La irrupción del accidente de Urda en plena precampaña electoral obliga a los políticos a dar un giro de timón en su estrategia para atraer al votante indeciso. Y es precisamente en el PSOE donde más tienen que repensar esa estrategia. Tras el anuncio del adelanto electoral, los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, habían apostado por hacer una campaña alegre, en positivo, utilizando todos los resortes del poder, incluida la mesa del Consejo de Ministros, para dar aguinaldos a diestro y siniestro sin pensar en la factura sin pagar que queda para el Gobierno que salga de las urnas.Sin tregua, el Ejecutivo sigue anunciando medidas para intentar congraciarse con la ciudadanía. La última, del ala de Sumar, la subida del salario mínimo muy por encima de lo que sube el sueldo del resto de los ciudadanos. Ya no les vale llegar al 60% del salario medio en España, como se habían propuesto. Eso se conseguiría con una subida del entorno del 3%. En vísperas electorales, eso les parece poco, ahora Díaz quiere elevar un 5,3% ese salario mínimo que cada vez reciben más trabajadores, con lo que acumula ya un alza del 76% desde el año 2018. Las grandes empresas no tendrán problema para asumirlo, las familias que necesiten un cuidador para sus padres o para sus hijos, y que tengan que desembolsar 2.000 euros al mes para hacer frente al nuevo salario y sus cotizaciones ya no lo tengo tan claro. Pero solo con esto no bastará. El accidente de Urda ha puesto de manifiesto la falta de inversión en mantenimiento ferroviario. Pero también falta inversión en otras infraestructuras. Los ingenieros de caminos apuntaban esta semana que la red ferroviaria española necesita 10.000 millones en mantenimiento en los próximos diez años, y expertos en carreteras, hablan de la necesidad de invertir 15.000 millones en su conservación.No, ya no vale solo con los aguinaldos, los ciudadanos hemos empezado a tomar conciencia de la necesidad de invertir en infraestructuras y en servicios públicos, aunque eso no dé votos de manera instantánea porque sus frutos no se ven en el corto plazo.Los partidos que se presentan a las elecciones, y los que tomen las riendas del poder tras el 29N tienen la responsabilidad de devolvernos la confianza en nuestro sistema ferroviario y en esas infraestructuras de las que, hasta hace no tanto, nos sentíamos muy orgullosos. Y ante esta situación, a los ideólogos del Gobierno no se les ocurre otra cosa que decir que hay que nacionalizar el sistema ferroviario. Si estuviera en mi mano, «aprobaría la ‘nacionalización’ del ferrocarril en España», ha defendido el que fuera director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. ¿De verdad ese es el problema?La liberalización, que vino exigida de la UE, por cierto, ha conllevado la democratización de la alta velocidad en España. Un servicio que en sus inicios estaba reservado para unos pocos con alto poder adquisitivo, se ha extendido a toda la población, que puede viajar por poco dinero a cualquier lugar de España. ¿Es eso malo? No. Lo que tienes que hacer es cobrar los cánones adecuados por el uso de las vías y usar esos ingresos en su conservación y su reparación. El problema no es que haya aumentado la circulación y los viajeros que usan este servicio, el problema es que no se han adaptado las infraestructuras para ese mayor uso. El problema es que se han sustituido técnicos por políticos en Renfe, en Adif y en el propio Ministerio de Transportes, y en lugar de invertir en mantenimiento, se ha gastado el dinero en subvencionar los viajes. Y esos problemas no se arreglan nacionalizando, sino con una buena gestión. La irrupción del accidente de Urda en plena precampaña electoral obliga a los políticos a dar un giro de timón en su estrategia para atraer al votante indeciso. Y es precisamente en el PSOE donde más tienen que repensar esa estrategia. Tras el anuncio del adelanto electoral, los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, habían apostado por hacer una campaña alegre, en positivo, utilizando todos los resortes del poder, incluida la mesa del Consejo de Ministros, para dar aguinaldos a diestro y siniestro sin pensar en la factura sin pagar que queda para el Gobierno que salga de las urnas.Sin tregua, el Ejecutivo sigue anunciando medidas para intentar congraciarse con la ciudadanía. La última, del ala de Sumar, la subida del salario mínimo muy por encima de lo que sube el sueldo del resto de los ciudadanos. Ya no les vale llegar al 60% del salario medio en España, como se habían propuesto. Eso se conseguiría con una subida del entorno del 3%. En vísperas electorales, eso les parece poco, ahora Díaz quiere elevar un 5,3% ese salario mínimo que cada vez reciben más trabajadores, con lo que acumula ya un alza del 76% desde el año 2018. Las grandes empresas no tendrán problema para asumirlo, las familias que necesiten un cuidador para sus padres o para sus hijos, y que tengan que desembolsar 2.000 euros al mes para hacer frente al nuevo salario y sus cotizaciones ya no lo tengo tan claro. Pero solo con esto no bastará. El accidente de Urda ha puesto de manifiesto la falta de inversión en mantenimiento ferroviario. Pero también falta inversión en otras infraestructuras. Los ingenieros de caminos apuntaban esta semana que la red ferroviaria española necesita 10.000 millones en mantenimiento en los próximos diez años, y expertos en carreteras, hablan de la necesidad de invertir 15.000 millones en su conservación.No, ya