La jueza ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. La resolución, enviada a la prensa y tomada este miércoles, pone fin a la instrucción y es el paso previo al juicio contra el empresario Alberto González Amador, sobre quien aún se desconoce si retomará su intento de negociar un pacto de admisión de los delitos para reducir su riesgo de entrar en prisión.
Este es el paso previo a sentar en el banquillo a Alberto González Amador por los delitos que originaron el caso
La jueza ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. La resolución, enviada a la prensa y tomada este miércoles, pone fin a la instrucción y es el paso previo al juicio contra el empresario Alberto González Amador, sobre quien aún se desconoce si retomará su intento de negociar un pacto de admisión de los delitos para evitar una posible entrada en prisión.
Esta decisión acerca el final de la primera investigación contra Amador, que comenzó en marzo del año pasado y dio lugar a un conflicto político que ha marcado la agenda informativa desde entonces. Continúa siendo instruida una pieza separada por las relaciones empresariales de Amador y un ejecutivo del grupo sanitario Quirónsalud, que fue abierta en octubre. Por esos otros hechos está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal.
Al cerrar la instrucción, termina el trabajo de la jueza en la pieza original. La magistrada Inmaculada Iglesias, titular del 19 de instrucción, envía la causa a un órgano judicial distinto, competente para dictar sentencia. En este caso la posible pena supera los cinco años y sería responsable la Audiencia Provincial. La decisión de la jueza Iglesias se conoce poco antes de que esta se jubile para dar el relevo a otro juez, aún desconocido.
Amador fue investigado por la Agencia Tributaria entre mayo de 2022 y enero de 2024, cuando las inspectoras remitieron el expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid, al valorar que durante dos ejercicios del impuesto de sociedades había cometido un delito de fraude fiscal por valor de 350.910 euros en concurso con otro de falsificación de documentos mercantiles. Amador se valió de 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros con el objetivo de aumentar ficticiamente sus gastos y así reducir su cuota tributaria, según concluyeron las inspectoras.
La jueza Iglesias también ha procesado a los empresarios que elaboraron las facturas consideradas falsas. Se trata del mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, que expidió dos facturas por un negocio de 600.000 euros en México y otro de casi un millón de euros en Costa de Marfil; y de tres sevillanos del pueblo de Arahal, David Herrera, y los hermanos Agustín y José Ignacio Carrillo Saborido, quienes emitieron 13 facturas por importes menores.
En cuanto al asesor fiscal, el leonés Javier Luis Gómez Fidalgo, la magistrada ha sobreseído las actuaciones contra él al considerar que no existían indicios delictivos. Fidalgo había presentado las autoliquidaciones del impuesto de una de las dos consultoras de Amador, Masterman & Whitaker, que según Hacienda fue usada como sociedad pantalla para declarar menos impuestos. También fue el encargado de defender a Amador durante el año y medio que duró la inspección de la Agencia Tributaria. Hace dos semanas, negó ante la jueza haber cooperado en el fraude fiscal y marcó distancias respecto a las declaraciones de la otra consultora de Amador, Maxwell Cremona.
Queda por ver si Amador optará por un pacto de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar una condena mayor a dos años, lo que pudiera suponer su entrada en prisión. Solo por los dos delitos de fraude fiscal ya se expone a un castigo de entre dos y diez años. Al tiempo de publicación de este artículo, los dos abogados de Amador, Carlos Neira y Gabriel Ramos, no han contestado a una pregunta al respecto de EL PAÍS.
Por medio del pacto, Amador reconocería su culpa y conseguiría una condena reducida. Esa fue su voluntad el 2 de febrero de 2024, cuando su abogado envió un correo a la Fiscalía para reconocer que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”. También intentó ese acuerdo en junio ante la jueza, pero el convenio saltó por los aires cuando las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid advirtieron a la magistrada de que el caso no se podía cerrar de ese modo, ya que a su juicio se habían cometido otros posibles delitos.
El auto de Iglesias de este miércoles da tres días a las partes por si quieren presentar recurso ante ese mismo juzgado. La Fiscalía y las acusaciones particulares tienen diez días para solicitar alguna última diligencia o para remitir su escrito de acusación.
No se ha conocido una reacción inmediata de Ayuso, quien ha optado a lo largo de estos 15 meses por una estrategia contradictoria. A veces ha denunciado que se trataba de una operación de estado contra ella y otras ha evitado contestar, alegando que es el caso de un particular y no tiene nada que ver con su Gobierno. Su pareja denunció por revelación de secretos al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está imputado por la supuesta filtración a la prensa de un correo del caso, publicado después de que el Gobierno de Ayuso difundiera un bulo que dañaba al Ministerio Público.
Uno de los partidos personados como acusación popular, Más Madrid, valora que Amador no puede escapar de la condena por fraude fiscal. “Esta decisión de la jueza explica los nervios de Ayuso diciendo todo tipo de barbaridades de este caso”, opina el diputado Hugo Martínez Abarca. “Es obvio que no es un caso político y da la impresión de que Amador estaba bien aconsejado cuando su abogado le recomendó que confesara los delitos y llegara a un acuerdo porque son delitos innegables, como prueba la documentación de Hacienda. Si no ha querido quedar como delincuente confeso, pronto quedará como un delincuente condenado”.
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