Sánchez teje una política intervencionista en la ‘guerra’ contra las empresas

El intento de torpedear la opa del BBVA sobre el Sabadell e irrumpir así en el terreno empresarial no es un caso aislado , ha ido precedido de otros muchos movimientos intervencionistas enraizados en una política que ha hecho de la ‘guerra’ con las empresas un ‘modus operandi’. ‘Asaltos’ a firmas estratégicas, injerencias en la negociación colectiva , en la vida de las empresas, intentos de limitar las universidades privadas y de desmantelar Muface o intervenir en la economía con leyes como la de vivienda son sólo algunos episodios, a los que se ha unido una espiral de subida de impuestos y cotizaciones sin precedente. La maniobra para frenar la operación bancaria copa todos los titulares, pero la irrupción en compañías estratégicas está siendo recurrente desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, desde donde mueve los hilos del mundo empresarial; Telefónica, Talgo, Naturgy, Indra o Prisa han estado en el radar, con el fin último de asegurarse el control de accionariado, una participación, o para frenar operaciones de compra por parte del capital extranjero, como ha ocurrido con el operador ferroviario. Las continuas prórrogas del ‘escudo antiopas’, es el arma utilizada para proteger empresas consideradas estratégicas y se ha ido prorrogando desde 2020, ahora hasta 2026. Detener los intentos de compra se convirtió en una cuestión de Estado.Políticas dañidas para EspañaLos tentáculos del Gobierno de coalición han entrado hasta el mismo corazón de las empresas, despreciando la negociación colectiva, o con un mayor control de los despidos. El choque con el Ejecutivo ha llegado a niveles desconocidos y el mundo empresarial hace años que comenzó a endurecer su discurso contra unas políticas que considera dañinas para España por entender que atentan contra la libertad de empresa . Se quejan de que ni pinchan ni cortan en las decisiones y de que no son consultadas, como así ha ocurrido tradicionalmente con todos los gobiernos. «Desayunarse las medidas en los medios de comunicación o tras declaraciones públicas es lo habitual. Las empresas están al margen de las decisiones. Ni nos consultan, ni nos escuchan», resalta una fuente empresarial a este diario. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el Ejecutivo fracturó la negociación colectiva para dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales, por exigencia del PNV, o cuando endureció el despido colectivo por imposición de EH Bildu.Noticia Relacionada Organización Internacional del Trabajo estandar Si La OIT pone en vigilancia al Gobierno tras denunciar CEOE que incumple sus convenios Susana Alcelay Las legislaturas han estado salpicadas de cambios que afectan a la empresas tomados por la puerta de atrás. Más de 30 modificaciones de calado que afectan a los negocios se han adoptado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al margen de las empresas, saltándose el diálogo social. Pasos que provocaron que la OIT pusiera en vigilancia a España por incumplir la obligación de los países miembros de garantizar el diálogo tripartito y las «consultas efectivas». Con Díaz el diálogo social han saltado por los aires; su reducción de jornada hasta las 37,5 horas sin recorte de sueldo le ha vuelto a enfrentar a la organización que dirige Antonio Garamendi . La jornada, como los sueldos o los turnos, son materia que debe decidirse en el seno de los negocios, entre empresarios y representante de los trabajadores, pero la ministra de Trabajo decidió que cambiaría por ley la semana laboral, con o sin acuerdo, y sin tener en cuenta los sectores.Así, dirigir la vida de los empresarios se ha convertido en algo frecuente. La prohibición de despedir durante el Covid a los que hubieran cobrado ayudas públicas ,o el anuncio de Díaz de volver a hacerlo si Trump lleva a término sus amenaza arancelaria han sido mal encajado por la patronal. «Supone poner en duda, de forma interesada, la actitud de la mayoría de las empresas, que ha demostrado su compromiso con el empleo», dijo CEOE. Pero la intrusión en la vida de las empresas ha tenido mucho más recorrido desde que gobierna Sánchez. La última secuencia fue el amago de limitar las universidades privadas por entender que van en contra de la «igualdad de oportunidades». «La universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos», dijo el presidente, desatando una tormenta en el mundo político y económico. El caso de Muface La sanidad privada también están en el epicentro de las decisiones políticas, con frentes que han ido desde las amenazas a la supervivencia de Muface; hasta el Estatuto Marco de Sanidad , en el que se restringe el trabajo en la privada, o el anteproyecto de Ley del Medicamento, que según ha denunciado la patronal «podría ahondar el problema del abastecimiento de medicamentos y amenaza el tejido industrial farmacéutico en España». La estrategia de irrumpir en el sector privado se ha acompañado de mayor intervención en la economía. La Ley de Vivienda fue uno de los casos más evidentes con medidas de amparo de la inquiokupación y los topes al alquiler . Una ecuación frustrada que no ha tenido los efectos deseados: la oferta se ha restringido y el precio de los pisos ha seguido su escalada haciendo de la vivienda