Balones fuera. Tanto la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, como el jefe de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, no han aclarado de forma firme y clara toda la información y las acciones derivadas de todo lo que ha rodeado a la polémica potencial operación de compra de la empresa familiar de los Escribano por parte de Indra, al mismo tiempo que descargaban responsabilidad la una en el otro y viceversa en el supuesto poder de intervención del Gobierno en las empresas estratégicas participadas por el Estado. Así, durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gualda ha admitido hoy que el órgano que lidera no pudo constatar hasta marzo de 2026 la magnitud del conflicto de interés que acarreaba la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Fue en ese momento cuando la SEPI remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su preocupación por la influencia de ese conflicto en una operación que había saltado prácticamente un año atrás, en abril de 2025. Entonces, Ángel Escribano llevaba apenas tres meses en el cargo. La presidenta del organismo estatal -que es el principal accionista de Indra con el 28% del capital – ha explicado a los senadores y diputados presentes en el acto que acabó frenando la operación corporativa entre Indra y EM&E al considerar insuficientes las medidas adoptadas para aislar el conflicto de interés derivado de la posición de Ángel Escribano, entonces presidente de la compañía tecnológica y de defensa. Durante su comparecencia, ha reconocido que respaldó inicialmente el «encaje estratégico» de esa potencial operación , una posición que fue trasladada por los consejeros designados por el Estado en una reunión celebrada en diciembre de 2025. Sin embargo, posteriormente el análisis técnico y jurídico del holding público concluyó que el conflicto de interés seguía teniendo una influencia relevante en el proceso. Noticia relacionada general No No Los Escribano salen de Indra en una operación relámpago y Moncloa trata de recomponer el accionariado María Jesús Pérez«A pesar de las medidas puestas en marcha, como la comisión ‘ad hoc’ , la determinante influencia que el conflicto estaba teniendo en el análisis de la operación hacía necesario que se despejara»«, ha explicado, para después apuntar que entendió que el trabajo realizado por ese órgano específico «no había sido suficiente para valorar el conflicto de interés que pendía de la toma de decisión», motivo por el que trasladó su preocupación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo.En relación al relevo de Escribano en la presidencia de Indra el pasado 1 de abril, Gualda ha salido en defensa de la apuesta por Ángel Simón , perfil -reconoce- que la SEPI puso sobre la mesa del consejo de la compañía de Defensa y Tecnología, y que abogó por separar las funciones ejecutivas en la presidencia, de lo que dijo haber consenso entre el accionista público y la propia directiva para avanzar hacia una estructura en la que el presidente del consejo no asumiera responsabilidades ejecutivas en la gestión diaria del negocio. «El presidente de un consejo no lleva el negocio», señalaba Gualda, «las decisiones en este sentido corresponden a los órganos societarios». Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular José Vicente Marí Bosó denunciaba que «durante estos años de Gobierno socialista, más que un instrumento de política económica, la SEPI ha sido un instrumento de la corrupción del PSOE», al mismo tiempo que señalaba a la propia Belén Gualda como «parte activa de los tejemanejes que hemos vivido para el sometimiento a la voluntad del señor Sánchez de empresas que son clave en nuestra seguridad nacional».Análisis de impacto tras el fracaso del FCASEntre otras cuestiones, la presidenta del organismo público se refirió al futuro caza europeo (FCAS), para el que quiso dejar constancia de que desde SEPI se hará lo imposible para que su fracaso no merme la autonomía de la defensa europea : «Entendemos y esperamos y, desde luego, desde SEPI haremos lo posible como accionista de Indra y de Airbus que pertenecen o que participaban en este proyecto del FCAS, que lo que se planteó no tenga ninguna merma en la autonomía en la industria de defensa europea», respondía al ser cuestionada por los participantes en la comisión tras la decisión de Berlín y París de decidir cancelar el desarrollo conjunto del futuro avión de combate europeo, desarrollado, entre otras, por ambas compañías. De hecho, quiso dejar constancia que la SEPI pedirá a Indra un «análisis inmediato» del impacto sobre el negocio de la empresa de la suspensión del proyecto.