La posibilidad de que las empresas tengan que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) sin que pueda ser integrado en los complementos de la nómina de un trabajador está condicionando tanto la negociación colectiva que las mesas en las que muchos convenios están pendientes de renovar se encuentran paralizadas. Las empresas consideran que el coste de esta medida, que está preparando el Ministerio de Trabajo para aplicar a partir de 2026 junto al nuevo alza del SMI, es de tal calado económico que optan por esperar a lo que vaya a decidir finalmente el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, antes de rubricar cualquier pacto con los sindicatos.Después de ver caer el proyecto de ley de reducción de jornada laboral , la ministra de Trabajo puso sobre la mesa una subida del salario mínimo con un condicionante que tiene un matiz clave: las empresas que suban el SMI solo podrán hacerlo sobre el sueldo base ; y no se podrá aprovechar el resto de conceptos de la nómina para absorber ese alza, dejando un resultado de nómina similar al que tenía el trabajador hasta ahora. Esta es una de las reclamaciones que UGT y CC.OO. venían exigiendo a Trabajo en las últimas mesas de diálogo social del SMI, aunque el Gobierno nunca se había planteado aprobarla. Pero esta vez, Díaz, que va «a la ofensiva», como recuerda periódicamente, la ha recuperado y está dispuesta a hacerlo provocando un «agujero», según anticipan las empresas, sobre todo pymes. Además, las patronales CEOE y Cepyme consideran ilegal hacerlo por la vía del real decreto sin que pase por el aval del Congreso.Ante el desconocimiento de cómo va a quedar finalmente esa normativa, las negociaciones de muchos convenios que han vencido o se han puesto en marcha para actualizarlos, están congeladas, admiten fuentes del diálogo social. Sin saber cómo quedará configurado el nuevo SMI, en la medida que afecte al sueldo base o se integre con los complementos, la patronal está pausando el diálogo con los representantes de los trabajadores a la espera de una resolución que llegará en las próximas semanas y que les permitirá tener más claridad sobre el futuro del coste de la masa salarial, indican esas mismas fuentes. No es una novedad que se paralice la firma de convenios colectivos a la espera de una normativa del Ejecutivo. Ya ocurrió el año pasado y durante la primera mitad de este ejercicio a cuenta del recorte de jornada a 37,5 horas que había impulsado el Ministerio de Trabajo en un proyecto de ley que finalmente fue tumbado en el Congreso a principios de septiembre. Trabajadores a la esperaLas dudas sobre cuál sería la jornada laboral que definitivamente determinarla la legislación también paralizó los convenios de miles de trabajadores en toda España hasta conocer la resolución y, a partir de ahí, negociar los nuevos sueldos y condiciones del trabajo en esas empresas o sectores de actividad que tenían pendiente renovar o crear un acuerdo laboral.Los meses en los que ese proyecto, que era considerado por la vicepresidenta segunda como su ley estrella para esta legislatura, fue deambulando de la negociación al anteproyecto, Consejo Económico y Social y finalmente a las Cortes, la negociación de convenios también se paralizó. El reguero de conversaciones, contactos, declaraciones, filtros normativos y trámites legislativos sobre la implantación de la reducción de jornada ha erosionado hasta tal punto la negociación entre sindicatos y empresarios que dejó a unos 700.000 trabajadores con su convenio sin renovar en los dos últimos años hasta el pasado mes de septiembre, cuando Junts, PP y Vox vetaron la ley en la Cámara baja. Era el conjunto de empleados que se encontraban incluidos en casi 300 convenios de empresa que se habían mantenido intactos ante la incertidumbre generada por el desconocimiento de cómo quedaría la ley. «Si no sabíamos qué iba a ocurrir con las 37,5 horas era imposible abordar este tipo de negociaciones», indican fuentes de la patronal en lo que consideran que es un resumen del rastro que ha dejado el proyecto de ley fallido desde que se anunció a finales de 2023 hasta el veto final de ayer en el Congreso.Hasta después del verano, con los últimos datos de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo sobre la mesa, referidos a octubre, y comparados con el mismo mes del año pasado, se han firmado prácticamente los mismos convenios que el año pasado en ese mismo periodo. Esas firmas acogen a unos 2,3 millones de trabajadores.Más apoyo económico en las bajasEsta situación en torno al SMI se une a otra circunstancia que también genera dudas a la hora de pactar los nuevos convenios. El descabalgamiento que está sufriendo la incapacidad temporal en términos de casos acumulados y de impacto económico para las empresas y la Seguridad Social se está convirtiendo en un bache a superar