Las razones esgrimidas por Donald Trump para levantar su polémica sala de fiestas en el ala Este de la Casa Blanca han evolucionado con el tiempo. En un principio, cuando a finales del año pasado los estadounidenses vieron con estupor cómo las excavadoras hacían trizas buena parte de la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. lo justificó en la necesidad de tener un espacio adecuado para las ceremonias gubernamentales. Grandes ocasiones, como cenas de Estado, recepciones multitudinarias, eventos artísticos, necesitaban una sala descomunal y opulenta como la que él ha proyectado. Pero ante el enfado de parte de la sociedad y las demandas de grupos de preservación patrimonial, Trump modificó sus argumentos para centrarlos más como un asunto de seguridad: la sala de fiestas forma parte de un entramado de seguridad, con un escudo antidrones y un búnker de emergencia para proteger a los miembros del ejecutivo. Una necesidad acuciante, en especial a la luz de los repetidos intentos de asesinato del presidente.Desde hace semanas, cuando el multimillonario neoyorquino habla de su anhelada sala de fiestas no se olvida de decir que es un «complejo militar». El problema es que ese búnker ya existe.Según aseguraron dos ex altos cargos del Gobierno de EE.UU. a ‘The Washington Post’, hay un complejo de seguridad para el presidente de EE.UU., su Gobierno, miembros del poder ejecutivo y acompañantes hundido bajo la Casa Blanca.El búnker está a casi veinte metros de profundidad , excavado en el suelo rocoso de Washington y está preparado para soportar una explosión nuclear. Se accede a él por un ascensor privado, tiene salida de aire propia y puede alojar a decenas de personas durante meses.Su existencia era algo de lo que se discutía en EE.UU. hace tiempo. El periodista Ronald Kessler habló del proyecto en un libro que publicó en 2018. La necesidad del búnker surgió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 . Entonces solo existía el llamado Centro Presidencial de Operaciones de Emergencias (PEOC, en sus siglas en inglés), un complejo construido en la Segunda Guerra Mundial, pequeño y anticuado. Durante los atentados, el entonces vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, se resguardó allí, al igual que la primera dama, Laura Bush (al presidente, George W. Bush, los ataques le sorprendieron en Florida). El búnker secreto se acabó durante la presidencia de Barack Obama. Los rumores sobre un proyecto de ese tipo ya circulaban antes del libro de Kessler. La agencia Associated Press ya reveló unas obras teñidas de mucho secretismo en 2012, en las inmediaciones del Despacho Oval y de la residencia del presidente. «Es un búnker, ¿verdad? Tiene que ser un búnker?», escribió en una crónica Christian Davenport, en el mismo ‘Post’, sobre unas obras de las que se debatía en Washington.Ese búnker, según los ex altos cargos que han hablado con el diario de la capital de EE.UU., perjudica los argumentos legales de la Administración Trump en la demanda interpuesta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica : que la sala de fiestas y el complejo militar que esconde son necesarios por motivos de seguridad nacional, para asegurar la continuidad de Gobierno en caso de un ataque o emergencia. Porque esas necesidades ya están cubiertas. De hecho, según esas fuentes, a Trump le enseñaron el búnker secreto cuando desembarcó en la Casa Blanca.Las revelaciones ocurren en medio de la batalla legal desatada por esa demanda. Tanto un juez de Washington como el tribunal de apelación se inclinaron a favor de los demandantes y exigieron a Trump que parara las obras por no contar con la aprobación del Congreso para unas obras que cambian por completo la cara de la Casa Blanca.Las obras, sin embargo, han continuado mientras Trump interponía recursos y, según la Casa Blanca, están terminadas al 65%. Es un proyecto de unos 600 millones de dólares en el que el presidente busca terminar a toda velocidad: los operarios trabajan 20 horas al día, siete días a la semana.Todo está en manos del Tribunal Supremo. Por ahora, lo que ha decidido, es que las obras sigan adelante mientras se trata el fondo de la cuestión. Las