Las acusaciones ya han enseñado todas sus armas en el juicio del caso Kitchen, que afronta su recta final este julio en la Audiencia Nacional. Esta semana, la Fiscalía Anticorrupción fue la primera en exponer ante el tribunal su alegato final y aprovechó para describir cómo la “cúpula” del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy puso en marcha en 2013 un plan de espionaje contra el extesorero popular Luis Bárcenas. El ministerio público lo definió como un “operativo parapolicial delictivo”, que buscaba “sustraer” documentos “comprometedores” que el excontable del PP aún podía guardar de altos cargos del partido para, de esta forma, “boicotear” y “obstaculizar” el caso Gürtel, que entonces acorralaba a la formación. “Tenía por objetivo quitarle los papeles que comprometían al presidente”, remachó la Abogacía del Estado, que tomó la palabra después.
La Fiscalía y el resto de acusaciones aprovechan sus últimos alegatos para destacar múltiples indicios que “acreditan” la implicación de Fernández Díaz y sus subordinados en el espionaje a Bárcenas
Las acusaciones ya han enseñado todas sus armas en el juicio del caso Kitchen, que afronta su recta final este julio en la Audiencia Nacional. Esta semana, la Fiscalía Anticorrupción fue la primera en exponer ante el tribunal su alegato final y aprovechó para describir cómo la “cúpula” del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy puso en marcha en 2013 un plan de espionaje contra el extesorero popular Luis Bárcenas. El ministerio público lo definió como un “operativo parapolicial delictivo”, que buscaba “sustraer” documentos “comprometedores” que el excontable del PP aún podía guardar de altos cargos del partido para, de esta forma, “boicotear” y “obstaculizar” el caso Gürtel, que entonces acorralaba a la formación. “Tenía por objetivo quitarle los papeles que comprometían al presidente”, remachó la Abogacía del Estado, que tomó la palabra después.
A ambas acusaciones públicas se sumaron la particular (ejercida por la familia Bárcenas) y las populares (PSOE y Podemos), que ampliaron la batería de pruebas presentadas a los magistrados para intentar conseguir la condena a cárcel de los antiguos responsables de Interior y de la Policía Nacional, que se sientan en el banquillo encabezados por el exministro conservador Jorge Fernández Díaz —para quien Anticorrupción reclama 15 años de prisión—. El juicio entra ahora en un largo parón y se reanudará el 22 de julio con los alegatos finales de las defensas. Los procesados tratarán de contraatacar para echar por tierra los indicios, que encajan como las piezas de un puzle y que, según el fiscal César de Rivas, “acreditan” que la trama se movió por un “ánimo delictivo”.
Estas son las claves que sustentan una parte de las tesis de las acusaciones:
A la caza de papeles y grabaciones “comprometedoras”. Pasados tres meses del inicio del juicio, la puesta en marcha de la Operación Kitchen ya no está en cuestión. El propio director adjunto operativo (DAO) de la Policía con Rajoy, Eugenio Pino, admitió su existencia durante su declaración, pero alegó que era una actuación legal que buscaba la fortuna que Bárcenas escondía en el extranjero. Sin embargo, la Fiscalía no le cree y mantiene —más allá de las excusas que ahora pongan los imputados— que querían localizar ese material “comprometedor” que guardaba el tesorero y que implicaría a altos cargos del PP. Anticorrupción sostiene que ese “interés” espurio ha quedado demostrado en la vista y se apoya, entre otras pruebas, en los diarios del comisario José Manuel Villarejo, donde el turbio agente reflejaba sus maniobras, impresiones y conversaciones. Los cuadernos del policía, que tuvo un papel protagonista en la trama y se encargó de captar como confidente al chófer de Bárcenas, incluyen multitud de apuntes con detalles del espionaje y sobre, según la acusación, su verdadero objetivo. “El 5 de febrero de 2013, anota el ‘posible destino de documentos de LB en casa de su madre en Riaza”, recordó el fiscal César de Rivas, que enumeró muchos otros, vinculados a contactos con Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad y mano derecha del ministro. El 20 de febrero de ese año escribió: “Grabaciones Barcen [sic]”. El 11 de julio: “Plan contra LB. Intervenc., comunicaciones y registros”. El 16 de julio: “Problemática por posibles grabaciones de LB”…
Esa finalidad “bastarda”, en palabras del ministerio público, se tradujo en que no se informó de nada al grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ya investigaba a Bárcenas bajo mandato y supervisión de la Audiencia Nacional. Así lo confirmó el inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel. “Kitchen se ejecutó mediante una estructura paralela, bajo directrices político-operativas y al margen de la autoridad judicial”, añadió la Abogacía del Estado.
