EL ESPAÑOL de Castilla y León analiza los programas electorales de los principales partidos que se presentan en todas las provincias para conocer sus principales medidas y promesas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.
Más información: Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo de 2026 EL ESPAÑOL de Castilla y León analiza los programas electorales de los principales partidos que se presentan en todas las provincias para conocer sus principales medidas y promesas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.
Más información: Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo de 2026
Si es usted de esos votantes ejemplares que se leen todos los programas electorales, se habrá dado cuenta de que la palabra vivienda cuenta con mucho protagonismo dentro de las promesas que los diferentes partidos están lanzando de cara al próximo 15 de marzo cuando se abran las urnas en Castilla y León. Como ejemplo, tanto en los programas de PP, PSOE y Vox superan las 90 veces.
La situación que se está viviendo ahora mismo le ha convertido en uno de los principales problemas para los castellanos y leoneses como así dejó claro el sondeo del CIS cocinado por Tezanos la semana pasada.
Y es que, en Castilla y León, la vivienda ha dejado de ser una mera estadística para convertirse en un problema con mayúsculas.
EL ESPAÑOL de Castilla y León ha analizado los programas electorales de los principales partidos que se presentan en todas las provincias para conocer un poco más de cada gestión.
En estos momentos, y según los datos oficiales, el esfuerzo familiar para pagar el alquiler roza el 40 % del salario bruto en las zonas más tensionadas. Además, existe un parque de viviendas vacías que sitúa a la región como la tercera con más inmuebles sin uso en España.
Por esto, los partidos políticos han identificado en el acceso al hogar el principal nicho de votos para las elecciones del 15 de marzo. Las candidaturas han lanzado una batería de promesas que buscan, sobre todo, seducir a unos jóvenes que ven en la emancipación un objetivo cada vez más inalcanzable.
Así, la batalla durante estos días es constante con anuncios, pero también con ataques.
Desde los incentivos fiscales hasta la intervención directa del mercado, el abanico de propuestas es tan amplio como dispar, sin dejar de lado el tema de okupas o de los apartamentos turísticos.
El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco apuesta por la continuidad reforzada, elevando hasta los 40 años la condición de «familia joven» para acceder a ayudas y ampliando los avales hipotecarios hasta el 20 %. Su estrategia fía el éxito a una menor carga fiscal y a la creación de una «locomotora de suelo» para dinamizar la construcción.
Además, ha confiado en la que durante la pasada legislatura ha sido la ‘jefa’ de vivienda, María Pardo, como número 1 en la lista a las Cortes por Valladolid. Todo un gesto con mucha carga simbólica. Su nombre sale en todas las quinielas para ser la próxima consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
En el bloque opuesto, el PSOE de Carlos Martínez propone un «giro radical» basado en el derecho subjetivo al hogar y el control de precios mediante la declaración de zonas tensionadas. Los socialistas prometen blindar el parque público contra la especulación «de por vida» y ofrecen una prestación directa de 350 euros para quienes alquilen fuera del mercado protegido, vinculando la vivienda al retorno del talento juvenil emigrado.
Por su parte, Vox introduce en la ecuación el factor de la «prioridad nacional». Carlos Pollán sostiene que «fronteras seguras son pisos asequibles» y propone una liberación masiva de suelo junto a una lucha frontal contra la ocupación ilegal y el empadronamiento fraudulento, prometiendo además créditos blandos vinculados a la natalidad.
Desde la izquierda, Podemos e Izquierda Unida elevan la apuesta por la intervención pública. Miguel Ángel Llamas (Podemos) plantea la prohibición de los pisos turísticos y la creación de una licencia obligatoria para alquilar, mientras que Juan Gascón (IU) centra su programa en la rehabilitación de viviendas en el medio rural y la lucha contra el fraude en los alojamientos turísticos encubiertos para garantizar una «justicia territorial» que acabe con la desigualdad según el código postal.
El 15 de marzo, los castellanos y leoneses, además de elegir un Gobierno, también eligen el modelo de llave que quieren para abrir la puerta de sus casas.
PP: Ayudas y menos impuestos
De cara a los próximos comicios autonómicos del 15 de marzo, el Partido Popular de Castilla y León ha diseñado una estrategia habitacional que pone el foco en el relevo generacional y la lucha contra la despoblación.
La formación liderada por Alfonso Fernández Mañueco se presenta a las urnas con el aval de haber gestionado un parque público de 3.100 viviendas en alquiler y el compromiso de ampliar esta oferta con 5.000 nuevas viviendas protegidas, tanto para venta como para arrendamiento.