el gran problemas que tiene España. El intento de torpedear la opa del BBVA sobre el Sabadell e irrumpir así en el terreno empresarial no es un caso aislado , ha ido precedido de otros muchos movimientos intervencionistas enraizados en una política que ha hecho de la ‘guerra’ con las empresas un ‘modus operandi’. ‘Asaltos’ a firmas estratégicas, injerencias en la negociación colectiva , en la vida de las empresas, intentos de limitar las universidades privadas y de desmantelar Muface o intervenir en la economía con leyes como la de vivienda son sólo algunos episodios, a los que se ha unido una espiral de subida de impuestos y cotizaciones sin precedente. La maniobra para frenar la operación bancaria copa todos los titulares, pero la irrupción en compañías estratégicas está siendo recurrente desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, desde donde mueve los hilos del mundo empresarial; Telefónica, Talgo, Naturgy, Indra o Prisa han estado en el radar, con el fin último de asegurarse el control de accionariado, una participación, o para frenar operaciones de compra por parte del capital extranjero, como ha ocurrido con el operador ferroviario. Las continuas prórrogas del ‘escudo antiopas’, es el arma utilizada para proteger empresas consideradas estratégicas y se ha ido prorrogando desde 2020, ahora hasta 2026. Detener los intentos de compra se convirtió en una cuestión de Estado.Políticas dañidas para EspañaLos tentáculos del Gobierno de coalición han entrado hasta el mismo corazón de las empresas, despreciando la negociación colectiva, o con un mayor control de los despidos. El choque con el Ejecutivo ha llegado a niveles desconocidos y el mundo empresarial hace años que comenzó a endurecer su discurso contra unas políticas que considera dañinas para España por entender que atentan contra la libertad de empresa . Se quejan de que ni pinchan ni cortan en las decisiones y de que no son consultadas, como así ha ocurrido tradicionalmente con todos los gobiernos. «Desayunarse las medidas en los medios de comunicación o tras declaraciones públicas es lo habitual. Las empresas están al margen de las decisiones. Ni nos consultan, ni nos escuchan», resalta una fuente empresarial a este diario. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el Ejecutivo fracturó la negociación colectiva para dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales, por exigencia del PNV, o cuando endureció el despido colectivo por imposición de EH Bildu.Noticia Relacionada Organización Internacional del Trabajo estandar Si La OIT pone en vigilancia al Gobierno tras denunciar CEOE que incumple sus convenios Susana Alcelay Las legislaturas han estado salpicadas de cambios que afectan a la empresas tomados por la puerta de atrás. Más de 30 modificaciones de calado que afectan a los negocios se han adoptado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al margen de las empresas, saltándose el diálogo social. Pasos que provocaron que la OIT pusiera en vigilancia a España por incumplir la obligación de los países miembros de garantizar el diálogo tripartito y las «consultas efectivas». Con Díaz el diálogo social han saltado por los aires; su reducción de jornada hasta las 37,5 horas sin recorte de sueldo le ha vuelto a enfrentar a la organización que dirige Antonio Garamendi . La jornada, como los sueldos o los turnos, son materia que debe decidirse en el seno de los negocios, entre empresarios y representante de los trabajadores, pero la ministra de Trabajo decidió que cambiaría por ley la semana laboral, con o sin acuerdo, y sin tener en cuenta los sectores.Así, dirigir la vida de los empresarios se ha convertido en algo frecuente. La prohibición de despedir durante el Covid a los que hubieran cobrado ayudas públicas ,o el anuncio de Díaz de volver a hacerlo si Trump lleva a término sus amenaza arancelaria han sido mal encajado por la patronal. «Supone poner en duda, de forma interesada, la actitud de la mayoría de las empresas, que ha demostrado su compromiso con el empleo», dijo CEOE. Pero la intrusión en la vida de las empresas ha tenido mucho más recorrido desde que gobierna Sánchez. La última secuencia fue el amago de limitar las universidades privadas por entender que van en contra de la «igualdad de oportunidades». «La universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos», dijo el presidente, desatando una tormenta en el mundo político y económico. El caso de Muface La sanidad privada también están en el epicentro de las decisiones políticas, con frentes que han ido desde las amenazas a la supervivencia de Muface; hasta el Estatuto Marco de Sanidad , en el que se restringe el trabajo en la privada, o el anteproyecto de Ley del Medicamento, que según ha denunciado la patronal «podría ahondar el problema del abastecimiento de medicamentos y amenaza el tejido industrial farmacéutico en España». La estrategia de irrumpir en el sector privado se ha acompañado de mayor intervención en la economía. La Ley de Vivienda fue uno de los casos más evidentes con medidas de amparo de la inquiokupación y los topes al alquiler . Una ecuación frustrada que no ha tenido los efectos deseados: la oferta se ha restringido y el precio de los pisos ha seguido su escalada haciendo de la vivienda el gran problemas que tiene España.  

