Economía

La falta de independencia, la mayor debilidad de los consejeros de la SEPI en sus participadas

La independencia de los consejeros designados por el Estado en empresas privadas participadas brilla por su ausencia. Y si bien es verdad que es un factor común histórico durante los Gobiernos liderados tanto por PSOE como PP, en los últimos años con Pedro Sánchez en el poder ha habido un deterioro palpable en comparación, por ejemplo, con el periodo liderado por el expresidente popular Mariano Rajoy. Así, según el Estudio sobre mérito, profesionalidad e independencia de los consejeros dominicales de la SEPI en empresas privadas participadas -el llamado ‘Dedómetro 2026’ – elaborado por la Fundación Hay Derecho, y al que ha tenido acceso ABC, «el modelo español de designación de consejeros en representación pública presenta márgenes significativos de mejora, especialmente en tres dimensiones: idoneidad, transparencia en los procesos de selección y reducción de la dependencia política». Según las conclusiones del ‘Dedómetro 2026’ -informe considerado clave por los expertos en reputación corporativa para entender cómo se están realizando estos nombramientos, qué perfiles llegan a los consejos de administración y qué está en juego en sectores estratégicos como la energía, la defensa o las telecomunicaciones- el modelo español dista mucho de cumplir con las directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas de 2024, que subrayan «la necesidad de que el Estado actúe como un propietario o en su caso accionista activo, informado y profesional, garantizando consejos de administración con competencias adecuadas, integridad, objetividad e independencia suficientes para ejercer su función con estándares comparables a los del sector privado».El análisis del informe resalta especialmente el incumplimiento durante el Gobierno de Sánchez del mandato incluido en la propia normativa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de actuar conforme a «criterios de gestión empresarial», cuya concreción en la práctica resulta bastante limitada en el ámbito de los nombramientos. Noticia relacionada opinion No No CON PERMISO El cachondeo de la gobernanza en el asalto del Ibex María Jesús PérezEste principio, destaca el informe, debería traducirse en la definición previa de perfiles profesionales adecuados a cada compañía, la identificación de competencias específicas necesarias en los consejos de administración y la vinculación entre dichas competencias y la estrategia empresarial de cada entidad. Pero no es así. De hecho, «la ausencia de mecanismos que permitan objetivar su aplicación -y, por tanto, evaluar su cumplimiento- limita su eficacia como herramienta de profesionalización del ejercicio de la propiedad pública y dificulta su utilización como criterio de control sobre la calidad de los nombramientos», concluye el ‘Dedómetro 2026’.El informe además destaca la cuestión de la escasez de profesionalización en la cúpula de la propia SEPI desde 2004 a 2026. La presidencia del holding público, hoy en la figura de Belén Gualda -cuya retribución superó los 250.000 euros brutos anuales en 2024- «ha estado tradicionalmente ocupada por figuras vinculadas a los gobiernos de turno, con perfiles razonablemente técnicos con otros marcadamente politizados, lo que refuerza la pertinencia de analizar los estándares de profesionalización en la representación estatal en sus empresas estratégicas».«Los perfiles designados (al frente de la SEPI, desde 2004, fecha de inicio para el estudio) presentan una combinación heterogénea de características que van desde personas con formación y experiencia en la Administración pública o en el ámbito económico financiero, hasta otros con trayectorias predominantemente políticas . Casos como los de Enrique Martínez Robles (en 2004, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno), Pilar Platero (2016, con Rajoy), Vicente Fernández (impulsado por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero y cuyo mandato al frente del holding público se extendió hasta octubre de 2019, cuando dimitió tras su imputación en el caso Aznalcóllar), o Belén Gualda (desde 2021) reflejan esta diversidad, mientras que otros, como Ramón Aguirre (nombrado en 2012 con Rajoy en el Gobierno), accedieron al cargo sin contar con formación universitaria», asegura el ‘Dedómetro 2026’.Una plantilla global de 87.000 profesionalesDestaca el informe de la Fundación hay Derecho que en la actualidad la SEPI cuenta con un presupuesto de 228,4 millones de euros en 2023 y una plantilla de 207 personas —en tanto entidad holding– según la última información disponible en su Portal de Transparencia y de acuerdo con los últimos presupuestos generales del Estado aprobados. Mientras, el denominado «Grupo SEPI» está compuesto por 14 sociedades participadas mayoritariamente (empresas públicas), 11 sociedades participadas minoritariamente (empresas privadas con participación pública), más de 87.000 profesionales incluyendo empleados en las participadas y en la holding y una fundación, así como participación directa minoritaria en otras 11 compañías e indirecta en más de 1002. Entre las entidades con participaciones mayoritarias