El Gobierno se arma legalmente para blindar el impuesto del 7% a la producción eléctrica

El impuesto del 7% a la producción eléctrica (IVPEE) se mantiene en pie y, para que no cambie nada, el Gobierno maneja una serie de resortes legales para dejarlo todo tal y como está. Esto llega después de que Partido Popular y Junts estuvieran a punto de hacer caer este tributo. De hecho, según ha podido conocer ABC en fuentes parlamentarias, la formación catala buscará una vía para retirar este gravamen que consideran una carga para las energías renovables, especialmente en Cataluña.Se trata de un impuesto que, en condiciones normales, recauda en torno a 1.500 millones de euros al año . Una cantidad que el Gobierno no quiere perder y que, sin embargo, supone un problema para empresas e industrias, principalmente, puesto que las compañías eléctricas trasladan este gravamen sobre los clientes finales.Noticia Relacionada estandar Si Iberdrola y Endesa meten presión al Gobierno para frenar el cierre de las nucleares Raúl Masa Las eléctricas ahora quieren centrar su batalla, en caso de negociación, en una bajada de impuestos para este negocioEste impuesto se suspendió durante la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania. Posteriormente, y de forma progresiva, se recuperó de nuevo al 7% para los ingresos que se obtienen de la generación de energía. Pese a que las compañías lo repercuten, supone un problema de precios de cara a los clientes finales. Por ese motivo, se ha convertido en una reivindicación de las eléctricas para que se retire. Un guante que cogieron Partido Popular y Junts, y que llevaron como enmienda en una ley que desarrollaba el Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, ambas formaciones lograron incluir en la ley sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero una enmienda por la cual quedaba sin efecto este impuesto del 7%. Esto se produjo por un fallo del propio PSOE en la gestión. Sin embargo, el Gobierno alegó que «en la ponencia se incluyeron enmiendas parciales con efectos negativos, que generaban incertidumbre sobre los objetivos legislativos del proyecto de ley». Desde el Ejecutivo insisten en que «suprimir el impuesto al 7% de la generación, lo que incrementaría la factura de los consumidores, porque actualmente el 50% de los 1.500 millones que recauda lo asumen las empresas generadoras; en su ausencia, los consumidores pagarían el 100%», una situación que ponen en duda las propias empresas.Ante esta situación, Transición Ecológica decidió retirarlo. Ahora se espera que dicha ley de emisiones llegue como una proposición de ley. Y no solo eso. Tal y como ha podido conocer ABC, el Gobierno ya maneja en tiempo y forma lo que debería hacer si PP y Junts vuelven a maniobrar de alguna manera para intentar dejar sin efecto este impuesto . Utilizará un veto de acuerdo a la prerrogativa constitucional que valida al Ejecutivo a actuar contra «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». El PSOE no puede permitirse más fallos puesto que esta ley es una directiva europea que debe transponerse.El Gobierno no quiere que los movimientos políticos vuelvan a interceder en esta norma porque, aseguran, «es necesaria para aportar seguridad jurídica a los sujetos integrados en la ley y para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico nuevas medidas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión de la norma a transporte y edificación». Según las cifras que maneja, esto afecta a 900 instalaciones industriales y energéticas, a 30 operadores aéreos, a 600 navieras, unos 1.000 importadores de combustible y más de 17.000 importadores. Además, calculan que «la transposición tendrá otros efectos positivos, como el acceso de España al Fondo Social para el Clima, con 65.000 millones de euros, de los que un 10% le corresponden a España, para financiar actuaciones beneficiosas para consumidores y microempresas vulnerables».Resta competitividadSegún ha podido conocer ABC en fuentes de algunas de las compañías eléctricas afectadas por este impuesto, seguirán moviéndose para conseguir que se quite. Sobre esta cuestión habló muy claro hace unos días el consejero delegado de Endesa , José Bogas .Durante un encuentro con medios la semana pasada, el máximo responsable de la eléctrica explicó que este impuesto había tenido la función de «recaudar fondos, que al final los pagaban los ciudadanos, empresas e industrias para compensar ciertos déficit que generaba la tarifa». Pero sostuvo que ya se ha estabilizado y que ahora mismo «las necesidades que tiene el sistema de pagar cargos son inferiores a los que tenía anteriormente y, por tanto, se podría prescindir del 7%».El otro motivo que esgrimen las empresas, y que el CEO de Endesa remarcó, es que este tributo « viene a ser un elemento anticompetitivo de la energía en España con respecto a Francia ». En los saldos exportadores, y teniendo en cuenta que los franceses cuentan con un parque nuclear que tiene un tratamiento fiscal especial, España sale perdiendo. Por eso, Bogas alega que «no sé si este año, o si el año que viene, pero para la competitividad de la energía eléctrica y lo que es el bienestar de los ciudadanos, y lo que es la competitividad industrial, si no es necesario ese 7% yo procuraría eliminarlo cuanto antes». El impuesto del 7% a la producción eléctrica (IVPEE) se mantiene en pie y, para que no cambie nada, el Gobierno maneja una serie de resortes legales para dejarlo todo tal y como está. Esto llega después de que Partido Popular y Junts estuvieran a punto de hacer caer este tributo. De hecho, según ha podido conocer ABC en fuentes parlamentarias, la formación catala buscará una vía para retirar