La Fiscalía recurre la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en el caso de Begoña Gómez

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido este jueves la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta desde hace un año la causa contra Gómez, imputó a Martín Aguirre este martes, después de admitir a trámite una querella de Vox, por un presunto delito de malversación de caudales por la contratación de la asistente de Begoña Gómez. Peinado afirma que el actual delegado fue “el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez” cuando era secretario general de Presidencia. La Fiscalía alega que el juez “advierte una manifiesta escasez argumental” contra el ahora imputado y que “se infiere con claridad que la dirección de la querella contra Martín Aguirre lo es por el mero hecho de ostentar un cargo en un periodo o momento determinado”.

El fiscal que firma el documento subraya que el actual delegado del Gobierno en Madrid llegó al cargo en 2021, cuando la contratación de la asistente de Gómez se había firmado tres años antes. “Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuesto erróneos”, dice el escrito de alegaciones. Sobre este asunto, la Secretaría General de la Presidencia ya envió al juez la documentación donde consta que Cristina Álvarez fue propuesta para el nombramiento el 11 de julio de 2018, firmada por el entonces vicesecretario general de Presidencia de entonces, Alfredo González. “Fue interrogado al respecto ampliamente y sobre el nombramiento, naturaleza del cargo, denominación, cese, remuneración, antecedentes, y demás circunstancias”, añade el fiscal.

En el escrito, la Fiscalía se pregunta “por la propia tipicidad de la conducta y actuación concreta” y afirma que le resulta “incomprensible” tanto “por los motivos que lo hace y contra la persona señalada”. “No estamos ante un supuesto de concesión o nombramiento para un puesto de trabajo al que no se acude y se cobra; ni estamos ante desvío de actividad de trabajadores o funcionarios dirigido a un beneficio particular (que son los casos de las sentencias citadas por el instructor)”.

Por otro lado, el escrito de alegación subraya que el nombramiento de Álvarez es “legítimo, legal y usual a lo largo de los años de democracia en España”, ya que todas las esposas de los presidentes han contado con un asistente e incluso dos, “justificado por actuaciones de agenda, coordinación con la seguridad, y asistencia en general. Y en este caso la designación obedece a estas actuaciones y funciones, funciones que se habrían desempeñado de forma real y efectiva. Por lo que ni el nombramiento se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Gómez ni la actuación de Álvarez se ha centrado en ello, más allá de colaboraciones concretas y puntuales”.

La Fiscalía, que tilda la querella de “escasa lógica e incoherencia” también alega contra el delito de “prevaricación administrativa” al desconocer “a qué requisitos se refiere ni qué procedimientos no se advierten cumplidos, pues nada apunta a ello”.