“La Libertad guiando al pueblo” es una celebérrima obra que el francés Eugène Delacroix comenzó a pintar tras ser testigo de la violenta escalada de protestas contra una serie de ordenanzas emitidas por el monarca galo Carlos X el 26 de julio de 1830. Las algaradas se prolongaron durante tres jornadas consecutivas, que más tarde pasarían a ser conocidas como las “Tres gloriosas”. Durante esos tres días, las clases medias y trabajadoras de París erigieron barricadas en las calles y combatieron al ejército, que fue incapaz de reprimir la protesta, lo que condujo a la abdicación del rey.
Ha reaparecido la llamada “Plataforma per l’Ensenyament Públic” que, al igual que Delacroix, actúa en función del bando ganador, en este caso en las elecciones autonómicas
“La Libertad guiando al pueblo” es una celebérrima obra que el francés Eugène Delacroix comenzó a pintar tras ser testigo de la violenta escalada de protestas contra una serie de ordenanzas emitidas por el monarca galo Carlos X el 26 de julio de 1830. Las algaradas se prolongaron durante tres jornadas consecutivas, que más tarde pasarían a ser conocidas como las “Tres gloriosas”. Durante esos tres días, las clases medias y trabajadoras de París erigieron barricadas en las calles y combatieron al ejército, que fue incapaz de reprimir la protesta, lo que condujo a la abdicación del rey.
Delacroix no tomó parte en las acciones revolucionarias debido a que, según confirman algunos historiadores, sus ingresos dependían fundamentalmente de las asignaciones que recibía de la corona; no obstante, cuando vio alzarse la tricolor sobre el cielo de la capital en lo alto de Notre Dame, tomó partido por la rebelión y pergeñó esta enorme alegoría de la libertad, representada por una mujer medio desnuda, sobre un lienzo de 2,6 x 3,25 metros, en un estilo que combina realismo e idealismo.
En la Comunitat Valenciana ha reaparecido la llamada “Plataforma per l’Ensenyament Públic” que, al igual que Delacroix, actúa en función del bando ganador, en este caso en las elecciones autonómicas. Porque en los últimos ocho años, durante el gobierno del Botànic, que yo recuerde al menos, no he oído ninguna iniciativa de esa plataforma defendiendo la enseñanza pública, cuando motivos han tenido de sobra: el fracaso escolar disparado; el alumnado con necesidades educativas especiales postergado; los resultados en las evaluaciones internacionales penosos; el valenciano en retroceso; los profesores y los equipos directivos abrumados por la burocracia; y así un largo etcétera.
Tampoco oímos a esta plataforma, ni a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones diversas que ahora se oponen a la Ley de Libertad Educativa, poner ningún reparo cuando en 2018, la ley de plurilingüismo del Botànic perpetró, entre otras muchas, dos injusticias flagrantes: no permitir que los niños realicen el proceso de adquisición de la lectoescritura en su lengua materna, e imponer un modelo único (que por cierto, venía bien para ahorrar unidades y profesores al hacer la planificación educativa) en una comunidad tan diversa como la Comunitat Valenciana. Pero es que tampoco levantaron la voz cuando, año tras año, las estadísticas oficiales venían demostrando que el uso social del valenciano menguaba de forma paulatina.
El pasado mes de junio Les Corts aprobaron la Ley de Libertad Educativa que supone un cambio de paradigma en dos pilares educativos fundamentales: el primero es devolver “El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”, principio recogido en el artículo 1 de la LOE. El segundo es el de pasar de un modelo de imposición a otro de promoción del valenciano, especialmente en las zonas definidas como castellanoparlantes en la Llei d’ús i ensenyament del valencià.
El reconocimiento del papel de las familias se ha conseguido con la consulta que se acaba de celebrar. En ella la Conselleria de Educación no ha abogado en ningún momento por una u otra lengua cooficial, por lo que el éxito cosechado lo ha supuesto su propia celebración, por una parte, y una participación lo suficientemente amplia para legitimarla, por otra. En cuanto a la promoción del valenciano en los centros, la propia Ley de Libertad Educativa introduce novedades como el reconocimiento automático de los niveles B1, B2 y C1, con las que esperamos que el número de exenciones disminuya considerablemente en las zonas de predominio lingüístico castellano.
En definitiva, todas esas asociaciones a las que aludía al comienzo de este artículo no pueden esgrimir en contra de la Ley de Libertad Educativa y de la consulta a las familias más que los mantras habituales que, afortunadamente, a nadie engañan ya.
Daniel McEvoy es secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana
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