se encuentran Navantia, Correos, Tragsa, Enusa Industrias Avanzadas o Agencia EFE.Recomendaciones para la mejora El informe concluye con una recomendación para profesionalizar el sistema de nombramientos del holding estatal de su cartera de participadas con una evaluación que sea transparente e incluya periodos de enfriamiento tras la salida de la política y requisitos cuantitativos excluyentes, como puede ser un mínimo de trayectoria de gobierno corporativo. Como complemento, propone que la SEPI forme a sus consejeros en materias como la gestión de conflicto de interés. También reclama que los nombramientos no dependan del ciclo político, así como una mayor transparencia en la rendición de cuentas de estos consejeros, al representar intereses públicos. Entre estas condiciones se encuentra la necesidad de que desglosen sus participaciones societarias, revelen las remuneraciones que tienen asociadas a su cargo y los vínculos contractuales con el sector público, así como hagan una declaración pública de bienes.Los abogados expertos que han analizado la designación histórica de los consejeros dominicales -en representación del Estado- en las empresas privadas participadas de la SEPI resaltan que episodios recientes han puesto de manifiesto la trascendencia para los ciudadanos de las actuaciones de alguna de estas entidad y, por tanto, las implicaciones derivadas de su buen (o mal) funcionamiento. Directivos adecuados, no políticosEl informe analiza las 11 empresas en las que el holding público tiene participaciones minoritarias (Ebro Foods, Enagás, Enresa, Epicom, Hispasat, IAG, Indra, Redeia, Talgo y Telefónica) y los nombramientos realizados durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (4 consejeros en el periodo analizado), Mariano Rajoy (14) y Pedro Sánchez que, hasta el cierre del estudio, cuenta con 17 consejeros de la SEPI, y ha encabezado la mayor expansión de la institución en las empresas españolas con el desembarco en Telefónica, Talgo y el aumento de presencia en Indra, en cuyo capital la empresa presidida ahora por Belén Gualda entró en 2013.Los expertos de Fundación Hay Derecho destacan el caso de Redeia – presidida desde febrero de 2020 por Beatriz Corredor , nombrada por el Gobierno de Sánchez-, como ejemplo de los riesgos de gobernanza derivados de la falta de criterios homogéneos en los nombramientos de la SEPI. Así, recuerdan el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 —que afectó a todo el sistema peninsular— lo que «puso de manifiesto la relevancia de Redeia Corporación, operador del sistema eléctrico español y sociedad en la que la SEPI tiene una participación del 20%. El evento fue calificado formalmente como una crisis de electricidad conforme al Reglamento (UE) 2019/941, tras producirse «un cero de tensión en la península ibérica y la desconexión del sistema eléctrico de España y Portugal del sistema interconectado europeo», además de «el apagón más grave y sin precedentes ocurrido en Europa en los últimos veinte años».El informe pone de relevancia con este ejemplo la importancia de poner directivos al frente de las empresas públicas con una función esencial y particular de relevancia pública : «La posición de Redeia como operador del sistema no puede entenderse en términos meramente empresariales. Sus funciones la sitúan en el núcleo de la estabilidad del sistema energético. Cuando, además, existe una participación pública relevante —como la que ostenta la SEPI—, la calidad institucional de los órganos de gobierno, la profesionalidad y la cualificación técnica en la toma de decisiones y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas adquieren una dimensión que trasciende el ámbito societario y que tienen una proyección inmediata sobre intereses generales de primer orden. La participación pública en este tipo de entidades implica la asunción de responsabilidad sobre la gestión de riesgos sistémicos cuya materialización, como demuestra el caso analizado, tiene efectos de especial gravedad».De hecho, destaca que, en este contesto, cobra una especial relevación la constitución de la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI en el Senado. La apertura de dicha comisión parlamentaria «confirma la existencia de un debate respecto a su gobernanza -principal preocupación de este informe- y a los criterios de designación de los directivos en las empresas participadas. Con independencia del debate político coyuntural, la mera activación de un mecanismo formal de control parlamentario refuerza la pertinencia de un análisis técnico sobre los estándares de mérito , capacidad, independencia y profesionalización en la representación de la SEPI en sociedades estratégicas y, muy en particular, sobre el nombramiento de sus presidentes», concluye. La independencia de los consejeros designados por el Estado en empresas privadas participadas brilla por su ausencia. Y si bien es verdad que es un factor común histórico durante los Gobiernos liderados tanto por PSOE como PP, en los últimos años con Pedro Sánchez en el poder ha habido un deterioro palpable en comparación, por ejemplo, con el periodo liderado por el expresidente popular Mariano Rajoy. Así, según el Estudio