El intento de torpedear la opa del BBVA sobre el Sabadell e irrumpir así en el terreno empresarial no es un caso aislado, ha ido precedido de otros muchos movimientos intervencionistas enraizados en una política que ha hecho de la ‘guerra’ con las empresas … un ‘modus operandi’. ‘Asaltos’ a firmas estratégicas, injerencias en la negociación colectiva, en la vida de las empresas, intentos de limitar las universidades privadas y de desmantelar Muface o intervenir en la economía con leyes como la de vivienda son sólo algunos episodios, a los que se ha unido una espiral de subida de impuestos y cotizaciones sin precedente.

La maniobra para frenar la operación bancaria copa todos los titulares, pero la irrupción en compañías estratégicas está siendo recurrente desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, desde donde mueve los hilos del mundo empresarial; Telefónica, Talgo, Naturgy, Indra o Prisa han estado en el radar, con el fin último de asegurarse el control de accionariado, una participación, o para frenar operaciones de compra por parte del capital extranjero, como ha ocurrido con el operador ferroviario. Las continuas prórrogas del ‘escudo antiopas’, es el arma utilizada para proteger empresas consideradas estratégicas y se ha ido prorrogando desde 2020, ahora hasta 2026. Detener los intentos de compra se convirtió en una cuestión de Estado.

Políticas dañidas para España

Los tentáculos del Gobierno de coalición han entrado hasta el mismo corazón de las empresas, despreciando la negociación colectiva, o con un mayor control de los despidos. El choque con el Ejecutivo ha llegado a niveles desconocidos y el mundo empresarial hace años que comenzó a endurecer su discurso contra unas políticas que considera dañinas para España por entender que atentan contra la libertad de empresa. Se quejan de que ni pinchan ni cortan en las decisiones y de que no son consultadas, como así ha ocurrido tradicionalmente con todos los gobiernos. «Desayunarse las medidas en los medios de comunicación o tras declaraciones públicas es lo habitual. Las empresas están al margen de las decisiones. Ni nos consultan, ni nos escuchan», resalta una fuente empresarial a este diario. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el Ejecutivo fracturó la negociación colectiva para dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales, por exigencia del PNV, o cuando endureció el despido colectivo por imposición de EH Bildu.

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