«Jamás he amenazado a nadie»Mientras, en la misma comisión mixta para informar de asuntos relacionados con Telefónica e Indra, empresas participadas por el Estado a través de la SEPI, el director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, durante su intervención antes de ser preguntado por los representantes políticos allí congregados, se quitó literalmente de encima hablar de los asuntos que le habían llevado a comparecer hablando de cuestiones generales de política industrial sin hacer la más mínima mención a Indra.En sus respuestas, De la Rocha sí entró lógicamente en el asunto objeto de su comparecencia y negaba, por ejemplo, que hubiese ejercido en algún momento presiones al ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, para que renunciara su cargo en la empresa: «Jamás he amenazado a nadie en mi vida», afirmaba el socialista.Respecto a Indra, el jefe de la oficina económica de Pedro Sánchez fue preguntado por la salida de Escribano de la presidencia de la compañía, que todos atribuyeron a presiones desde la propia Moncloa: «Jamás solicité, amenacé o pedí al señor Escribano su dimisión», respondía, antes de explicar que sólo tuvo una conversación con Escribano dos semanas antes de su dimisión.«Entre mis funciones -se defendía De la Rocha- no están las de cesar o nombrar a ningún ejecutivo o CEO de ninguna empresa pública, privada o con participación pública», afirmaba. El alto cargo de Moncloa recordaba a los allí presentes que su oficina asesora al presidente del Gobierno en materia económica y explicó que mantiene contactos frecuentes con directivos, fondos de inversión y asociaciones empresariales, especialmente en sectores relevantes para la economía española. No obstante, insistía en que esas reuniones forman parte de su actividad ordinaria y no sustituyen a los órganos societarios.De la Rocha, ‘Fontanero económico’El compareciente quiso recalcar que la posición del Gobierno en las compañías participadas se canaliza a través de la SEPI en consejos de administración, juntas de accionistas y demás órganos formales de decisión. «Las decisiones se toman siempre, como no puede ser de otra manera, en los órganos de gobernanza de estas empresas», concluía.Sin embargo, el portavoz del GPP en la comisión, Rafa Hernando, acusaba acto seguido al propio De la Rocha de haber utilizado una «serie de argumentos y mentiras para retrasar su comparecencia», a la que «ha tenido que venir a rastras» para evitar explicar «el asalto que, desde el poder político, se ha hecho sobre determinadas empresas públicas».Calificaba por ello al propio De la Rocha como «el fontanero económico» de Moncloa, desde donde se han orquestado movimientos para intentar controlar empresas como Telefónica o la mencionada Indra. «Esta política de inversiones de amiguetes para controlar el poder económico, incluso después de que ustedes hayan perdido el poder político, es lo que está detrás de todas estas operaciones», decía.Sobre Indra, y la reciente dimisión «de forma vergonzante» del ya expresidente Ángel Escribano, Hernando increpaba a De la Rocha y le acusaba de ser el Gobierno quien «ha echado al señor Escribano de la noche a la mañana, sin dar ninguna explicación», mientras criticaba a la presidenta de la SEPI no haber aclarado nada «de todas estas maniobras de ustedes, orquestadas en la oscuridad, para producir un nuevo cambio».En respuesta al Grupo Popular, el jefe económico de Moncloa negaba haber intervenido personalmente en ceses o nombramientos y subrayaba que «las decisiones se toman siempre, como no puede ser de otra manera, en los órganos de gobernanza de estas empresas».En el caso de Telefónica, por ejemplo, enmarcaba el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra como una decisión empresarial adoptada por los accionistas nacionales de referencia, entre ellos la SEPI y Criteria, con el objetivo de abrir «una nueva etapa» de crecimiento y estabilidad. Según ha explicado, SEPI propuso a Murtra con el visto bueno del Gobierno y su nombramiento fue aprobado por el consejo y ratificado por la