a la hora de renovar una parte de los convenios colectivos en negociación entre la patronal y los sindicatos.Una parte de los convenios tienen incluidos históricamente estos complementos por IT, que se pusieron en marcha hace años cuando la realidad laboral era muy distinta a la actual sobre todo por el incremento exponencial de casos de bajas por enfermedad común que hay actualmente. La radiografía de la incapacidad temporal dibuja una senda que acumula cada día más ausencias, de escasa o mucha duración y con un coste cada vez mayor para empresas y arcas públicas. La estimación del sector apunta a que este año se superarán los 33.000 millones de euros destinados a cubrir estas contingencias, que alcanzarán las nueve millones de bajas en 2025. Junto al récord de afiliados hay otro de bajas, que ascendieron a 9,2 millones en 2024, con un incremento del 78% en el mismo periodo; la prevalencia de bajas activas alcanzó un máximo histórico de 53,3 por cada 1.000 trabajadores; y las bajas de larga duración (las de más de 365 días) que también marcaron un hito estadístico, al duplicarse con respecto a 2019.Esta circunstancia está provocando que una parte de las empresas se replanteen los complementos que tienen en sus convenios para cubrir estas contingencias ya que, en algunos casos, superan el 100% de la base reguladora, frente al 60% que ofrece la Seguridad Social en esas contingencias. Sin embargo, los sindicatos se oponen a modificar esta parte de los convenios al considerar que puede provocar una discriminación entre trabajadores por motivos económicos a la hora de afrontar una baja laboral. La posibilidad de que las empresas tengan que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) sin que pueda ser integrado en los complementos de la nómina de un trabajador está condicionando tanto la negociación colectiva que las mesas en las que muchos convenios están pendientes de renovar se encuentran paralizadas. Las empresas consideran que el coste de esta medida, que está preparando el Ministerio de Trabajo para aplicar a partir de 2026 junto al nuevo alza del SMI, es de tal calado económico que optan por esperar a lo que vaya a decidir finalmente el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, antes de rubricar cualquier pacto con los sindicatos.Después de ver caer el proyecto de ley de reducción de jornada laboral , la ministra de Trabajo puso sobre la mesa una subida del salario mínimo con un condicionante que tiene un matiz clave: las empresas que suban el SMI solo podrán hacerlo sobre el sueldo base ; y no se podrá aprovechar el resto de conceptos de la nómina para absorber ese alza, dejando un resultado de nómina similar al que tenía el trabajador hasta ahora. Esta es una de las reclamaciones que UGT y CC.OO. venían exigiendo a Trabajo en las últimas mesas de diálogo social del SMI, aunque el Gobierno nunca se había planteado aprobarla. Pero esta vez, Díaz, que va «a la ofensiva», como recuerda periódicamente, la ha recuperado y está dispuesta a hacerlo provocando un «agujero», según anticipan las empresas, sobre todo pymes. Además, las patronales CEOE y Cepyme consideran ilegal hacerlo por la vía del real decreto sin que pase por el aval del Congreso.Ante el desconocimiento de cómo va a quedar finalmente esa normativa, las negociaciones de muchos convenios que han vencido o se han puesto en marcha para actualizarlos, están congeladas, admiten fuentes del diálogo social. Sin saber cómo quedará configurado el nuevo SMI, en la medida que afecte al sueldo base o se integre con los complementos, la patronal está pausando el diálogo con los representantes de los trabajadores a la espera de una resolución que llegará en las próximas semanas y que les permitirá tener más claridad sobre el futuro del coste de la masa salarial, indican esas mismas fuentes. No es una novedad que se paralice la firma de convenios colectivos a la espera de una normativa del Ejecutivo. Ya ocurrió el año pasado y durante la primera mitad de este ejercicio a cuenta del recorte de jornada a 37,5 horas que había impulsado el Ministerio de Trabajo en un proyecto de ley que finalmente fue tumbado en el Congreso a principios de septiembre. Trabajadores a la esperaLas dudas sobre cuál sería la jornada laboral que definitivamente determinarla la legislación también paralizó los convenios de miles de trabajadores en toda España hasta conocer la resolución y, a partir de ahí, negociar los nuevos sueldos y condiciones del trabajo en esas empresas o sectores de actividad que tenían pendiente renovar o crear un acuerdo laboral.Los meses en los que ese proyecto, que era considerado por la vicepresidenta segunda como su ley estrella para esta legislatura, fue deambulando de la negociación al anteproyecto, Consejo Económico y Social y finalmente a las Cortes, la negociación de convenios