Captación del chófer. Tampoco quedan dudas ya de que Sergio Ríos, que trabajaba como conductor del extesorero, fue reclutado. Lo confirmó él mismo al tribunal, así como Pino, Villarejo y el comisario Andrés Gómez Gordo, que también se encargó de controlarlo y de pagarle con dinero de los fondos reservados (un extremo ratificado por los recibís incorporados al sumario). La cuestión de fondo, por tanto, es qué información proporcionó, si lo aleccionaron para localizar ese material sensible y si, incluso, llegó a sustraer aparatos electrónicos a Bárcenas que facilitó a la trama. Para las acusaciones, todo ello ha quedado acreditado y echan mano, no solo de las agendas de Villarejo (donde llega a anotar sobre Ríos: “Al principio desconfiado, después ya se ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2.000 y tfno., después todo lo demás”), sino de los audios que el comisario captó a escondidas y que evidencian la relación que tejió con él. En una de esas grabaciones, el policía insta al confidente a localizar grabaciones que el contable del PP podía guardar de conversaciones con Rajoy y Javier Arenas: “Es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para encontrarlo, macho”, le apretó.
El ministro tenía “el control”. Gran parte de los esfuerzos de las acusaciones se centraron esta semana en tratar de demostrar a los magistrados que la línea de puntos conduce hasta Fernández Díaz, que ha asegurado siempre que nunca supo nada de Kitchen. “No sabía que existía”, insistió al tribunal. Como principales indicios contra él se esgrimen el propio testimonio de Francisco Martínez (que repite que el ministro le llamó en julio de 2013 para interesarse por la captación del chófer) y los mensajes de móvil que el exsecretario de Estado aportó a la Audiencia y que, según dijo, le envió su jefe durante el despliegue de la operación. Uno de esos SMS dice: “Chófer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora esa función con su mujer)”; y está fechado el 13 de julio de 2013, “justo cuando se anotó la captación en las agendas de Villarejo”, precisó el fiscal. Según ahondó la Abogacía, otro reza así: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhones y 1 iPad). Mañana tendremos el informe”.
El exdirigente del PP niega la versión de su exnúmero dos y la autoría de esos SMS, pero las acusaciones inciden en que constan más indicios de que “participó” en la trama y tenía el “control”. Anticorrupción recordó que Villarejo plasmó en sus diarios cómo Pino le contó en septiembre de 2013 que iba a comunicar “novedades del cocinero” (sobrenombre usado para el chófer) al “número uno”, en supuesta referencia a Fernández Díaz; y la Abogacía leyó un apunte que reza “anoche el minis [sic] quería hablar sobre grabaciones”. Además, el PSOE profundizó en que, según las comunicaciones y audios intervenidos, los controladores del conductor reportaban a Martínez, que operaba como “enlace político”. “Y se aporta de la lógica que no diera cuenta de todo a Fernández Díaz”, subrayó el fiscal.
Existe otra prueba que, en opinión de Podemos, adquiere relevancia. Es una nota que intervinieron al exsecretario de Estado cuando ya se encontraba cercado y donde escribió: “Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia”.
Tras los pasos de la esposa. El espionaje a Rosalía Iglesias, pareja de Bárcenas, ha quedado igualmente constatado. Numerosos agentes de la Policía, que participaron en los seguimientos a la mujer y su entorno por órdenes de sus superiores, se lo confirmaron a los jueces, que pudieron ver también las actas que elaboraron con los detalles de las vigilancias e, incluso, imágenes que captaron. “Se trataron de actuaciones extraprocesales”, recalcó la Abogacía del Estado, que la UDEF “nunca demandó ni consideró necesarias”.
Espionaje en prisión. “Bárcenas fue sometido también a un control en el centro penitenciario de Soto del Real”, apostilló el fiscal. Villarejo no solo recogió en sus agendas numerosos datos e información precisa sobre la estancia del extesorero en la cárcel, sino que guardaba documentación del extesorero (entre otra, anotaciones manuscritas de la esposa). El ministerio público destaca su importancia, ya que se incorporó un audio de Villarejo de 14 de marzo de 2014 donde, según especificó, se escucha cómo Francisco Martínez le entrega papeles (“son para ti”) y cómo hablan de su contenido, que coincide con el material encontrado al comisario. Es más, el 15 de marzo, el policía anotó en sus diarios: “Entrega de notas de LB”.
Proyecto paralelo. Las acusaciones concluyeron que Kitchen no fue el único intento de boicotear el caso Gürtel por parte de la cúpula policial. El fiscal explicó que se encontró en poder de Villarejo documentación sobre el llamado Proyecto SMP, un plan “simultáneo” dirigido “a localizar e identificar” supuestas irregularidades “que podían dar lugar a la nulidad del caso Gürtel”: “Y eso se hace por parte de un comisario en activo de la Policía”. Entre otro material, se halló una nota sobre esa estrategia y un presupuesto de 15 millones de euros. La Fiscalía vincula esa maniobra con el fallecido Ignacio Peláez, que era el abogado de varios investigados próximos al PP.
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