El Gobierno acelera la reforma de la Fiscalía en el Congreso tras asegurarse el rechazo a las enmiendas de PP y Vox

“La mayor reforma en la carrera judicial en 40 años”, así justificó este martes el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, la necesidad de sacar adelante cuanto antes el proyecto de ley que cambia la regulación del ministerio fiscal y amplía y facilita el acceso a los trabajos de juez y fiscal. Este jueves los partidos de la coalición en el Gobierno y sus socios habituales tumbarán las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox y más que probablemente se darán un plazo de apenas 24 horas para que se presenten en el Congreso enmiendas parciales a esa nueva norma. Todo en un contexto de gran acoso político, mediático y judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que acaba de ser procesado por el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y en uno de los momentos más tensos de la legislatura por distintos escándalos judicializados.

Cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó en mayo este proyecto que ha patrocinado e impulsado desde hace meses aseguró que había que desvincular esa reforma de cualquier polémica de actualidad y en concreto de la situación procesal que afecta de lleno al actual fiscal general del Estado, porque los cambios no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2028, es decir, para cuando acabe en teoría el actual mandato de Ávaro García Ortiz y tras las próximas elecciones generales, no programadas.

El cambio en la duración del mandato del fiscal general a cinco años, por lo que ya no cesará cuando lo haga el Gobierno que lo nombró, es una de las principales novedades del proyecto, que también recoge que el Ejecutivo no podrá dar instrucciones al fiscal general sobre ningún asunto y que las comunicaciones entre este y el Gobierno deberán ser públicas y realizarse por escrito. Patxi López esgrimió para justificar la necesidad y urgencia de la reforma, que rechazan varias asociaciones de jueces y fiscales conservadoras hasta el punto de convocar este miércoles un parón de 10 minutos en señal de protesta, que se promoverá la igualdad de oportunidades para acceder a la carrera judicial y fiscal con becas durante cuatro años con el salario mínimo a los que opositen y el acceso directo a los juristas con más de 10 años de experiencia.

En el Gobierno y el PSOE argumentan que este tipo de cambios va en línea con lo establecido en la mayoría de los países europeos y con lo que demandan desde hace años entidades como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un órgano dependiente del Consejo de Europa. La reforma cuenta, en principio, con el apoyo de prácticamente todos los partidos del pacto de investidura, con los que el ministro sigue en conversaciones para aceptar algunas enmiendas parciales y que el jueves votarán en contra de las enmiendas de totalidad que solo han registrado y defenderán el PP y Vox.

Los portavoces del PP y Vox, Miguel Tellado y Pepa Millán, volvieron a coincidir en sus críticas al Ejecutivo sobre este proyecto, porque lo consideran una intromisión en su intento de controlar y atacar a la Justicia al sentirse cercados por diversos escándalos.

Millán, la representante de la formación ultra, acusó “al Gobierno de los imputados y sus socios” de intentar “retorcer la ley del poder judicial para facilitar su politización a través de fiscales y jueces eliminando los requisitos de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la carrera”. Y ahí cuestionó especialmente que en la nueva norma se modifique la “composición de la Comisión Ética Judicial para que cuatro de sus nueve miembros sean designados por las dos Cámaras de las Cortes Generales, para meter a todos los Condes-Pumpidos y Garcías Ortices posibles y favorecer los intereses del Gobierno”.

Tellado, por el PP, quiso poner el acento en las prisas del Ejecutivo por llevar adelante “en tiempo récord” esta reforma “como un tiro porque lo necesita” para defender sus intereses y “actuar contra el Poder Judicial y Estado de derecho como prioridad única y máxima”. Y ahí concluyó su convicción de que tanto “el comando Bolaños” como “el comando Leire” trabajan de manera coordinada, en alusión a la exmilitante socialista implicada en grabaciones que cuestionan la labor e investigaciones de la UCO y la Guardia Civil que afectan al Gobierno, el presidente y el PSOE.

Las enmiendas de totalidad de PP y Vox serán rechazadas este jueves en el pleno, y el plazo para presentar enmiendas parciales parece que se cerrará, según diversas fuentes parlamentarias, 24 horas más tarde, el viernes. Es un plazo muy rápido, que se suele poner en práctica cuando el Gobierno de turno tiene muy asegurados sus apoyos, casi con unanimidad, como sucedió con la ley ELA y otras de ese tenor. Tellado ya catalogó como muy sospechosa en sí misma esa celeridad cuando el propio Gobierno mantiene por distintas razones hasta 40 leyes paradas en ponencias y comisiones por faltas de apoyos y congeladas otra treintena de las impulsadas por el propio PP.