también se paralizó. El reguero de conversaciones, contactos, declaraciones, filtros normativos y trámites legislativos sobre la implantación de la reducción de jornada ha erosionado hasta tal punto la negociación entre sindicatos y empresarios que dejó a unos 700.000 trabajadores con su convenio sin renovar en los dos últimos años hasta el pasado mes de septiembre, cuando Junts, PP y Vox vetaron la ley en la Cámara baja. Era el conjunto de empleados que se encontraban incluidos en casi 300 convenios de empresa que se habían mantenido intactos ante la incertidumbre generada por el desconocimiento de cómo quedaría la ley. «Si no sabíamos qué iba a ocurrir con las 37,5 horas era imposible abordar este tipo de negociaciones», indican fuentes de la patronal en lo que consideran que es un resumen del rastro que ha dejado el proyecto de ley fallido desde que se anunció a finales de 2023 hasta el veto final de ayer en el Congreso.Hasta después del verano, con los últimos datos de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo sobre la mesa, referidos a octubre, y comparados con el mismo mes del año pasado, se han firmado prácticamente los mismos convenios que el año pasado en ese mismo periodo. Esas firmas acogen a unos 2,3 millones de trabajadores.Más apoyo económico en las bajasEsta situación en torno al SMI se une a otra circunstancia que también genera dudas a la hora de pactar los nuevos convenios. El descabalgamiento que está sufriendo la incapacidad temporal en términos de casos acumulados y de impacto económico para las empresas y la Seguridad Social se está convirtiendo en un bache a superar a la hora de renovar una parte de los convenios colectivos en negociación entre la patronal y los sindicatos.Una parte de los convenios tienen incluidos históricamente estos complementos por IT, que se pusieron en marcha hace años cuando la realidad laboral era muy distinta a la actual sobre todo por el incremento exponencial de casos de bajas por enfermedad común que hay actualmente. La radiografía de la incapacidad temporal dibuja una senda que acumula cada día más ausencias, de escasa o mucha duración y con un coste cada vez mayor para empresas y arcas públicas. La estimación del sector apunta a que este año se superarán los 33.000 millones de euros destinados a cubrir estas contingencias, que alcanzarán las nueve millones de bajas en 2025. Junto al récord de afiliados hay otro de bajas, que ascendieron a 9,2 millones en 2024, con un incremento del 78% en el mismo periodo; la prevalencia de bajas activas alcanzó un máximo histórico de 53,3 por cada 1.000 trabajadores; y las bajas de larga duración (las de más de 365 días) que también marcaron un hito estadístico, al duplicarse con respecto a 2019.Esta circunstancia está provocando que una parte de las empresas se replanteen los complementos que tienen en sus convenios para cubrir estas contingencias ya que, en algunos casos, superan el 100% de la base reguladora, frente al 60% que ofrece la Seguridad Social en esas contingencias. Sin embargo, los sindicatos se oponen a modificar esta parte de los convenios al considerar que puede provocar una discriminación entre trabajadores por motivos económicos a la hora de afrontar una baja laboral.
La posibilidad de que las empresas tengan que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) sin que pueda ser integrado en los complementos de la nómina de un trabajador está condicionando tanto la negociación colectiva que las mesas en las que muchos convenios están pendientes … de renovar se encuentran paralizadas. Las empresas consideran que el coste de esta medida, que está preparando el Ministerio de Trabajo para aplicar a partir de 2026 junto al nuevo alza del SMI, es de tal calado económico que optan por esperar a lo que vaya a decidir finalmente el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, antes de rubricar cualquier pacto con los sindicatos.
Después de ver caer el proyecto de ley de reducción de jornada laboral, la ministra de Trabajo puso sobre la mesa una subida del salario mínimo con un condicionante que tiene un matiz clave: las empresas que suban el SMI solo podrán hacerlo sobre el sueldo base; y no se podrá aprovechar el resto de conceptos de la nómina para absorber ese alza, dejando un resultado de nómina similar al que tenía el trabajador hasta ahora.
Esta es una de las reclamaciones que UGT y CC.OO. venían exigiendo a Trabajo en las últimas mesas de diálogo social del SMI, aunque el Gobierno nunca se había planteado aprobarla. Pero esta vez, Díaz, que va «a la ofensiva», como recuerda periódicamente, la ha recuperado y está dispuesta a hacerlo provocando un «agujero», según anticipan las empresas, sobre todo pymes. Además, las patronales CEOE y Cepyme consideran ilegal hacerlo por la vía del real decreto sin que pase por el aval del Congreso.