razones esgrimidas por Donald Trump para levantar su polémica sala de fiestas en el ala Este de la Casa Blanca han evolucionado con el tiempo. En un principio, cuando a finales del año pasado los estadounidenses vieron con estupor cómo las excavadoras hacían trizas buena parte de la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. lo justificó en la necesidad de tener un espacio adecuado para las ceremonias gubernamentales. Grandes ocasiones, como cenas de Estado, recepciones multitudinarias, eventos artísticos, necesitaban una sala descomunal y opulenta como la que él ha proyectado. Pero ante el enfado de parte de la sociedad y las demandas de grupos de preservación patrimonial, Trump modificó sus argumentos para centrarlos más como un asunto de seguridad: la sala de fiestas forma parte de un entramado de seguridad, con un escudo antidrones y un búnker de emergencia para proteger a los miembros del ejecutivo. Una necesidad acuciante, en especial a la luz de los repetidos intentos de asesinato del presidente.Desde hace semanas, cuando el multimillonario neoyorquino habla de su anhelada sala de fiestas no se olvida de decir que es un «complejo militar». El problema es que ese búnker ya existe.Según aseguraron dos ex altos cargos del Gobierno de EE.UU. a ‘The Washington Post’, hay un complejo de seguridad para el presidente de EE.UU., su Gobierno, miembros del poder ejecutivo y acompañantes hundido bajo la Casa Blanca.El búnker está a casi veinte metros de profundidad , excavado en el suelo rocoso de Washington y está preparado para soportar una explosión nuclear. Se accede a él por un ascensor privado, tiene salida de aire propia y puede alojar a decenas de personas durante meses.Su existencia era algo de lo que se discutía en EE.UU. hace tiempo. El periodista Ronald Kessler habló del proyecto en un libro que publicó en 2018. La necesidad del búnker surgió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 . Entonces solo existía el llamado Centro Presidencial de Operaciones de Emergencias (PEOC, en sus siglas en inglés), un complejo construido en la Segunda Guerra Mundial, pequeño y anticuado. Durante los atentados, el entonces vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, se resguardó allí, al igual que la primera dama, Laura Bush (al presidente, George W. Bush, los ataques le sorprendieron en Florida). El búnker secreto se acabó durante la presidencia de Barack Obama. Los rumores sobre un proyecto de ese tipo ya circulaban antes del libro de Kessler. La agencia Associated Press ya reveló unas obras teñidas de mucho secretismo en 2012, en las inmediaciones del Despacho Oval y de la residencia del presidente. «Es un búnker, ¿verdad? Tiene que ser un búnker?», escribió en una crónica Christian Davenport, en el mismo ‘Post’, sobre unas obras de las que se debatía en Washington.Ese búnker, según los ex altos cargos que han hablado con el diario de la capital de EE.UU., perjudica los argumentos legales de la Administración Trump en la demanda interpuesta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica : que la sala de fiestas y el complejo militar que esconde son necesarios por motivos de seguridad nacional, para asegurar la continuidad de Gobierno en caso de un ataque o emergencia. Porque esas necesidades ya están cubiertas. De hecho, según esas fuentes, a Trump le enseñaron el búnker secreto cuando desembarcó en la Casa Blanca.Las revelaciones ocurren en medio de la batalla legal desatada por esa demanda. Tanto un juez de Washington como el tribunal de apelación se inclinaron a favor de los demandantes y exigieron a Trump que parara las obras por no contar con la aprobación del Congreso para unas obras que cambian por completo la cara de la Casa Blanca.Las obras, sin embargo, han continuado mientras Trump interponía recursos y, según la Casa Blanca, están terminadas al 65%. Es un proyecto de unos 600 millones de dólares en el que el presidente busca terminar a toda velocidad: los operarios trabajan 20 horas al día, siete días a la semana.Todo está en manos del Tribunal Supremo. Por ahora, lo que ha decidido, es que las obras sigan adelante mientras se trata el fondo de la cuestión.
