El primer apunte es que el Gobierno tiene razón al justificar la quita parcial apelando al insuficiente apoyo proporcionado por la Administración central a las autonómicas durante la Gran Recesión. En ningún otro país de la OCDE los gobiernos de nivel intermedio vieron aumentar tanto su deuda durante esos años. En marcado contraste, en los años de la pandemia el Ejecutivo central abrió un generoso paraguas bajo el que amparó a los autonómicos. Este argumento sirve para compensar en cierta medida los problemas de riesgo moral y reputacionales que genera cualquier quita.
Un reparto territorial de la quita como el propuesto por el Ministerio de Hacienda puede acabar siendo fuente de sentimientos de agravio comparativo
El primer apunte es que el Gobierno tiene razón al justificar la quita parcial apelando al insuficiente apoyo proporcionado por la Administración central a las autonómicas durante la Gran Recesión. En ningún otro país de la OCDE los gobiernos de nivel intermedio vieron aumentar tanto su deuda durante esos años. En marcado contraste, en los años de la pandemia el Ejecutivo central abrió un generoso paraguas bajo el que amparó a los autonómicos. Este argumento sirve para compensar en cierta medida los problemas de riesgo moral y reputacionales que genera cualquier quita.
El segundo apunte es que, dependiendo de cómo se haga, una quita del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) podría ser, esencialmente y desde una perspectiva global, un apunte contable. Como gallegos, catalanes o extremeños, vemos cómo se diluye un pasivo y, con ello, una parte de los intereses que soporta el presupuesto de nuestro gobierno autonómico. Como españoles, perdemos un activo y dejamos de recibir los intereses asociados, porque los préstamos del FLA son un activo en manos de la Administración central. El hecho de que en algunas comunidades autónomas la quita tenga que afectar a otros pasivos diferentes al FLA, porque no tiene o es de escasa cuantía, introduce alguna complicación en la explicación anterior, pero sería secundario.
La tercera idea es que la fórmula de reparto de la quita es crucial para todo lo anterior y para la percepción de la operación por los responsables políticos y los ciudadanos. En concreto, si la quita se hiciese por el mismo importe per cápita en todas las comunidades, se produciría un triple efecto positivo: se reforzaría la justificación expuesta en el primer párrafo; desaparecen los agravios, ya que la misma cantidad que ganamos como asturianos, andaluces o murcianos la perdemos como españoles; y se debilita el problema de riesgo moral, porque no se premia a los que se han endeudado más. Como alternativa a la población y para abrir el espacio para la negociación política, sería incluso posible que, en vez de repartir solo según la población, lo hiciésemos también atendiendo a las cuotas de PIB regional, porque es este el que soporta la deuda pública.
En contraste, un reparto territorial de la quita como el propuesto por el Ministerio de Hacienda puede acabar siendo fuente de lo contrario: de sentimientos de agravio comparativo, de percepción de que la quita genera ganadores y perdedores, y de que se premia la indisciplina fiscal.
El cuarto apunte es que una quita que genere conflicto va a complicar, si cabe, la reforma de la financiación autonómica y la reestructuración de la deuda restante. Porque parece que un recorte del 20% del principal no va a ser suficiente para comunidades como la valenciana o la catalana. Me temo que vamos a tener que hablar de plazos de devolución y de costes. Y es en esa reestructuración cuando deberíamos introducir factores como la infrafinanciación de territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia.
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