«El Tribunal de Cuentas nunca ha dicho que se utilizaran fondos europeos para pagar las pensiones en 2024». La presidenta del órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, ha insistido este martes más de media docena de veces en dejar claro que no, que el controvertido informe de la institución sobre la Cuenta General del Estado de 2024 no dice en ninguna de sus 754 páginas que el Gobierno hubiera utilizado fondos europeos para pagar las pensiones, sino que se limitó a constatar la utilización de créditos del denominado Servicio 50 -en el que supuestamente se recogían los recursos destinados a los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- para hacer frente a otro tipo de gastos y sus dudas respecto a que esa maniobra estuviera suficientemente justificada .Para la presidenta del Tribunal de Cuentas esas dudas no son más que una discrepancia técnica, por mucho que en el informe original fueran catalogadas como una salvedad que ponía en cuestión la imagen fiel de las cuentas del Estado y solo más tarde fueran corregidas tras escuchar las alegaciones del Gobierno, y no pueden cuestionar la fiabilidad de las cuentas por no afectar más que a un 0,1% del presupuesto. Al parecer, para el Tribunal de Cuentas este tipo de discrepancias solo cuestionan esa fiabilidad si superan el 1% del Presupuesto , de lo contrario solo pueden considerarse cuestiones de redondeo, problemas técnicos o discrepancias de gestión. «La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude o malversación de fondos europeos», ha dicho.Noticia relacionada general No No Las trampas de Sánchez con los fondos europeos irritan a Von der Leyen Enrique SerbetoEnriqueta Chicano ha aprovechado su comparecencia parlamentaria de presentación del polémico informe para atribuir el escándalo, que ha tenido resonancias significativas en media Europa y particularmente en Alemania , a un episodio de «desinformación o encuadre selectivo» y para cargar contra el consejero que votó en contra de la declaración del tribunal por rebajar desde la condición de ‘salvedad’ a la ‘otras cuestiones’ de rango menor esas dudas, a cuyas explicaciones ha imputado la construcción de un relato que ha dañado tanto la reputación de la institución como la del país. El órgano fiscalizador promete un informe para determinar si las prórrogas presupuestarias han afectado a la gestión de las cuentas públicasSe ha declarado preocupada e indignada por todo el ruido generado en torno a esa informe, pero, sin embargo, ha preferido no detallar las razones por las que el Tribunal de Cuentas decidió alterar su impresión inicial sobre la relevancia de esta cuestión, limitándose a decir que no haber escuchado las alegaciones del Gobierno habría sido contrario a la ley, y no pronunciarse sobre si las maniobras que está utilizando el Gobierno para seguir gestionando las cuentas públicas sin presentar si quiera un proyecto de Presupuestos desde finales de 2023 son o no ajustadas a la Constitución. «Son ustedes los que han llevado esta cuestión al Tribunal Constitucional, que lo ha admitido a trámite, y no le corresponde al Tribunal de Cuentas pronunciarse», ha dicho, dirigiéndose a la bancada del PP. Desde PP y Vox se le ha afeado que el Tribunal de Cuentas no haya considerado como una cuestión relevante a la hora de valorar la solvencia de las cuentas públicas del Estado que el Gobierno ni siquiera haya presentado un proyecto de Presupuestos, más aún a la luz de los desajustes puestos de manifiesto por el propio Tribunal que recoge una veintena de salvedades a las cuentas de 2024 y otros cuatro párrafos de énfasis. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha revelado en su turno de réplica que se está analizando la posibilidad de hacer un informe o una opinión sobre el impacto de la prórroga presupuestaria en la gestión de las cuentas públicas, aunque no ha dado ninguna fecha de referencia para su publicación. «El Tribunal de Cuentas nunca ha dicho que se utilizaran fondos europeos para pagar las pensiones en 2024». La presidenta del órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, ha insistido este martes más de media docena de veces en dejar claro que no, que el controvertido informe de la institución sobre la Cuenta General del Estado de 2024 no dice en ninguna de sus 754 páginas que el Gobierno hubiera utilizado fondos europeos para pagar las pensiones, sino que se limitó a constatar la utilización de créditos del denominado Servicio 50 -en el que supuestamente se recogían los recursos destinados a los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- para hacer frente a otro tipo de gastos y sus dudas respecto a que esa maniobra estuviera suficientemente justificada .Para la presidenta del Tribunal de Cuentas esas dudas no son más que una discrepancia técnica, por mucho que en el informe original fueran catalogadas como una salvedad que ponía en cuestión la imagen fiel de las cuentas del Estado y solo más tarde fueran corregidas tras escuchar las alegaciones del Gobierno, y no pueden cuestionar la fiabilidad de las cuentas por no afectar más que a un 0,1% del presupuesto. Al parecer, para el Tribunal de Cuentas este tipo de discrepancias solo cuestionan esa fiabilidad si superan el 1% del Presupuesto , de lo contrario solo pueden considerarse cuestiones de redondeo, problemas técnicos o discrepancias de gestión. «La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude o malversación de fondos europeos», ha dicho.Noticia relacionada general No No Las trampas de Sánchez con los fondos europeos irritan a Von der Leyen Enrique SerbetoEnriqueta Chicano ha aprovechado su comparecencia parlamentaria de presentación del polémico informe para atribuir el escándalo, que ha tenido resonancias significativas en media Europa y particularmente en