no vale solo con los aguinaldos, los ciudadanos hemos empezado a tomar conciencia de la necesidad de invertir en infraestructuras y en servicios públicos, aunque eso no dé votos de manera instantánea porque sus frutos no se ven en el corto plazo.Los partidos que se presentan a las elecciones, y los que tomen las riendas del poder tras el 29N tienen la responsabilidad de devolvernos la confianza en nuestro sistema ferroviario y en esas infraestructuras de las que, hasta hace no tanto, nos sentíamos muy orgullosos. Y ante esta situación, a los ideólogos del Gobierno no se les ocurre otra cosa que decir que hay que nacionalizar el sistema ferroviario. Si estuviera en mi mano, «aprobaría la ‘nacionalización’ del ferrocarril en España», ha defendido el que fuera director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. ¿De verdad ese es el problema?La liberalización, que vino exigida de la UE, por cierto, ha conllevado la democratización de la alta velocidad en España. Un servicio que en sus inicios estaba reservado para unos pocos con alto poder adquisitivo, se ha extendido a toda la población, que puede viajar por poco dinero a cualquier lugar de España. ¿Es eso malo? No. Lo que tienes que hacer es cobrar los cánones adecuados por el uso de las vías y usar esos ingresos en su conservación y su reparación. El problema no es que haya aumentado la circulación y los viajeros que usan este servicio, el problema es que no se han adaptado las infraestructuras para ese mayor uso. El problema es que se han sustituido técnicos por políticos en Renfe, en Adif y en el propio Ministerio de Transportes, y en lugar de invertir en mantenimiento, se ha gastado el dinero en subvencionar los viajes. Y esos problemas no se arreglan nacionalizando, sino con una buena gestión.
La irrupción del accidente de Urda en plena precampaña electoral obliga a los políticos a dar un giro de timón en su estrategia para atraer al votante indeciso. Y es precisamente en el PSOE donde más tienen que repensar esa estrategia. Tras el anuncio del … adelanto electoral, los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, habían apostado por hacer una campaña alegre, en positivo, utilizando todos los resortes del poder, incluida la mesa del Consejo de Ministros, para dar aguinaldos a diestro y siniestro sin pensar en la factura sin pagar que queda para el Gobierno que salga de las urnas.
Sin tregua, el Ejecutivo sigue anunciando medidas para intentar congraciarse con la ciudadanía. La última, del ala de Sumar, la subida del salario mínimo muy por encima de lo que sube el sueldo del resto de los ciudadanos. Ya no les vale llegar al 60% del salario medio en España, como se habían propuesto. Eso se conseguiría con una subida del entorno del 3%. En vísperas electorales, eso les parece poco, ahora Díaz quiere elevar un 5,3% ese salario mínimo que cada vez reciben más trabajadores, con lo que acumula ya un alza del 76% desde el año 2018. Las grandes empresas no tendrán problema para asumirlo, las familias que necesiten un cuidador para sus padres o para sus hijos, y que tengan que desembolsar 2.000 euros al mes para hacer frente al nuevo salario y sus cotizaciones ya no lo tengo tan claro.
Pero solo con esto no bastará. El accidente de Urda ha puesto de manifiesto la falta de inversión en mantenimiento ferroviario. Pero también falta inversión en otras infraestructuras. Los ingenieros de caminos apuntaban esta semana que la red ferroviaria española necesita 10.000 millones en mantenimiento en los próximos diez años, y expertos en carreteras, hablan de la necesidad de invertir 15.000 millones en su conservación.
No, ya no vale solo con los aguinaldos, los ciudadanos hemos empezado a tomar conciencia de la necesidad de invertir en infraestructuras y en servicios públicos, aunque eso no dé votos de manera instantánea porque sus frutos no se ven en el corto plazo.
Los partidos que se presentan a las elecciones, y los que tomen las riendas del poder tras el 29N tienen la responsabilidad de devolvernos la confianza en nuestro sistema ferroviario y en esas infraestructuras de las que, hasta hace no tanto, nos sentíamos muy orgullosos. Y ante esta situación, a los ideólogos del Gobierno no se les ocurre otra cosa que decir que hay que nacionalizar el sistema ferroviario. Si estuviera en mi mano, «aprobaría la ‘nacionalización’ del ferrocarril en España», ha defendido el que fuera director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. ¿De verdad ese es el problema?
La liberalización, que vino exigida de la UE, por cierto, ha conllevado la democratización de la alta velocidad en España. Un servicio que en sus inicios estaba reservado para unos pocos con alto poder adquisitivo, se ha extendido a toda la población, que puede viajar por poco dinero a cualquier lugar de España. ¿Es eso malo? No. Lo que tienes que hacer es cobrar los cánones adecuados por el uso de las vías y usar esos ingresos en su conservación y su reparación. El problema no es que haya aumentado la circulación y los viajeros que usan este servicio, el problema es que no se han adaptado las infraestructuras para ese mayor uso. El problema es que se han sustituido técnicos por políticos en Renfe, en Adif y en el propio Ministerio de Transportes, y en lugar de invertir en mantenimiento, se ha gastado el dinero en subvencionar los viajes. Y esos problemas no se arreglan nacionalizando, sino con una buena gestión.
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