este gravamen que consideran una carga para las energías renovables, especialmente en Cataluña.Se trata de un impuesto que, en condiciones normales, recauda en torno a 1.500 millones de euros al año . Una cantidad que el Gobierno no quiere perder y que, sin embargo, supone un problema para empresas e industrias, principalmente, puesto que las compañías eléctricas trasladan este gravamen sobre los clientes finales.Noticia Relacionada estandar Si Iberdrola y Endesa meten presión al Gobierno para frenar el cierre de las nucleares Raúl Masa Las eléctricas ahora quieren centrar su batalla, en caso de negociación, en una bajada de impuestos para este negocioEste impuesto se suspendió durante la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania. Posteriormente, y de forma progresiva, se recuperó de nuevo al 7% para los ingresos que se obtienen de la generación de energía. Pese a que las compañías lo repercuten, supone un problema de precios de cara a los clientes finales. Por ese motivo, se ha convertido en una reivindicación de las eléctricas para que se retire. Un guante que cogieron Partido Popular y Junts, y que llevaron como enmienda en una ley que desarrollaba el Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, ambas formaciones lograron incluir en la ley sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero una enmienda por la cual quedaba sin efecto este impuesto del 7%. Esto se produjo por un fallo del propio PSOE en la gestión. Sin embargo, el Gobierno alegó que «en la ponencia se incluyeron enmiendas parciales con efectos negativos, que generaban incertidumbre sobre los objetivos legislativos del proyecto de ley». Desde el Ejecutivo insisten en que «suprimir el impuesto al 7% de la generación, lo que incrementaría la factura de los consumidores, porque actualmente el 50% de los 1.500 millones que recauda lo asumen las empresas generadoras; en su ausencia, los consumidores pagarían el 100%», una situación que ponen en duda las propias empresas.Ante esta situación, Transición Ecológica decidió retirarlo. Ahora se espera que dicha ley de emisiones llegue como una proposición de ley. Y no solo eso. Tal y como ha podido conocer ABC, el Gobierno ya maneja en tiempo y forma lo que debería hacer si PP y Junts vuelven a maniobrar de alguna manera para intentar dejar sin efecto este impuesto . Utilizará un veto de acuerdo a la prerrogativa constitucional que valida al Ejecutivo a actuar contra «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». El PSOE no puede permitirse más fallos puesto que esta ley es una directiva europea que debe transponerse.El Gobierno no quiere que los movimientos políticos vuelvan a interceder en esta norma porque, aseguran, «es necesaria para aportar seguridad jurídica a los sujetos integrados en la ley y para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico nuevas medidas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión de la norma a transporte y edificación». Según las cifras que maneja, esto afecta a 900 instalaciones industriales y energéticas, a 30 operadores aéreos, a 600 navieras, unos 1.000 importadores de combustible y más de 17.000 importadores. Además, calculan que «la transposición tendrá otros efectos positivos, como el acceso de España al Fondo Social para el Clima, con 65.000 millones de euros, de los que un 10% le corresponden a España, para financiar actuaciones beneficiosas para consumidores y microempresas vulnerables».Resta competitividadSegún ha podido conocer ABC en fuentes de algunas de las compañías eléctricas afectadas por este impuesto, seguirán moviéndose para conseguir que se quite. Sobre esta cuestión habló muy claro hace unos días el consejero delegado de Endesa , José Bogas .Durante un encuentro con medios la semana pasada, el máximo responsable de la eléctrica explicó que este impuesto había tenido la función de «recaudar fondos, que al final los pagaban los ciudadanos, empresas e industrias para compensar ciertos déficit que generaba la tarifa». Pero sostuvo que ya se ha estabilizado y que ahora mismo «las necesidades que tiene el sistema de pagar cargos son inferiores a los que tenía anteriormente y, por tanto, se podría prescindir del 7%».El otro motivo que esgrimen las empresas, y que el CEO de Endesa remarcó, es que este tributo « viene a ser un elemento anticompetitivo de la energía en España con respecto a Francia ». En los saldos exportadores, y teniendo en cuenta que los franceses cuentan con un parque nuclear que tiene un tratamiento fiscal especial, España sale perdiendo. Por eso, Bogas alega que «no sé si este año, o si el año que viene, pero para la competitividad de la energía eléctrica y lo que es el bienestar de los ciudadanos, y lo que es la competitividad industrial, si no es necesario ese 7% yo procuraría eliminarlo cuanto antes».  

El impuesto del 7% a la producción eléctrica (IVPEE) se mantiene en pie y, para que no cambie nada, el Gobierno maneja una serie de resortes legales para dejarlo todo tal y como está. Esto llega después de que Partido Popular y Junts … estuvieran a punto de hacer caer este tributo. De hecho, según ha podido conocer ABC en fuentes parlamentarias, la formación catala buscará una vía para retirar este gravamen que consideran una carga para las energías renovables, especialmente en Cataluña.

Se trata de un impuesto que, en condiciones normales, recauda en torno a 1.500 millones de euros al año. Una cantidad que el Gobierno no quiere perder y que, sin embargo, supone un problema para empresas e industrias, principalmente, puesto que las compañías eléctricas trasladan este gravamen sobre los clientes finales.

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