La gran novedad del programa reside en la redefinición del concepto de «familia joven», ya que los populares proponen elevar hasta los 40 años la edad para beneficiarse de todas las líneas de apoyo, reconociendo así las dificultades actuales de acceso al mercado inmobiliario que persisten más allá de la treintena.
En el ámbito financiero, el PP apuesta por un refuerzo de los avales hipotecarios para quienes decidan adquirir una vivienda en el mercado libre, planteando subir el aval público hasta el 20 % frente al 17,5 % actual. Esta medida se complementará con la creación de una «Cuenta Ahorro Vivienda Joven» que incluirá deducciones específicas en el IRPF para la compra de la primera residencia.
Según el programa electoral, estas políticas buscan consolidar a Castilla y León como un referente en ayudas al alquiler, garantizando su abono universal a todos los que cumplan los requisitos. «Somos la única autonomía no foral que concede ayudas al alquiler de forma universal», sostienen desde la formación, destacando que en la última legislatura se ha alcanzado a más de 77.000 solicitantes con una ayuda media de 2.500 euros anuales.
El medio rural adquiere un protagonismo especial a través del nuevo «Plan Rehabitare Plus 5.000», enfocado específicamente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Con este plan, el Partido Popular pretende incentivar la rehabilitación de viviendas privadas y municipales —incluyendo inmuebles eclesiales en desuso— para ofrecerlas en régimen de alquiler asequible, priorizando siempre a los jóvenes que deseen arraigar en los pueblos.
Además, para dinamizar el sector, proponen la puesta en marcha de una «Locomotora de suelo residencial», un portal informativo que facilitará la inversión en municipios de más de 10.000 habitantes, y la implementación de entidades certificadoras que agilicen los trámites administrativos y reduzcan los plazos de construcción.
Finalmente, el programa electoral subraya la importancia de la seguridad jurídica y la sostenibilidad.
El PP se compromete a mantener sus políticas de lucha contra la ocupación ilegal, ofreciendo asesoramiento a las víctimas, y a actualizar periódicamente los precios máximos de la vivienda protegida para que sigan siendo atractivos para los promotores privados ante el aumento de los costes de construcción. Con estas medidas, que incluyen también ayudas directas a la accesibilidad y la eficiencia energética, la candidatura de Mañueco busca ofrecer «certezas» a los castellanos y leoneses, vinculando directamente la política de vivienda con la creación de empleo en los núcleos industriales y la mejora del patrimonio arquitectónico regional.
PSOE: control de precios y un parque público blindado
Por su parte, de cara a la cita electoral del 15 de marzo, el PSOE de Castilla y León, encabezado por su candidato Carlos Martínez, ha presentado una propuesta en materia de vivienda que rompe con el modelo actual para centrarse en el «Derecho subjetivo al Hogar».
Bajo la premisa de que la vivienda no puede ser solo un bien de mercado, Martínez denuncia el «agotamiento» del sistema vigente, señalando que Castilla y León es la tercera comunidad con más inmuebles vacíos mientras el esfuerzo de las familias para pagar el alquiler roza ya el 40 % del salario bruto.
Por ello, el programa socialista apuesta por una “intervención directa para reordenar el mercado” y convertir la vivienda en “una palanca real” de retorno juvenil y cohesión territorial.
La medida estrella de los socialistas es el desarrollo de la Ley Estatal por el derecho a la vivienda, que incluye la declaración de zonas de mercado residencial tensionado para controlar los precios de los alquileres gestionados por grandes tenedores. Además, Martínez propone que todas las viviendas protegidas de nueva construcción tengan un carácter de protección permanente, evitando que salgan al mercado libre con el paso de los años.
Para gestionar este nuevo modelo, se creará un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo que integrará a la Junta, ayuntamientos y diputaciones con el objetivo de edificar al menos 5.000 nuevas viviendas de alquiler asequible y blindar el parque público contra cualquier tipo de especulación.
El programa también incluye un ambicioso paquete de ayudas directas, destacando una prestación económica de 350 euros para el arrendamiento fuera del mercado protegido y un plan de avales para menores de 35 años en la compra de su primera vivienda.