junta. Balones fuera. Tanto la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, como el jefe de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, no han aclarado de forma firme y clara toda la información y las acciones derivadas de todo lo que ha rodeado a la polémica potencial operación de compra de la empresa familiar de los Escribano por parte de Indra, al mismo tiempo que descargaban responsabilidad la una en el otro y viceversa en el supuesto poder de intervención del Gobierno en las empresas estratégicas participadas por el Estado. Así, durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gualda ha admitido hoy que el órgano que lidera no pudo constatar hasta marzo de 2026 la magnitud del conflicto de interés que acarreaba la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Fue en ese momento cuando la SEPI remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su preocupación por la influencia de ese conflicto en una operación que había saltado prácticamente un año atrás, en abril de 2025. Entonces, Ángel Escribano llevaba apenas tres meses en el cargo. La presidenta del organismo estatal -que es el principal accionista de Indra con el 28% del capital – ha explicado a los senadores y diputados presentes en el acto que acabó frenando la operación corporativa entre Indra y EM&E al considerar insuficientes las medidas adoptadas para aislar el conflicto de interés derivado de la posición de Ángel Escribano, entonces presidente de la compañía tecnológica y de defensa. Durante su comparecencia, ha reconocido que respaldó inicialmente el «encaje estratégico» de esa potencial operación , una posición que fue trasladada por los consejeros designados por el Estado en una reunión celebrada en diciembre de 2025. Sin embargo, posteriormente el análisis técnico y jurídico del holding público concluyó que el conflicto de interés seguía teniendo una influencia relevante en el proceso. Noticia relacionada general No No Los Escribano salen de Indra en una operación relámpago y Moncloa trata de recomponer el accionariado María Jesús Pérez«A pesar de las medidas puestas en marcha, como la comisión ‘ad hoc’ , la determinante influencia que el conflicto estaba teniendo en el análisis de la operación hacía necesario que se despejara»«, ha explicado, para después apuntar que entendió que el trabajo realizado por ese órgano específico «no había sido suficiente para valorar el conflicto de interés que pendía de la toma de decisión», motivo por el que trasladó su preocupación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo.En relación al relevo de Escribano en la presidencia de Indra el pasado 1 de abril, Gualda ha salido en defensa de la apuesta por Ángel Simón , perfil -reconoce- que la SEPI puso sobre la mesa del consejo de la compañía de Defensa y Tecnología, y que abogó por separar las funciones ejecutivas en la presidencia, de lo que dijo haber consenso entre el accionista público y la propia directiva para avanzar hacia una estructura en la que el presidente del consejo no asumiera responsabilidades ejecutivas en la gestión diaria del negocio. «El presidente de un consejo no lleva el negocio», señalaba Gualda, «las decisiones en este sentido corresponden a los órganos societarios». Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular José Vicente Marí Bosó denunciaba que «durante estos años de Gobierno socialista, más que un instrumento de política económica, la SEPI ha sido un instrumento de la corrupción del PSOE», al mismo tiempo que señalaba a la propia Belén Gualda como «parte activa de los tejemanejes que hemos vivido para el sometimiento a la voluntad del señor Sánchez de empresas que son clave en nuestra seguridad nacional».Análisis de impacto tras el fracaso del FCASEntre otras cuestiones, la presidenta del organismo público se refirió al futuro caza europeo (FCAS), para el que quiso dejar constancia de que desde SEPI se hará lo imposible para que su fracaso no merme la autonomía de la defensa europea : «Entendemos y esperamos y, desde luego, desde SEPI haremos lo posible como accionista de Indra y de Airbus que pertenecen o que participaban en este proyecto del FCAS, que lo que se planteó no tenga ninguna merma en la autonomía en la industria de defensa europea», respondía al ser cuestionada por los participantes en la comisión tras la decisión de Berlín y París de decidir cancelar el desarrollo conjunto del futuro avión de combate europeo, desarrollado, entre otras, por ambas compañías. De hecho, quiso dejar constancia que la SEPI pedirá a Indra un «análisis inmediato» del impacto sobre el negocio de la empresa de la suspensión del proyecto.