de drogas. “La justicia es muy lenta, están saturados. Y no se dan cuenta de que somos una familia”, lamenta, convencida de que solo puede acabar en una absolución.
En el caso de Bernat Pellisa, desde el inicio fue un poco menos optimista, sobre todo por la experiencia del pasado. Exalcalde de Rasquera, saltó a los medios por una propuesta hace más de una década de ceder terrenos municipales para surtir de marihuana clubes cannábicos cuando empezaban a extenderse. No salió adelante y un tiempo después acabó acusado de tráfico de drogas, por una pequeña plantación, y posteriormente absuelto. “No me arrepiento en absoluto”, asegura al teléfono, sobre su iniciativa como alcalde. En 2021, ya en unos terrenos de su propiedad, decidió embarcarse en el cáñamo industrial.
“Intentamos hacerlo con un grupo de amigos. Yo planté media hectárea. Entre los tres, eran unas cuatro o cinco, pero no era una cooperativa. Cada uno lo hacía de manera particular y nos ayudábamos”, recuerda. Pellisa cumplió con “todo el papeleo”, informó a Agricultura, compró semillas clasificadas… Pero enseguida vio “mucha presión” alrededor del proyecto. “Los Mossos venían, pedían analíticas, no se las acababan de creer, repetían que la flor no era legal, que no se podía procesar…”, explica. Además de “mucha dificultad” para sacar adelante el negocio, que exige trazabilidad de inicio a fin. “Al final, nos dimos cuenta de que había muy poca salida, y muy pocos compradores”, asegura, sobre un sector “muy complejo”, alrededor del cual hay “una serie de personajes de los que no te acabas de fiar”.
La batalla del abogado Martí Cànaves en los juzgados es numantina: que se determine si unas plantas son droga por el índice de THC (el psicoactivo del cannabis) no por si tienen unidades floridas. “Ahora hay un montón de intervenciones y juicios penales a payeses con una actividad legal”, se queja el letrado. Y cita, como una enciclopedia, todos los ejemplos en su día a día que le dan la razón. Uno de ellos es la intervención de dos técnicas del instituto nacional de toxicología que admitieron en una vista oral que tienen la instrucción de no analizar el THC de los cogollos porque sirve para absolver a personas en los tribunales.
Los análisis de la familia de Raquel dieron por debajo del margen de lo que se considera droga (un 0,2% de THC). Ella confía que con eso será suficiente. “Estamos dentro de la legalidad, pero son cuatro años de pérdida. Y nos están mareando. Solo somos una familia que buscábamos un cultivo para poder vivir”, se queja. ”Que digan directamente que no se puede hacer. O que solo lo pueden hacer las grandes empresas», abunda. Y encima debe conservar las cajas, llenas de plantas, en las naves que compraron, y por las que se endeudaron, precintadas policialmente a la espera de que acabe el proceso judicial.
La aventura de Pellisa con el cáñamo industrial duró un año justo, en el que con suerte cubrió los 12.000 euros que invirtió en una parcela de la que arrancó los cerezos que tenía plantados para probar suerte con el nuevo cultivo. “Compañeros que continuaron durante más tiempo, al final se arruinaron”, cuenta. Él guardó las flores para ver si en algún momento podía colocarlas. “Sin riesgo, porque no tenían THC”, dice, pero nadie las quiso. “Tiré 400 kilos”, rememora, sobre un cultivo que considera que fue de gran calidad. “Hicimos un super producto”, alardea, que no funcionó porque España no apuesta, no aprecia que tiene “una gran oportunidad”.
“Mucha gente, cuando empezó a ver lo que estaba pasando, ya no continuaron por la inseguridad jurídica. Al final, no tienes toneladas de un producto legal, sino toneladas de droga”, lamenta Cànaves. Él, como otras muchas personas en el sector, apuntan a supuestos intereses espurios de farmacéuticas. “Quieren tener el control de una sustancia como el cannabis, de mucho interés científico y medicinal. No que cualquier payés lo pueda hacer”, critica. Y confía que tarde o temprano las cosas cambiarán.
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