Ante el desconocimiento de cómo va a quedar finalmente esa normativa, las negociaciones de muchos convenios que han vencido o se han puesto en marcha para actualizarlos, están congeladas, admiten fuentes del diálogo social. Sin saber cómo quedará configurado el nuevo SMI, en la medida que afecte al sueldo base o se integre con los complementos, la patronal está pausando el diálogo con los representantes de los trabajadores a la espera de una resolución que llegará en las próximas semanas y que les permitirá tener más claridad sobre el futuro del coste de la masa salarial, indican esas mismas fuentes.
No es una novedad que se paralice la firma de convenios colectivos a la espera de una normativa del Ejecutivo. Ya ocurrió el año pasado y durante la primera mitad de este ejercicio a cuenta del recorte de jornada a 37,5 horas que había impulsado el Ministerio de Trabajo en un proyecto de ley que finalmente fue tumbado en el Congreso a principios de septiembre.
Trabajadores a la espera
Las dudas sobre cuál sería la jornada laboral que definitivamente determinarla la legislación también paralizó los convenios de miles de trabajadores en toda España hasta conocer la resolución y, a partir de ahí, negociar los nuevos sueldos y condiciones del trabajo en esas empresas o sectores de actividad que tenían pendiente renovar o crear un acuerdo laboral.
Los meses en los que ese proyecto, que era considerado por la vicepresidenta segunda como su ley estrella para esta legislatura, fue deambulando de la negociación al anteproyecto, Consejo Económico y Social y finalmente a las Cortes, la negociación de convenios también se paralizó.
El reguero de conversaciones, contactos, declaraciones, filtros normativos y trámites legislativos sobre la implantación de la reducción de jornada ha erosionado hasta tal punto la negociación entre sindicatos y empresarios que dejó a unos 700.000 trabajadores con su convenio sin renovar en los dos últimos años hasta el pasado mes de septiembre, cuando Junts, PP y Vox vetaron la ley en la Cámara baja. Era el conjunto de empleados que se encontraban incluidos en casi 300 convenios de empresa que se habían mantenido intactos ante la incertidumbre generada por el desconocimiento de cómo quedaría la ley. «Si no sabíamos qué iba a ocurrir con las 37,5 horas era imposible abordar este tipo de negociaciones», indican fuentes de la patronal en lo que consideran que es un resumen del rastro que ha dejado el proyecto de ley fallido desde que se anunció a finales de 2023 hasta el veto final de ayer en el Congreso.
Hasta después del verano, con los últimos datos de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo sobre la mesa, referidos a octubre, y comparados con el mismo mes del año pasado, se han firmado prácticamente los mismos convenios que el año pasado en ese mismo periodo. Esas firmas acogen a unos 2,3 millones de trabajadores.
Más apoyo económico en las bajas
Esta situación en torno al SMI se une a otra circunstancia que también genera dudas a la hora de pactar los nuevos convenios. El descabalgamiento que está sufriendo la incapacidad temporal en términos de casos acumulados y de impacto económico para las empresas y la Seguridad Social se está convirtiendo en un bache a superar a la hora de renovar una parte de los convenios colectivos en negociación entre la patronal y los sindicatos.
Una parte de los convenios tienen incluidos históricamente estos complementos por IT, que se pusieron en marcha hace años cuando la realidad laboral era muy distinta a la actual sobre todo por el incremento exponencial de casos de bajas por enfermedad común que hay actualmente. La radiografía de la incapacidad temporal dibuja una senda que acumula cada día más ausencias, de escasa o mucha duración y con un coste cada vez mayor para empresas y arcas públicas.
La estimación del sector apunta a que este año se superarán los 33.000 millones de euros destinados a cubrir estas contingencias, que alcanzarán las nueve millones de bajas en 2025. Junto al récord de afiliados hay otro de bajas, que ascendieron a 9,2 millones en 2024, con un incremento del 78% en el mismo periodo; la prevalencia de bajas activas alcanzó un máximo histórico de 53,3 por cada 1.000 trabajadores; y las bajas de larga duración (las de más de 365 días) que también marcaron un hito estadístico, al duplicarse con respecto a 2019.
Esta circunstancia está provocando que una parte de las empresas se replanteen los complementos que tienen en sus convenios para cubrir estas contingencias ya que, en algunos casos, superan el 100% de la base reguladora, frente al 60% que ofrece la Seguridad Social en esas contingencias. Sin embargo, los sindicatos se oponen a modificar esta parte de los convenios al considerar que puede provocar una discriminación entre trabajadores por motivos económicos a la hora de afrontar una baja laboral.
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