Justicia exige al CGPJ que tome medidas para descontar el sueldo a los jueces que hagan huelga

El Ministerio de Justicia remitió el pasado lunes un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para forzar un pronunciamiento sobre la huelga de jueces convocada para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas legales en materia de Justicia que impulsa el Gobierno. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el departamento que dirige Félix Bolaños le pregunta al Consejo si mantiene la postura que fijó en 2009, cuando el pleno, presidido entonces por Carlos Dívar, acordó que la ley no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados y tuvo por no convocada la huelga que habían impulsado varias asociaciones y asambleas territoriales. La carta remitida por Justicia insta además al órgano de gobierno de los jueces a tomar medidas para garantizar que se descuenta la parte proporcional del sueldo a los jueces que secunden el paro. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha convocado para este jueves un pleno extraordinario para intentar aunar una postura.

La convocatoria de huelga ha partido de cinco asociaciones de jueces y fiscales (todas menos las progresistas) en protesta por las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.

El debate sobre si los jueces tienen derecho o no a hacer un paro sobrevolaba desde hace semanas el Consejo, pero el escrito enviado por Justicia le ha abocado a pronunciarse. Los bloques progresistas y conservador mantienen de entrada criterios opuestos: la mayoría del grupo progresista considera que los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga; mientras que los conservadores consideran que este colectivo sí puede hacer huelga porque este es un derecho constitucional que solo puede limitarse por ley, algo que no ha ocurrido en este caso.

No obstante, sí hay un punto en el que ambos grupos coinciden: el CGPJ no tiene competencias para decidir si los jueces pueden hacer huelga y, por lo tanto, tampoco pueden establecer los servicios mínimos, requisito indispensable en toda huelga de servicios esenciales. Si el consenso en este punto se confirma, el Consejo chocaría de frente con el Ministerio de Justicia, que en la carta enviada al órgano que preside Perelló le advierte de que, en caso de que considere que la huelga es legal, deberá trasladarle “los servicios mínimos que establezca”.

La posibilidad de descontar a los jueces que hagan huelga la parte proporcional del sueldo es otra de las dudas que se plantean en torno a esta convocatoria. Justicia —que paga las nóminas de los jueces y fiscales—descontó por primera vez en 2018 el salario a los miembros de ambas carreras que secundaron una huelga, pero la Audiencia Nacional, al estudiar el recurso de un juez que impugnó esa decisión, consideró que el Ministerio no es “competente” para detraer el dinero y obligó a devolver lo descontado. Fuentes de las asociaciones convocantes aseguran que esa sentencia no significa que la huelga esta vez vaya a salirles gratis. La Audiencia, según estas fuentes, anuló la medida de Justicia por una cuestión “formal” al entender que el Ministerio no tiene competencias para controlar el cumplimiento de la jornada por parte de los jueces con el objeto de comprobar si habían hecho huelga, sino que tenía que haber pedido esa información al CGPJ.

Tras esta sentencia, la duda sobre cómo detraer la parte proporcional del sueldo sigue sobre la mesa. La mayoría del bloque conservador, en sus conversaciones internas de los últimos días, ha considerado que ni el ministerio ni el CGPJ tienen competencias para la fijación de servicios mínimos ni para la deducción de haberes, ya que el derecho a huelga de los jueces no está regulado por ley, según admiten fuentes de este grupo. Es decir, según los conservadores, los jueces tienen derecho a huelga porque ninguna ley dice lo contrario, pero nadie es competente para descontarles la parte proporcional del sueldo.

En la carta enviada al Consejo, Justicia da cuenta de que no va a dejar que quienes secunden la huelga lo hagan sin perjuicio económico. El oficio, firmado por la directora general para el servicio público de Justicia, Verónica Ollé, exige al CGPJ que tome medidas en este sentido sea cual sea la postura que fije sobre la legalidad de la huelga. En el caso de que considere que los jueces tienen derecho a hacerla, el Gobierno insta al Consejo a que le facilite “el listado de personas que secunden diariamente la huelga antes de las 14:00 horas de cada día de huelga convocado, a los efectos de efectuar la detracción de haberes correspondientes”; y si el órgano de gobierno considera que ese derecho no existe para jueces y magistrados, Justicia le advierte de que “deberá adoptar las medidas que correspondan con el fin de detraer igualmente los haberes correspondientes a esas personas, ante la eventual responsabilidad en que podría ncurrir el CGPJ o este Centro Directivo por el pago del salario con dinero público a quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”.