El candidato socialista pone especial énfasis en el «retorno del talento», vinculando la oferta de vivienda asequible con paquetes de empleo para jóvenes cualificados que emigraron de la comunidad. Asimismo, se plantean incentivos fiscales para los propietarios particulares que acepten alquilar por debajo del precio medio de su zona y un programa de «alquiler para mayores» con pensiones bajas, donde el inquilino solo aporte una parte reducida de sus ingresos.
En cuanto al medio rural y la innovación residencial, el PSOE propone fomentar el cohousing y las cooperativas de cesión de uso mediante la entrega de suelo público en condiciones ventajosas y préstamos blandos.
El plan se completa con una fuerte apuesta por la rehabilitación, con deducciones del 15 % en municipios en riesgo de despoblación, y la creación de un parque específico para emergencias habitacionales.
«Hay que intervenir con inteligencia para establecer límites claros», defiende Carlos Martínez, quien también promete ofrecer seguridad jurídica total a los propietarios que cedan sus viviendas al Consorcio, eliminando los riesgos de impago o deterioro para movilizar el actual stock de vivienda vacía en la región.
Vox: «Fronteras seguras son pisos asequibles»
Bajo el lema de que la vivienda es «la madre de todas las precariedades», Vox Castilla y León ha presentado su programa electoral para las elecciones del 15 de marzo con un diagnóstico contundente: la región vive una emergencia habitacional provocada por décadas de políticas fallidas, burocracia excesiva y lo que denominan «competencia desleal» derivada de la inmigración masiva.
El candidato de la formación, Carlos Pollán, sostiene que mientras los jóvenes españoles se ven obligados al «destierro» o al nomadismo entre pisos compartidos, la compra de viviendas por extranjeros en la comunidad ha crecido un 26%.
Para revertir esta situación, Vox propone un modelo basado en la «prioridad nacional» y un drástico recorte de la intervención administrativa.
La propuesta estrella de Pollán para «inundar Castilla y León de vivienda protegida» se basa en la liberación total del suelo que no esté especialmente protegido por motivos ambientales o de defensa.
Vox pretende acabar con lo que denomina el «secuestro de suelo» por parte de los políticos, agilizando los procesos de transformación urbana y permitiendo un incremento de alturas y densidad en las ciudades.
Además, el programa establece un desafío directo a la gestión actual al proponer un plazo máximo de tres meses para la concesión de licencias urbanísticas, apoyado en la digitalización de expedientes y el uso del silencio administrativo positivo para evitar que los proyectos se bloqueen durante años.
En el plano fiscal y financiero, Vox plantea una ofensiva para reducir el coste artificial de la construcción. Su programa incluye una deducción en el IRPF autonómico por adquisición o rehabilitación que funcionará como un crédito fiscal acumulable, así como la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al 0,5% y bonificaciones del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual.
Para los jóvenes y familias, Pollán promete avales públicos y créditos blandos vinculados al número de hijos, buscando facilitar la propiedad frente a un mercado de alquiler que en ciudades como Valladolid o Burgos ha registrado subidas anuales cercanas al 10%.
Finalmente, la seguridad jurídica y el control migratorio cierran el eje de su política habitacional. Vox se compromete a una lucha frontal contra la ocupación ilegal, proponiendo la exclusión de cualquier «okupa» de las ayudas sociales y la compensación fiscal para los propietarios afectados.
«Fronteras seguras son pisos asequibles», afirma el programa, que incluye la prohibición expresa de alquilar viviendas a inmigrantes ilegales y la persecución del empadronamiento fraudulento.
Asimismo, en la adjudicación de vivienda social, Pollán situará el arraigo y el historial de la familia en España como el criterio principal, garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los ciudadanos nacionales frente a lo que consideran una saturación del sistema.
Podemos: control de precios y el fin de los pisos turísticos
Por su parte, Podemos Castilla y León ha presentado un programa de vivienda que apuesta por la intervención directa del mercado y la garantía de la vivienda como un «derecho subjetivo exigible ante la justicia».
El candidato de la formación morada, Miguel Ángel Llamas, propone un despliegue legislativo que aplicará de forma «inmediata y reforzada» la Ley de Vivienda estatal en todo el territorio autonómico. Entre sus medidas más contundentes destaca la creación de un Índice autonómico de Precios del Alquiler de obligado cumplimiento, que fijará topes máximos por zonas.
Así, superar estos precios será considerado una infracción administrativa grave que acarreará sanciones económicas y la pérdida automática de beneficios fiscales para los propietarios.
