Miles de pasajeros varados entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre en la vía del AVE podrían quedarse sin compensación.
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El caos ferroviario que afectó a más de 10.000 pasajeros entre Madrid y Andalucía ha dejado secuelas más allá de los andenes.
Aunque Renfe ha reconocido la incidencia, muchos viajeros podrían quedarse sin compensación por los billetes, y el motivo es una palabra clave: sabotaje.
El suceso tuvo lugar entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes, cuando un robo de cables en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla paralizó la señalización en varios tramos. El resultado: más de 30 trenes detenidos, hasta seis horas de retraso y miles de afectados atrapados.
La respuesta de Renfe
Renfe respondió retrasando una hora las salidas mientras se realizaban las labores de reparación. La circulación comenzó a normalizarse el lunes por la mañana, pero los efectos del incidente se prolongaron durante todo el día.
El Gobierno no tardó en calificar los hechos como un ‘sabotaje’, una interpretación que no es menor. Esa etiqueta tiene consecuencias directas en las posibles reclamaciones por parte de los pasajeros: si se confirma que el motivo fue un acto deliberado, la compañía ferroviaria podría quedar exenta de pagar indemnizaciones.
Renfe ya ha indicado que contempla el sabotaje entre las causas que excluyen el derecho a compensación. Así lo recogen sus condiciones generales y, además, se ampara en el Reglamento 2021/782 del Parlamento Europeo, que permite a las empresas ferroviarias no pagar indemnizaciones cuando demuestran que el retraso se debe a causas extraordinarias fuera de su control.
Entre estas causas se mencionan fenómenos meteorológicos extremos, acciones policiales, crisis sanitarias, actos de terrorismo y, efectivamente, el sabotaje. La clave está en determinar si lo ocurrido encaja legalmente en esa categoría.
Por ahora, el Ministerio de Transportes ha confirmado que la investigación sigue abierta y está en manos de la Guardia Civil. Desde el ámbito judicial, aún no se ha calificado formalmente el suceso, lo que deja en el aire las reclamaciones de los usuarios.
Según fuentes de ADIF, la rapidez en calificar el incidente como sabotaje puede tener efectos paralizantes: muchas reclamaciones podrían quedar en suspenso hasta que se esclarezcan los hechos.
Esto juega a favor de la operadora, ya que el grueso de las solicitudes de devolución se presenta en las primeras 24 horas tras el retraso. Pasado ese margen, el volumen cae drásticamente.
El plazo máximo para reclamar una indemnización es de tres meses, pero cuanto más tiempo pase sin una respuesta clara, más probable es que muchos usuarios renuncien a reclamar.
La controversia también tiene un trasfondo político. El Ejecutivo ha recurrido en otras ocasiones al concepto de ‘sabotaje’ para justificar fallos en infraestructuras. Esta vez, la tesis oficial también parece ir por ese camino, pese a que fuentes de la Guardia Civil apuntan a una explicación más sencilla: un robo común.
En resumen, aunque la normativa reconoce el derecho de los viajeros a recibir indemnización en casos de cancelación o retraso, hay excepciones. Si se confirma el sabotaje como causa principal, Renfe podría legalmente evitar los reembolsos. Sin embargo, hasta que no haya una resolución definitiva, los viajeros aún pueden (y deben) presentar sus reclamaciones.
elespanol – Sociedad