«Jamás he amenazado a nadie»Mientras, en la misma comisión mixta para informar de asuntos relacionados con Telefónica e Indra, empresas participadas por el Estado a través de la SEPI, el director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, durante su intervención antes de ser preguntado por los representantes políticos allí congregados, se quitó literalmente de encima hablar de los asuntos que le habían llevado a comparecer hablando de cuestiones generales de política industrial sin hacer la más mínima mención a Indra.En sus respuestas, De la Rocha sí entró lógicamente en el asunto objeto de su comparecencia y negaba, por ejemplo, que hubiese ejercido en algún momento presiones al ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, para que renunciara su cargo en la empresa: «Jamás he amenazado a nadie en mi vida», afirmaba el socialista.Respecto a Indra, el jefe de la oficina económica de Pedro Sánchez fue preguntado por la salida de Escribano de la presidencia de la compañía, que todos atribuyeron a presiones desde la propia Moncloa: «Jamás solicité, amenacé o pedí al señor Escribano su dimisión», respondía, antes de explicar que sólo tuvo una conversación con Escribano dos semanas antes de su dimisión.«Entre mis funciones -se defendía De la Rocha- no están las de cesar o nombrar a ningún ejecutivo o CEO de ninguna empresa pública, privada o con participación pública», afirmaba. El alto cargo de Moncloa recordaba a los allí presentes que su oficina asesora al presidente del Gobierno en materia económica y explicó que mantiene contactos frecuentes con directivos, fondos de inversión y asociaciones empresariales, especialmente en sectores relevantes para la economía española. No obstante, insistía en que esas reuniones forman parte de su actividad ordinaria y no sustituyen a los órganos societarios.De la Rocha, ‘Fontanero económico’El compareciente quiso recalcar que la posición del Gobierno en las compañías participadas se canaliza a través de la SEPI en consejos de administración, juntas de accionistas y demás órganos formales de decisión. «Las decisiones se toman siempre, como no puede ser de otra manera, en los órganos de gobernanza de estas empresas», concluía.Sin embargo, el portavoz del GPP en la comisión, Rafa Hernando, acusaba acto seguido al propio De la Rocha de haber utilizado una «serie de argumentos y mentiras para retrasar su comparecencia», a la que «ha tenido que venir a rastras» para evitar explicar «el asalto que, desde el poder político, se ha hecho sobre determinadas empresas públicas».Calificaba por ello al propio De la Rocha como «el fontanero económico» de Moncloa, desde donde se han orquestado movimientos para intentar controlar empresas como Telefónica o la mencionada Indra. «Esta política de inversiones de amiguetes para controlar el poder económico, incluso después de que ustedes hayan perdido el poder político, es lo que está detrás de todas estas operaciones», decía.Sobre Indra, y la reciente dimisión «de forma vergonzante» del ya expresidente Ángel Escribano, Hernando increpaba a De la Rocha y le acusaba de ser el Gobierno quien «ha echado al señor Escribano de la noche a la mañana, sin dar ninguna explicación», mientras criticaba a la presidenta de la SEPI no haber aclarado nada «de todas estas maniobras de ustedes, orquestadas en la oscuridad, para producir un nuevo cambio».En respuesta al Grupo Popular, el jefe económico de Moncloa negaba haber intervenido personalmente en ceses o nombramientos y subrayaba que «las decisiones se toman siempre, como no puede ser de otra manera, en los órganos de gobernanza de estas empresas».En el caso de Telefónica, por ejemplo, enmarcaba el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra como una decisión empresarial adoptada por los accionistas nacionales de referencia, entre ellos la SEPI y Criteria, con el objetivo de abrir «una nueva etapa» de crecimiento y estabilidad. Según ha explicado, SEPI propuso a Murtra con el visto bueno del Gobierno y su nombramiento fue aprobado por el consejo y ratificado por la junta.