Alemania , a un episodio de «desinformación o encuadre selectivo» y para cargar contra el consejero que votó en contra de la declaración del tribunal por rebajar desde la condición de ‘salvedad’ a la ‘otras cuestiones’ de rango menor esas dudas, a cuyas explicaciones ha imputado la construcción de un relato que ha dañado tanto la reputación de la institución como la del país. El órgano fiscalizador promete un informe para determinar si las prórrogas presupuestarias han afectado a la gestión de las cuentas públicasSe ha declarado preocupada e indignada por todo el ruido generado en torno a esa informe, pero, sin embargo, ha preferido no detallar las razones por las que el Tribunal de Cuentas decidió alterar su impresión inicial sobre la relevancia de esta cuestión, limitándose a decir que no haber escuchado las alegaciones del Gobierno habría sido contrario a la ley, y no pronunciarse sobre si las maniobras que está utilizando el Gobierno para seguir gestionando las cuentas públicas sin presentar si quiera un proyecto de Presupuestos desde finales de 2023 son o no ajustadas a la Constitución. «Son ustedes los que han llevado esta cuestión al Tribunal Constitucional, que lo ha admitido a trámite, y no le corresponde al Tribunal de Cuentas pronunciarse», ha dicho, dirigiéndose a la bancada del PP. Desde PP y Vox se le ha afeado que el Tribunal de Cuentas no haya considerado como una cuestión relevante a la hora de valorar la solvencia de las cuentas públicas del Estado que el Gobierno ni siquiera haya presentado un proyecto de Presupuestos, más aún a la luz de los desajustes puestos de manifiesto por el propio Tribunal que recoge una veintena de salvedades a las cuentas de 2024 y otros cuatro párrafos de énfasis. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha revelado en su turno de réplica que se está analizando la posibilidad de hacer un informe o una opinión sobre el impacto de la prórroga presupuestaria en la gestión de las cuentas públicas, aunque no ha dado ninguna fecha de referencia para su publicación.
«El Tribunal de Cuentas nunca ha dicho que se utilizaran fondos europeos para pagar las pensiones en 2024». La presidenta del órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, ha insistido este martes más de media docena de veces en dejar claro que no, que el controvertido informe … de la institución sobre la Cuenta General del Estado de 2024 no dice en ninguna de sus 754 páginas que el Gobierno hubiera utilizado fondos europeos para pagar las pensiones, sino que se limitó a constatar la utilización de créditos del denominado Servicio 50 -en el que supuestamente se recogían los recursos destinados a los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- para hacer frente a otro tipo de gastos y sus dudas respecto a que esa maniobra estuviera suficientemente justificada.
Para la presidenta del Tribunal de Cuentas esas dudas no son más que una discrepancia técnica, por mucho que en el informe original fueran catalogadas como una salvedad que ponía en cuestión la imagen fiel de las cuentas del Estado y solo más tarde fueran corregidas tras escuchar las alegaciones del Gobierno, y no pueden cuestionar la fiabilidad de las cuentas por no afectar más que a un 0,1% del presupuesto. Al parecer, para el Tribunal de Cuentas este tipo de discrepancias solo cuestionan esa fiabilidad si superan el 1% del Presupuesto, de lo contrario solo pueden considerarse cuestiones de redondeo, problemas técnicos o discrepancias de gestión. «La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude o malversación de fondos europeos», ha dicho.
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Enriqueta Chicano ha aprovechado su comparecencia parlamentaria de presentación del polémico informe para atribuir el escándalo, que ha tenido resonancias significativas en media Europa y particularmente en Alemania, a un episodio de «desinformación o encuadre selectivo» y para cargar contra el consejero que votó en contra de la declaración del tribunal por rebajar desde la condición de ‘salvedad’ a la ‘otras cuestiones’ de rango menor esas dudas, a cuyas explicaciones ha imputado la construcción de un relato que ha dañado tanto la reputación de la institución como la del país.
Se ha declarado preocupada e indignada por todo el ruido generado en torno a esa informe, pero, sin embargo, ha preferido no detallar las razones por las que el Tribunal de Cuentas decidió alterar su impresión inicial sobre la relevancia de esta cuestión, limitándose a decir que no haber escuchado las alegaciones del Gobierno habría sido contrario a la ley, y no pronunciarse sobre si las maniobras que está utilizando el Gobierno para seguir gestionando las cuentas públicas sin presentar si quiera un proyecto de Presupuestos desde finales de 2023 son o no ajustadas a la Constitución. «Son ustedes los que han llevado esta cuestión al Tribunal Constitucional, que lo ha admitido a trámite, y no le corresponde al Tribunal de Cuentas pronunciarse», ha dicho, dirigiéndose a la bancada del PP.
Desde PP y Vox se le ha afeado que el Tribunal de Cuentas no haya considerado como una cuestión relevante a la hora de valorar la solvencia de las cuentas públicas del Estado que el Gobierno ni siquiera haya presentado un proyecto de Presupuestos, más aún a la luz de los desajustes puestos de manifiesto por el propio Tribunal que recoge una veintena de salvedades a las cuentas de 2024 y otros cuatro párrafos de énfasis. La presidenta del Tribunal de Cuentas ha revelado en su turno de réplica que se está analizando la posibilidad de hacer un informe o una opinión sobre el impacto de la prórroga presupuestaria en la gestión de las cuentas públicas, aunque no ha dado ninguna fecha de referencia para su publicación.
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