Isabel Díaz Ayuso insiste en que la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene otro objetivo que el electoralista. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto este domingo a propagar el bulo de que los inmigrantes podrán votar en las elecciones generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en su artículo 2 que “el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. En la clausura de la II jornada intermunicipal del PP de Madrid, celebrada este domingo en San Lorenzo de El Escorial, ha negado que el Gobierno central quiera regularizar a más de medio millón de personas sin papeles en España por “humanidad” (como le respondió Sánchez al magnate Elon Musk en su cuenta de X), sino por simple “manipulación” del censo. También ha vuelto a hablar sobre la inmigración esta mañana, en entrevista con Ana Rosa Quintana: “El Gobierno necesita ciudadanos pobres [en referencia a los inmigrantes] para vivir de la pancarta y la subvención”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el Gobierno central solo quiere sacar provecho propio de la medida y colapsar los servicios públicos
Isabel Díaz Ayuso insiste en que la regularización extraordinaria de migrantes que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene otro objetivo que el electoralista. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto este domingo a propagar el bulo de que los inmigrantes podrán votar en las elecciones generales de 2027, cuando, en realidad, la Constitución española deja claro en su artículo 2 que “el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad”, es decir, a aquellos que tienen nacionalidad española, no solo residencia. En la clausura de la II jornada intermunicipal del PP de Madrid, celebrada este domingo en San Lorenzo de El Escorial, ha negado que el Gobierno central quiera regularizar a más de medio millón de personas sin papeles en España por “humanidad” (como le respondió Sánchez al magnate Elon Musk en su cuenta de X), sino por simple “manipulación” del censo.
El Gobierno de Pedro Sánchez, pactado con Podemos, tramita esta regularización extraordinaria para extranjeros que ya se encuentran en España, desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de estancia en el territorio nacional, a través de un real decreto, por lo que la medida no pasará por el Congreso de los Diputados, en el que difícilmente recibiría el visto bueno. Que los migrantes obtengan papeles no significa que automáticamente adquieran la nacionalidad, sino que ese beneficio se puede solicitar una vez las personas hayan tenido la residencia entre dos años (en el caso de gran parte de los países iberoamericanos) y una década (en el caso del resto de extranjeros).
La primera reacción del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo fue la misma que la de Ayuso: el Ejecutivo nacional quiere “alterar el censo electoral”. Sin embargo, el partido reculó el pasado viernes cuando su vicesecretaria encargada de los asuntos de inmigración, Alma Ezcurra, reconoció en RNE que los extranjeros regularizados solo podrán votar “a medio plazo”, pero no en las próximas generales ni en las municipales, previstas para 2027.
Ayuso obvió el domingo el argumento y volvió a señalar al Gobierno de Sánchez por intentar que en los comicios municipales y autonómicos de 2027 pueda votar “un millón más que en 2023″. No hay cifras oficiales de cuántas personas se encuentran en situación irregular en España, pero se calcula que la cifra de beneficiados con esta medida sea de más de medio millón, aunque otros organismos calculan que podrían ser más de 800.000. Según cree la presidenta, esta no es la única manera en la que están utilizando a la inmigración, porque también lo hacen para “transformar culturalmente a España y así lo ha reconocido Podemos”.
La presidenta ha querido mostrarse preocupada por lo que, supuestamente, esta regularización masiva significaría para los servicios públicos que dependen principalmente de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. “No están mirando cómo puede integrar a estas personas que van a poder, por arraigo, traer a otras tantas. Por eso no saben ni de las cifras de las que están hablando. Es decir, el Gobierno invita y las comunidades autónomas gestionamos todos los desastres que el Gobierno causa”, ha dicho Ayuso.
“No estudian cuántas viviendas deberíamos construir, cuántos médicos habilitar, porque cuando colapsen los servicios públicos nosotros estaremos aquí, y ellos, a la pancarta. Si la realidad no sale como yo quiero, la culpa es de la fachosfera”, continuó su queja la baronesa. Está convencida, además, de que la regularización tendrá efecto llamada, porque los familiares de los que consigan los papeles con esta nueva medida podrán venir también a España. “Otro millón, o dos, o tres millones más” de personas, ha calculado, sin base, a pesar de que otras regularizaciones extraordinarias ocurridas en el pasado han demostrado que no ha existido luego efecto llamada alguno.
La nueva polémica sirve para darle fuerza a su enfrentamiento político constante con el Gobierno central, al que ha acusado este domingo de estar “atado” al poder por la corrupción. “Eres tú, señor presidente, el que durante los últimos años has puesto a tres ministros distintos que han parado la corrupción, el desastre, el desgaste y el desincentivo y la desinversión en la red ferroviaria española. Por eso él debería dimitir”, ha pedido Ayuso a Sánchez por enésima vez.
España, dice, va al “choque sin cuartel” con el objetivo de convertirse en un país “de jubilación, subsidio y gasto público desaforado, mientras el mundo real va por otro sitio”. “¿Qué futuro le vamos a dejar a un país envejecido, donde solo todo es gasto público en pensiones, en subvenciones y más gasto?”, se ha preguntado. Varios estudios sobre el impacto de la regularización de migrantes que se han realizado confirman que los efectos económicos de este tipo de medidas son positivos. El impacto sobre el mercado de trabajo y sobre las finanzas públicas puede alcanzar entre 3.300 euros y 4.000 euros por cada persona regularizada, por el efecto combinado de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, teniendo en cuenta, además, que en comparación el gasto en servicios públicos es reducido.
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