Balones fuera. Tanto la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, como el jefe de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, no han aclarado de forma firme y clara toda la información y las acciones derivadas de todo … lo que ha rodeado a la polémica potencial operación de compra de la empresa familiar de los Escribano por parte de Indra, al mismo tiempo que descargaban responsabilidad la una en el otro y viceversa en el supuesto poder de intervención del Gobierno en las empresas estratégicas participadas por el Estado.
Así, durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gualda ha admitido hoy que el órgano que lidera no pudo constatar hasta marzo de 2026 la magnitud del conflicto de interés que acarreaba la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Fue en ese momento cuando la SEPI remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su preocupación por la influencia de ese conflicto en una operación que había saltado prácticamente un año atrás, en abril de 2025. Entonces, Ángel Escribano llevaba apenas tres meses en el cargo.
La presidenta del organismo estatal -que es el principal accionista de Indra con el 28% del capital– ha explicado a los senadores y diputados presentes en el acto que acabó frenando la operación corporativa entre Indra y EM&E al considerar insuficientes las medidas adoptadas para aislar el conflicto de interés derivado de la posición de Ángel Escribano, entonces presidente de la compañía tecnológica y de defensa.
Durante su comparecencia, ha reconocido que respaldó inicialmente el «encaje estratégico» de esa potencial operación, una posición que fue trasladada por los consejeros designados por el Estado en una reunión celebrada en diciembre de 2025. Sin embargo, posteriormente el análisis técnico y jurídico del holding público concluyó que el conflicto de interés seguía teniendo una influencia relevante en el proceso.
Noticia relacionada
«A pesar de las medidas puestas en marcha, como la comisión ‘ad hoc’, la determinante influencia que el conflicto estaba teniendo en el análisis de la operación hacía necesario que se despejara»«, ha explicado, para después apuntar que entendió que el trabajo realizado por ese órgano específico «no había sido suficiente para valorar el conflicto de interés que pendía de la toma de decisión», motivo por el que trasladó su preocupación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo.
En relación al relevo de Escribano en la presidencia de Indra el pasado 1 de abril, Gualda ha salido en defensa de la apuesta por Ángel Simón, perfil -reconoce- que la SEPI puso sobre la mesa del consejo de la compañía de Defensa y Tecnología, y que abogó por separar las funciones ejecutivas en la presidencia, de lo que dijo haber consenso entre el accionista público y la propia directiva para avanzar hacia una estructura en la que el presidente del consejo no asumiera responsabilidades ejecutivas en la gestión diaria del negocio. «El presidente de un consejo no lleva el negocio», señalaba Gualda, «las decisiones en este sentido corresponden a los órganos societarios».
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular José Vicente Marí Bosó denunciaba que «durante estos años de Gobierno socialista, más que un instrumento de política económica, la SEPI ha sido un instrumento de la corrupción del PSOE», al mismo tiempo que señalaba a la propia Belén Gualda como «parte activa de los tejemanejes que hemos vivido para el sometimiento a la voluntad del señor Sánchez de empresas que son clave en nuestra seguridad nacional».
Análisis de impacto tras el fracaso del FCAS
Entre otras cuestiones, la presidenta del organismo público se refirió al futuro caza europeo (FCAS), para el que quiso dejar constancia de que desde SEPI se hará lo imposible para que su fracaso no merme la autonomía de la defensa europea: «Entendemos y esperamos y, desde luego, desde SEPI haremos lo posible como accionista de Indra y de Airbus que pertenecen o que participaban en este proyecto del FCAS, que lo que se planteó no tenga ninguna merma en la autonomía en la industria de defensa europea», respondía al ser cuestionada por los participantes en la comisión tras la decisión de Berlín y París de decidir cancelar el desarrollo conjunto del futuro avión de combate europeo, desarrollado, entre otras, por ambas compañías. De hecho, quiso dejar constancia que la SEPI pedirá a Indra un «análisis inmediato» del impacto sobre el negocio de la empresa de la suspensión del proyecto.