Las razones esgrimidas por Donald Trump para levantar su polémica sala de fiestas en el ala Este de la Casa Blanca han evolucionado con el tiempo. En un principio, cuando a finales del año pasado los estadounidenses vieron con estupor cómo las excavadoras hacían trizas … buena parte de la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. lo justificó en la necesidad de tener un espacio adecuado para las ceremonias gubernamentales. Grandes ocasiones, como cenas de Estado, recepciones multitudinarias, eventos artísticos, necesitaban una sala descomunal y opulenta como la que él ha proyectado.
Pero ante el enfado de parte de la sociedad y las demandas de grupos de preservación patrimonial, Trump modificó sus argumentos para centrarlos más como un asunto de seguridad: la sala de fiestas forma parte de un entramado de seguridad, con un escudo antidrones y un búnker de emergencia para proteger a los miembros del ejecutivo. Una necesidad acuciante, en especial a la luz de los repetidos intentos de asesinato del presidente.
Desde hace semanas, cuando el multimillonario neoyorquino habla de su anhelada sala de fiestas no se olvida de decir que es un «complejo militar». El problema es que ese búnker ya existe.
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Estados Unidos
Javier Ansorena
Según aseguraron dos ex altos cargos del Gobierno de EE.UU. a ‘The Washington Post’, hay un complejo de seguridad para el presidente de EE.UU., su Gobierno, miembros del poder ejecutivo y acompañantes hundido bajo la Casa Blanca.
El búnker está a casi veinte metros de profundidad, excavado en el suelo rocoso de Washington y está preparado para soportar una explosión nuclear. Se accede a él por un ascensor privado, tiene salida de aire propia y puede alojar a decenas de personas durante meses.
Su existencia era algo de lo que se discutía en EE.UU. hace tiempo. El periodista Ronald Kessler habló del proyecto en un libro que publicó en 2018. La necesidad del búnker surgió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Entonces solo existía el llamado Centro Presidencial de Operaciones de Emergencias (PEOC, en sus siglas en inglés), un complejo construido en la Segunda Guerra Mundial, pequeño y anticuado. Durante los atentados, el entonces vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, se resguardó allí, al igual que la primera dama, Laura Bush (al presidente, George W. Bush, los ataques le sorprendieron en Florida).
El búnker secreto se acabó durante la presidencia de Barack Obama. Los rumores sobre un proyecto de ese tipo ya circulaban antes del libro de Kessler. La agencia Associated Press ya reveló unas obras teñidas de mucho secretismo en 2012, en las inmediaciones del Despacho Oval y de la residencia del presidente. «Es un búnker, ¿verdad? Tiene que ser un búnker?», escribió en una crónica Christian Davenport, en el mismo ‘Post’, sobre unas obras de las que se debatía en Washington.
Ese búnker, según los ex altos cargos que han hablado con el diario de la capital de EE.UU., perjudica los argumentos legales de la Administración Trump en la demanda interpuesta por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica: que la sala de fiestas y el complejo militar que esconde son necesarios por motivos de seguridad nacional, para asegurar la continuidad de Gobierno en caso de un ataque o emergencia. Porque esas necesidades ya están cubiertas. De hecho, según esas fuentes, a Trump le enseñaron el búnker secreto cuando desembarcó en la Casa Blanca.
Las revelaciones ocurren en medio de la batalla legal desatada por esa demanda. Tanto un juez de Washington como el tribunal de apelación se inclinaron a favor de los demandantes y exigieron a Trump que parara las obras por no contar con la aprobación del Congreso para unas obras que cambian por completo la cara de la Casa Blanca.
Las obras, sin embargo, han continuado mientras Trump interponía recursos y, según la Casa Blanca, están terminadas al 65%. Es un proyecto de unos 600 millones de dólares en el que el presidente busca terminar a toda velocidad: los operarios trabajan 20 horas al día, siete días a la semana.
Todo está en manos del Tribunal Supremo. Por ahora, lo que ha decidido, es que las obras sigan adelante mientras se trata el fondo de la cuestión.
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