La Consejería de Familia reconoce a este medio que está en trámite y que “lleva su tiempo”.
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El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado hoy el retraso de la Junta de Castilla y León en fijar los ratios de profesionales en las residencias, con la adaptación del Decreto del Gobierno en esta materia a la Ley de residencias de Castilla y León.
Así lo ha señalado la portavoz de la materia del Grupo Socialista, Soraya Blázquez, quien ha informado de este asunto junto a la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio.
La portavoz ha censurado que la Junta no especifique cuántos profesionales son necesarios para atender a los mayores en las residencias más allá de “la venta de humo” de una Ley de Residencias, que aún no se ha desarrollado.
“Una ley que, tanto por parte del señor Mañueco como de la consejera repiten como un mantra”, ha censurado, para insistir en que no se conocen los ratios que tienen las residencias y centros de día de Castilla y León.
Convencida de que el decreto se encuentra “en un cajón”, insistió en que se incumple la ley y exigió su aprobación por parte de la Junta, ya que estimó que la norma aprobada en las Cortes en abril de 2024 es “venta de humo, en un envoltorio bonito”, pero a la espera de conocer la ratio de trabajadores para atender en los centros a personas mayores y dependientes.
En esta materia, ha remarcado, la Junta lleva a cabo su estrategia de siempre: “venta de humo, en un envoltorio muy bonito” pero sin decir cuántos profesionales son necesarios para atender a los mayores.
Según recoge la norma en sus disposiciones finales, en el plazo de ocho meses desde la aprobación de esta ley se aprobará la normativa de desarrollo por la que se establecerán las ratios mínimas con las que deberán contar los centros de servicios sociales para cuidados de larga duración.
La respuesta de la Junta
Hay que recordar que recientemente la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha sacado un proyecto de decreto para regular las ratios mínimas de personal, que precisa que ha optado por seguir lo establecido en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este medio ha preguntado a la Consejería de Familia por esta situación y ha reconocido que esta normativa se está tramitando, una tramitación que es casi igual que una ley por lo que lleva su tiempo», ha defendido.
Al sumar los trabajadores de atención directa y los profesionales técnicos en las residencias (donde se incluyen el personal médico y de Enfermería, fisioterapeutas, logopedas pero también trabajadores sociales), la ratio mínima se fija en 43 empleados por cada 100 personas mayores y en 53 por cada cien con discapacidad, que se reduce a 0,25 y 0,30, respectivamente, en los centros de día.
elespanol – Castilla y León