sobre mérito, profesionalidad e independencia de los consejeros dominicales de la SEPI en empresas privadas participadas -el llamado ‘Dedómetro 2026’ – elaborado por la Fundación Hay Derecho, y al que ha tenido acceso ABC, «el modelo español de designación de consejeros en representación pública presenta márgenes significativos de mejora, especialmente en tres dimensiones: idoneidad, transparencia en los procesos de selección y reducción de la dependencia política». Según las conclusiones del ‘Dedómetro 2026’ -informe considerado clave por los expertos en reputación corporativa para entender cómo se están realizando estos nombramientos, qué perfiles llegan a los consejos de administración y qué está en juego en sectores estratégicos como la energía, la defensa o las telecomunicaciones- el modelo español dista mucho de cumplir con las directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas de 2024, que subrayan «la necesidad de que el Estado actúe como un propietario o en su caso accionista activo, informado y profesional, garantizando consejos de administración con competencias adecuadas, integridad, objetividad e independencia suficientes para ejercer su función con estándares comparables a los del sector privado».El análisis del informe resalta especialmente el incumplimiento durante el Gobierno de Sánchez del mandato incluido en la propia normativa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de actuar conforme a «criterios de gestión empresarial», cuya concreción en la práctica resulta bastante limitada en el ámbito de los nombramientos. Noticia relacionada opinion No No CON PERMISO El cachondeo de la gobernanza en el asalto del Ibex María Jesús PérezEste principio, destaca el informe, debería traducirse en la definición previa de perfiles profesionales adecuados a cada compañía, la identificación de competencias específicas necesarias en los consejos de administración y la vinculación entre dichas competencias y la estrategia empresarial de cada entidad. Pero no es así. De hecho, «la ausencia de mecanismos que permitan objetivar su aplicación -y, por tanto, evaluar su cumplimiento- limita su eficacia como herramienta de profesionalización del ejercicio de la propiedad pública y dificulta su utilización como criterio de control sobre la calidad de los nombramientos», concluye el ‘Dedómetro 2026’.El informe además destaca la cuestión de la escasez de profesionalización en la cúpula de la propia SEPI desde 2004 a 2026. La presidencia del holding público, hoy en la figura de Belén Gualda -cuya retribución superó los 250.000 euros brutos anuales en 2024- «ha estado tradicionalmente ocupada por figuras vinculadas a los gobiernos de turno, con perfiles razonablemente técnicos con otros marcadamente politizados, lo que refuerza la pertinencia de analizar los estándares de profesionalización en la representación estatal en sus empresas estratégicas».«Los perfiles designados (al frente de la SEPI, desde 2004, fecha de inicio para el estudio) presentan una combinación heterogénea de características que van desde personas con formación y experiencia en la Administración pública o en el ámbito económico financiero, hasta otros con trayectorias predominantemente políticas . Casos como los de Enrique Martínez Robles (en 2004, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno), Pilar Platero (2016, con Rajoy), Vicente Fernández (impulsado por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero y cuyo mandato al frente del holding público se extendió hasta octubre de 2019, cuando dimitió tras su imputación en el caso Aznalcóllar), o Belén Gualda (desde 2021) reflejan esta diversidad, mientras que otros, como Ramón Aguirre (nombrado en 2012 con Rajoy en el Gobierno), accedieron al cargo sin contar con formación universitaria», asegura el ‘Dedómetro 2026’.Una plantilla global de 87.000 profesionalesDestaca el informe de la Fundación hay Derecho que en la actualidad la SEPI cuenta con un presupuesto de 228,4 millones de euros en 2023 y una plantilla de 207 personas —en tanto entidad holding– según la última información disponible en su Portal de Transparencia y de acuerdo con los últimos presupuestos generales del Estado aprobados. Mientras, el denominado «Grupo SEPI» está compuesto por 14 sociedades participadas mayoritariamente (empresas públicas), 11 sociedades participadas minoritariamente (empresas privadas con participación pública), más de 87.000 profesionales incluyendo empleados en las participadas y en la holding y una fundación, así como participación directa minoritaria en otras 11 compañías e indirecta en más de 1002. Entre las entidades con participaciones mayoritarias se encuentran Navantia, Correos, Tragsa, Enusa Industrias Avanzadas o Agencia EFE.Recomendaciones para la mejora El informe concluye con una recomendación para profesionalizar el sistema de nombramientos del holding estatal de su cartera de participadas con una evaluación que sea transparente e incluya periodos de enfriamiento tras la salida de la política y requisitos cuantitativos excluyentes, como puede ser un mínimo de trayectoria de gobierno corporativo. Como complemento, propone que la SEPI forme a sus consejeros en