La XV legislatura continúa su marcha endemoniada, en un contexto de crisis política siempre a punto de estallar, pero en la que el Gobierno logra algunos jueves el alivio de reeditar aquella mayoría de investidura para que el Congreso respalde algunos proyectos o decretos, sobre todo de interés general. Eso sí, con el rechazo permanente de PP y Vox. El Congreso impulsó así este jueves dos leyes paradas y convalidó dos reales decretos ley con contenidos difícilmente cuestionables: uno para conceder ayudas fiscales a 26 eventos y acontecimientos culturales, sociales y científicos bien asentados y otro para dotar de una lluvia de millones pendientes a autonomías y ayuntamientos. Junts precisó que esos resultados no deberían apuntarse “como un éxito del Gobierno”. PP y Vox insistieron en exigir elecciones ya en todos los puntos a debate por los casos de corrupción que se agolpan en los juzgados.
Todos los partidos menos Vox y PP refrendan ayudas fiscales a 26 actividades de interés general y dar más dinero a autonomías y ayuntamientos
La XV legislatura continúa su marcha endemoniada, en un contexto de crisis política siempre a punto de estallar, pero en la que el Gobierno logra algunos jueves el alivio de reeditar aquella mayoría de investidura para que el Congreso respalde algunos proyectos o decretos, sobre todo de interés general. Eso sí, con el rechazo permanente de PP y Vox. El Congreso impulsó así este jueves dos leyes paradas y convalidó dos reales decretos ley con contenidos difícilmente cuestionables: uno para conceder ayudas fiscales a 26 eventos y acontecimientos culturales, sociales y científicos bien asentados y otro para dotar de una lluvia de millones pendientes a autonomías y ayuntamientos. Junts precisó que esos resultados no deberían apuntarse “como un éxito del Gobierno”. PP y Vox insistieron en exigir elecciones ya en todos los puntos a debate por los casos de corrupción que se agolpan en los juzgados.
Al final de la jornada, el Parlamento votó 16 asuntos, aunque seis eran la mera ratificación de convenios internacionales, uno de ellos con Francia que el PP rechazó. El Gobierno marcó a su favor 14 votaciones y perdió solo dos. Entre las propuestas que prosperaron destacan dos decretos ley y el desbloqueo de dos leyes. El Parlamento impulsó así por primera vez en seis meses dos proyectos legislativos del Gobierno, el del cine y la mejora de las condiciones en el sector de la educación, en este caso con una extraña combinación: PP y Vox se unieron a la izquierda para rechazar las enmiendas que pedían la devolución de Junts y PNV.
Una de las dos derrotas del día fue significativa, porque se trató de la moción del PP sobre la debilidad del Gobierno para la que la Mesa de la Cámara impidió que se produjera una votación a las enmiendas de Junts y de los populares que requerían al presidente anticipar la convocatoria electoral. Esa moción mutilada prosperó con 177 votos a favor frente a 164 en contra y la abstención de PNV y Coalición Canaria. El PP votó con el Gobierno y toda la Cámara (314 escaños) contra una moción de Vox para dar prioridad nacional a los españoles en el acceso a la vivienda social. En el contaminado clima político actual, cada votación, victoria o derrota, se aplaudió como si se jugase la final del Mundial.
El primer decreto ley que refrendaron este jueves las Cortes lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de mayo para declarar un total de 26 “iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público derivada de su relevancia cultural, deportiva, su dimensión internacional, su incidencia económica y el impacto social que generan” (BIC). Parecería un asunto incontrovertible, pero ya no los hay en la España política, más pendiente a diario de todo tipo de juzgados y sumarios que del hemiciclo de las Cortes.
En su discusión, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, se empeñó en destacar la relevancia incuestionable de la celebración del 30.º aniversario de la reapertura del Teatro Real; el 50.º aniversario del Festival de Teatro Clásico de Almagro; el 120.º aniversario del Palau de la Música; el 10.º aniversario del Mad Cool Festival; el nombramiento de Jerez de la Frontera como Capital Española de la Gastronomía 2026; la conmemoración del Año Goya en el bicentenario del fallecimiento del pintor; el 75.º aniversario del Festival Internacional de Santander; el 65.º del Festival de Cante de las Minas de la Unión; el 30.º del Sonorama Riberay 60.º del Festival de Sitges; los 100 años del nacimiento del escritor José Manuel Caballero Bonald, del pintor y dibujante Josep Guinovart y de la botadura del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano. La lista de eventos beneficiados se completa, entre otros, con Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela; The Ocean Race Atlantic-New York-Barcelona; Camino a la Ryder Cup 2031 o el Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV a España y la Final de la UEFA Champions League Masculina 2027.
PP y Vox sí hallaron la fórmula y manera para oponerse a catalogar como de urgente necesidad esos acontecimientos y coincidieron en concluir que el Gobierno los promueve para tapar sus problemas de corrupción y exigir ya elecciones generales. La representante ultra, Blanca Armario, obvió el sentido del debate y se lo llevó al retrato catastrofista habitual de Vox sobre la inseguridad general y para las mujeres en España por culpa fundamentalmente de la inmigración descontrolada. Míriam Guardiola, del PP, hasta descalificó alguno de los eventos porque observó en los mismos “sectarismo ideológico”.
El segundo decreto ley pretendía desbloquear una serie de ingentes recursos económicos para las comunidades autónomas y ayuntamientos que llevan paralizados meses porque los partidos de la derecha parlamentaria no los quieren asumir sin que se resuelvan antes un nuevo sistema de financiación autonómica y la presentación de los primeros Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura. PP y Junts vetaron esos intentos porque en otras ocasiones se intentó colar en el mismo una medida que suponía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables en ciertos casos y la relacionaban con favorecer la okupación.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, explicó en su exposición que su objetivo no era acometer ninguna reforma estructural del sistema de financiación, sino solo entregar el dinero pendiente de recibir para las autonomías y ayuntamientos de 2026, que en total suma 170.300 millones de euros para las comunidades, un 7,7% más que el año anterior y un 64% más que en 2018, que es el último ejercicio del anterior ejecutivo del PP; y 29.247 millones para los consistorios, un 8,8% más que en 2025 y un 67,5% más que en 2018. España evitó todo lo que pudo entrar en polémicas, pero sí apuntó que esas dotaciones se destinan a las administraciones locales para gestionar los servicios públicos esenciales y metió ahí la pulla de que muchas las destinan para rebajas fiscales y privatizaciones.
BNG, Compromís, EH Bildu, PNV, Podemos, Sumar y ERC se pronunciaron a favor de esas aportaciones, aunque con matizaciones sobre la falta de Presupuestos o la rigidez de la ley de estabilidad que constriñe a los municipios. Junts se apuntó directamente el decreto entero como suyo y lo apoyó. Vox lo rechazó de plano por provenir del gobierno “del autócrata” de Pedro Sánchez y su “vorágine legislativa a través de 170 decretos”, muchos de ellos que no ven de urgente necesidad. Argumentos que suscribió el diputado del PP, Ángel Ibáñez, que reprochó al ministro llegar tarde con este decreto y “al ocaso del sanchismo”. Ibáñez cuestionó de origen que las autonomías del PP bajen impuestos o privaticen y le echó en cara al ministro una comparación en la que situó en primer lugar en gasto social a Murcia, Castilla y León y Andalucía, frente a las que menos invierten en esas partidas y más en proyectos “superfluos” entre las que situó Navarra y Cataluña, del PSOE. El ministro no dio lugar a más polémicas o enfrentamientos y agradeció a PP y Vox que al menos no le hubieran gritado.
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