La Comisión Europea ha insistido en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes acogidos en la regularización masiva del Gobierno.
Más información: Bruselas insiste en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes regularizados que traten de desplazarse por la UE La Comisión Europea ha insistido en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes acogidos en la regularización masiva del Gobierno.
Más información: Bruselas insiste en que España deberá hacerse cargo de los inmigrantes regularizados que traten de desplazarse por la UE
Las claves
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La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente en Bruselas.
Aunque la Comisión Europea insiste en que estas decisiones son competencia exclusiva de cada Estado miembro, también ha dejado claro que tienen límites: quienes obtengan un permiso de residencia en España no podrán trasladarse libremente a otros países de la Unión.
El mensaje desde las instituciones europeas es claro. Un permiso nacional no equivale a libertad automática de movimiento dentro del espacio comunitario.
En la práctica, esto implica que si una persona regularizada en España se desplaza a otro país y no cumple sus requisitos legales, podrá ser devuelta a territorio español. La responsabilidad recae, por tanto, en el país que concedió ese permiso.
El portavoz de Migración de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, lo expresó con claridad al recordar que, aunque la regularización es una competencia nacional, los Estados deben garantizar que sus decisiones no alteren el funcionamiento del sistema común.
En ese sentido, subrayó que cualquier persona «con un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al país que emitió el permiso«.
Esta posición cobra especial relevancia tras el anuncio del Ejecutivo, que prevé regularizar a más de medio millón de inmigrantes mediante un Real Decreto.
La medida permitirá obtener una autorización de residencia de un año a quienes acrediten un tiempo mínimo de estancia en España y carezcan de antecedentes penales graves, además de suspender los procedimientos de expulsión en curso.
Desde Bruselas evitan valorar directamente el fondo de la iniciativa, pero sí recalcan sus implicaciones.
La normativa europea en materia de retorno y asilo establece mecanismos claros para evitar movimientos dentro de la Unión. Es decir, que una regularización en un país no puede convertirse en una puerta de entrada indirecta al resto del espacio Schengen.
De hecho, el comisario europeo de Interior e Inmigración ya había advertido de este punto meses atrás, al señalar que un permiso de residencia nacional «no es un cheque en blanco» para circular libremente por la UE.
Además, insistió en que los Estados deben evaluar cuidadosamente el impacto de sus decisiones en el conjunto de socios europeos.
La reacción en varias capitales no se ha hecho esperar. Algunos gobiernos ven con preocupación el posible efecto llamada que podría generar una regularización de gran escala en España.
Temen que esta medida no solo atraiga a más inmigrantes, sino que también incentive su posterior desplazamiento hacia otros países europeos en busca de mejores condiciones.
Este enfoque choca con la línea predominante en la Unión Europea, que en los últimos años ha endurecido su política migratoria.
El objetivo es reforzar el control de fronteras, combatir las redes de tráfico de personas y aumentar las devoluciones de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario.
El Español – Sociedad
