Una sentencia da la razón a la Generalitat en el rescate del Eix Transversal

La Generalitat decidió en 2022 liquidar la concesión que mantenía con la compañía Cedinsa del Eix Transversal (la carretera C-25) entre Cervera y Caldes de Malavella desde 2007. Era una idea que había surgido del Govern de ERC y Junts y que acabaron ejecutando los republicanos cuando ya gobernaban en solitario. Su decisión suponía pagar unos 482 millones al instante pero obtener en las dos décadas siguientes un ahorro de unos 800 millones de euros si se optaba por gestionarla con recursos propios de la Administración. A Cedinsa, sin embargo, no le gustó la idea y llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con un recurso que ha caído en saco roto. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo da la razón a la Administración catalana. La concesionaria tiene opción de recurrir ante el Supremo.

El Govern tomó la decisión aduciendo la ventana de oportunidad que le ofrecía el contrato, que permitía rescindirlo en tres momentos concretos: cuando la concesión cumpliera 10, 15 o 20 años desde que se notificara la adjudicación. Cuando se tomó la decisión, se optaba por el año 15. No obstante, en su recurso, Cedinsa, propiedad del grupo francés Vauban Infraestructure Partners, argumentaba que la Generalitat decidió resolver de forma anticipada la concesión en su año 16, fuera de plazo; que la resolución contravenía la normativa vigente y aprobada en 2017; y que el Departamento de Economía incurrió en una “absoluta falta de motivación, sin acreditar las razones de interés público que lo justificaran”; y porque el rescate se pagó con partidas presupuestarias que no estaban pensadas para esa resolución de conmtrato, según reza la sentencia del TSJC. Por eso, Cedinsa reclamaba daños y perjuicios por la pérdida del contrato de una carretera calificada como de peaje a la sombra, en la que es la Administración la que paga teniendo en cuenta los vehículos que hacen uso de ella.

Los magistrados del TSJC consideran que la ventana temporal para realizar el rescate de la Generalitat “se ajusta más a los términos en que viene redactada la cláusula”. Sobre la falta de argumentación, el fallo señala que “el interés público” ya estaba suficientemente motivado por “el ahorro presupuestario y financiero” que conseguía la Administración. Así, también defiende que la Generalitat puede poner fin a la concesión “sin pacto alguno” y subraya que la oferta de Cedinsa para hacerse con el contrato de construcción y explotación de la carretera se benefició de 30 puntos en la licitación “por haber ofertado el menor de los denominados precios de reversión para el caso de que la Generalitat ejerciera su facultad de rescate anticipado y unilateral”. Y sobre las partidas presupuestarias utilizadas para liberar la infraestructura, la sentencia señala que se modificaron créditos presupuestarios para que la Generalitat pudiera efectuar el pago a la concesionaria.