Para combatir lo que definen como el «lobby inmobiliario», Llamas propone la creación de una Empresa Pública de Vivienda y un Servicio Público de Vivienda de Castilla y León. El objetivo es ambicioso: alcanzar un parque público que suponga el 20 % del total de viviendas de la comunidad al finalizar la legislatura.
Además, el programa introduce una figura pionera: la licencia administrativa obligatoria para alquilar. Sin este permiso, que acreditará la habitabilidad y la ausencia de fraude en el precio, el arrendamiento será ilegal.
Para asegurar que ninguna familia destine más del 30 % de sus ingresos al hogar, Podemos blindará por ley que la inversión en vivienda nunca sea inferior al 3 % del presupuesto general de la comunidad.
La lucha contra la vivienda vacía y la especulación marca otro de los ejes centrales del 15-M para Podemos.
La formación propone un impuesto oneroso a las viviendas vacías (ejecutado mediante un recargo en el IBI) y la prohibición de que los grandes tenedores mantengan inmuebles deshabitados por más de dos años, bajo amenaza de expropiación forzosa o uso temporal.
Asimismo, Llamas defiende la prohibición total de los pisos turísticos en la región, permitiendo únicamente como excepción el modelo de casa rural en zonas no tensionadas. Para vigilar el cumplimiento de estas normas, se creará un Cuerpo autonómico de Inspección de Vivienda que tutelará especialmente a inquilinos y personas hipotecadas.
Finalmente, el programa bajo el lema «ningún desahucio sin alternativa habitacional» prohíbe por ley los desalojos de personas vulnerables, mayores o familias con menores sin que la administración garantice un realojo inmediato.
En cuanto al urbanismo, Podemos se apoya en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026 para imponer una reserva obligatoria del 30 % para Vivienda de Protección Oficial (VPO) en cada nueva promoción que se realice en Castilla y León.
Estas viviendas públicas estarán «blindadas de por vida», prohibiendo su venta a fondos buitre y garantizando que, incluso en caso de herencia, solo puedan ser habitadas por personas que cumplan los requisitos sociales establecidos.
IU: un parque público de alquiler
Por último, Izquierda Unida de Castilla y León, con Juan Gascón como candidato, presenta un programa que sitúa la vivienda como un «derecho garantizado» y no como un lujo, criticando décadas de políticas que, según la formación, han favorecido los intereses privados y la especulación.
IU defiende que un techo estable es la base sobre la que se construye una vida digna y propone una intervención decidida de la administración para asegurar que nadie se quede sin hogar por falta de recursos.
Su estrategia se centra en frenar el desmantelamiento de lo común y en recuperar la función social de la vivienda, especialmente en los pueblos y ciudades medianas que sufren el impacto de la despoblación.
La propuesta estrella de la formación liderada por Gascón es el impulso decidido al alquiler social y la creación de un parque público de vivienda que sea gestionado directamente por la comunidad. Para nutrir este parque, IU apuesta por la rehabilitación de vivienda pública y la puesta en marcha de un «Plan Integral para la rehabilitación de viviendas en Castilla y León».
Además, el programa incluye medidas de control de precios y vigilancia para evitar que los recursos destinados a la vivienda acaben en manos de grandes tenedores o fondos de inversión, abogando por políticas valientes que garanticen la asequibilidad real para la juventud y las familias con menos ingresos.
En el ámbito rural, IU propone combatir el fraude en las ayudas públicas, citando como ejemplo la revisión de los registros de alojamientos rurales.
La formación denuncia que muchos inmuebles que recibieron subvenciones para el turismo se utilizan actualmente como segundas residencias encubiertas, por lo que proponen un control estricto para asegurar que estos recursos cumplan su fin original o se integren en la oferta habitacional de los pueblos.
Esta medida se enmarca en un plan más amplio para devolver la vida a las zonas rurales, vinculando el acceso a la vivienda con la generación de empleo verde y la protección del entorno.
Finalmente, Juan Gascón subraya que la vivienda debe ser un eje de “justicia territorial”, evitando que existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal. IU rechaza la visión de la vivienda como un negocio y se compromete a blindar lo público frente a las privatizaciones, garantizando que el acceso a un hogar digno sea una realidad en cada rincón de Castilla y León
Con un enfoque que combina la fiscalidad progresiva y la gestión directa, el programa electoral de IU busca abrir un horizonte de esperanza y dignidad para quienes han sido «olvidados o expulsados» por el actual sistema inmobiliario.
El Español – Castilla y León