materias como la gestión de conflicto de interés. También reclama que los nombramientos no dependan del ciclo político, así como una mayor transparencia en la rendición de cuentas de estos consejeros, al representar intereses públicos. Entre estas condiciones se encuentra la necesidad de que desglosen sus participaciones societarias, revelen las remuneraciones que tienen asociadas a su cargo y los vínculos contractuales con el sector público, así como hagan una declaración pública de bienes.Los abogados expertos que han analizado la designación histórica de los consejeros dominicales -en representación del Estado- en las empresas privadas participadas de la SEPI resaltan que episodios recientes han puesto de manifiesto la trascendencia para los ciudadanos de las actuaciones de alguna de estas entidad y, por tanto, las implicaciones derivadas de su buen (o mal) funcionamiento. Directivos adecuados, no políticosEl informe analiza las 11 empresas en las que el holding público tiene participaciones minoritarias (Ebro Foods, Enagás, Enresa, Epicom, Hispasat, IAG, Indra, Redeia, Talgo y Telefónica) y los nombramientos realizados durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (4 consejeros en el periodo analizado), Mariano Rajoy (14) y Pedro Sánchez que, hasta el cierre del estudio, cuenta con 17 consejeros de la SEPI, y ha encabezado la mayor expansión de la institución en las empresas españolas con el desembarco en Telefónica, Talgo y el aumento de presencia en Indra, en cuyo capital la empresa presidida ahora por Belén Gualda entró en 2013.Los expertos de Fundación Hay Derecho destacan el caso de Redeia – presidida desde febrero de 2020 por Beatriz Corredor , nombrada por el Gobierno de Sánchez-, como ejemplo de los riesgos de gobernanza derivados de la falta de criterios homogéneos en los nombramientos de la SEPI. Así, recuerdan el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 —que afectó a todo el sistema peninsular— lo que «puso de manifiesto la relevancia de Redeia Corporación, operador del sistema eléctrico español y sociedad en la que la SEPI tiene una participación del 20%. El evento fue calificado formalmente como una crisis de electricidad conforme al Reglamento (UE) 2019/941, tras producirse «un cero de tensión en la península ibérica y la desconexión del sistema eléctrico de España y Portugal del sistema interconectado europeo», además de «el apagón más grave y sin precedentes ocurrido en Europa en los últimos veinte años».El informe pone de relevancia con este ejemplo la importancia de poner directivos al frente de las empresas públicas con una función esencial y particular de relevancia pública : «La posición de Redeia como operador del sistema no puede entenderse en términos meramente empresariales. Sus funciones la sitúan en el núcleo de la estabilidad del sistema energético. Cuando, además, existe una participación pública relevante —como la que ostenta la SEPI—, la calidad institucional de los órganos de gobierno, la profesionalidad y la cualificación técnica en la toma de decisiones y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas adquieren una dimensión que trasciende el ámbito societario y que tienen una proyección inmediata sobre intereses generales de primer orden. La participación pública en este tipo de entidades implica la asunción de responsabilidad sobre la gestión de riesgos sistémicos cuya materialización, como demuestra el caso analizado, tiene efectos de especial gravedad».De hecho, destaca que, en este contesto, cobra una especial relevación la constitución de la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI en el Senado. La apertura de dicha comisión parlamentaria «confirma la existencia de un debate respecto a su gobernanza -principal preocupación de este informe- y a los criterios de designación de los directivos en las empresas participadas. Con independencia del debate político coyuntural, la mera activación de un mecanismo formal de control parlamentario refuerza la pertinencia de un análisis técnico sobre los estándares de mérito , capacidad, independencia y profesionalización en la representación de la SEPI en sociedades estratégicas y, muy en particular, sobre el nombramiento de sus presidentes», concluye.  

La independencia de los consejeros designados por el Estado en empresas privadas participadas brilla por su ausencia. Y si bien es verdad que es un factor común histórico durante los Gobiernos liderados tanto por PSOE como PP, en los últimos años con Pedro Sánchez en … el poder ha habido un deterioro palpable en comparación, por ejemplo, con el periodo liderado por el expresidente popular Mariano Rajoy. Así, según el Estudio sobre mérito, profesionalidad e independencia de los consejeros dominicales de la SEPI en empresas privadas participadas -el llamado ‘Dedómetro 2026’– elaborado por la Fundación Hay Derecho, y al que ha tenido acceso ABC, «el modelo español de designación de consejeros en representación pública presenta márgenes significativos de mejora, especialmente en tres dimensiones: idoneidad, transparencia en los procesos de selección y reducción de la dependencia política».

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