«Jamás he amenazado a nadie»
Mientras, en la misma comisión mixta para informar de asuntos relacionados con Telefónica e Indra, empresas participadas por el Estado a través de la SEPI, el director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, durante su intervención antes de ser preguntado por los representantes políticos allí congregados, se quitó literalmente de encima hablar de los asuntos que le habían llevado a comparecer hablando de cuestiones generales de política industrial sin hacer la más mínima mención a Indra.
En sus respuestas, De la Rocha sí entró lógicamente en el asunto objeto de su comparecencia y negaba, por ejemplo, que hubiese ejercido en algún momento presiones al ya expresidente de Indra, Ángel Escribano, para que renunciara su cargo en la empresa: «Jamás he amenazado a nadie en mi vida», afirmaba el socialista.
Respecto a Indra, el jefe de la oficina económica de Pedro Sánchez fue preguntado por la salida de Escribano de la presidencia de la compañía, que todos atribuyeron a presiones desde la propia Moncloa: «Jamás solicité, amenacé o pedí al señor Escribano su dimisión», respondía, antes de explicar que sólo tuvo una conversación con Escribano dos semanas antes de su dimisión.
«Entre mis funciones -se defendía De la Rocha- no están las de cesar o nombrar a ningún ejecutivo o CEO de ninguna empresa pública, privada o con participación pública», afirmaba. El alto cargo de Moncloa recordaba a los allí presentes que su oficina asesora al presidente del Gobierno en materia económica y explicó que mantiene contactos frecuentes con directivos, fondos de inversión y asociaciones empresariales, especialmente en sectores relevantes para la economía española. No obstante, insistía en que esas reuniones forman parte de su actividad ordinaria y no sustituyen a los órganos societarios.
De la Rocha, ‘Fontanero económico’
El compareciente quiso recalcar que la posición del Gobierno en las compañías participadas se canaliza a través de la SEPI en consejos de administración, juntas de accionistas y demás órganos formales de decisión. «Las decisiones se toman siempre, como no puede ser de otra manera, en los órganos de gobernanza de estas empresas», concluía.
Sin embargo, el portavoz del GPP en la comisión, Rafa Hernando, acusaba acto seguido al propio De la Rocha de haber utilizado una «serie de argumentos y mentiras para retrasar su comparecencia», a la que «ha tenido que venir a rastras» para evitar explicar «el asalto que, desde el poder político, se ha hecho sobre determinadas empresas públicas».
Calificaba por ello al propio De la Rocha como «el fontanero económico» de Moncloa, desde donde se han orquestado movimientos para intentar controlar empresas como Telefónica o la mencionada Indra. «Esta política de inversiones de amiguetes para controlar el poder económico, incluso después de que ustedes hayan perdido el poder político, es lo que está detrás de todas estas operaciones», decía.
Sobre Indra, y la reciente dimisión «de forma vergonzante» del ya expresidente Ángel Escribano, Hernando increpaba a De la Rocha y le acusaba de ser el Gobierno quien «ha echado al señor Escribano de la noche a la mañana, sin dar ninguna explicación», mientras criticaba a la presidenta de la SEPI no haber aclarado nada «de todas estas maniobras de ustedes, orquestadas en la oscuridad, para producir un nuevo cambio».
En respuesta al Grupo Popular, el jefe económico de Moncloa negaba haber intervenido personalmente en ceses o nombramientos y subrayaba que «las decisiones se toman siempre, como no puede ser de otra manera, en los órganos de gobernanza de estas empresas».
En el caso de Telefónica, por ejemplo, enmarcaba el relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra como una decisión empresarial adoptada por los accionistas nacionales de referencia, entre ellos la SEPI y Criteria, con el objetivo de abrir «una nueva etapa» de crecimiento y estabilidad. Según ha explicado, SEPI propuso a Murtra con el visto bueno del Gobierno y su nombramiento fue aprobado por el consejo y ratificado por la junta.
RSS de noticias de economia
