El PP, que gobierna en minoría en la Comunidad, ha abierto la puerta a la futura aprobación de la norma al permitir la tramitación de una proposición de ley del PSOE en este sentido en las Cortes.
Más información: El PP abre la puerta con su abstención a la aprobación de la Ley LGTBI del PSOE en Castilla y León: solo la rechaza Vox El PP, que gobierna en minoría en la Comunidad, ha abierto la puerta a la futura aprobación de la norma al permitir la tramitación de una proposición de ley del PSOE en este sentido en las Cortes.
Más información: El PP abre la puerta con su abstención a la aprobación de la Ley LGTBI del PSOE en Castilla y León: solo la rechaza Vox
Castilla y León es la única comunidad autónoma de España que no cuenta con una normativa específica que contemple un catálogo de derechos para el colectivo LGTBI. Una norma que existe en el resto de autonomías, independientemente del partido que gobierne en cada una de ellas, exceptuando en el Principado de Asturias, que aprobará su Ley en el segundo semestre de 2025.
Pero tras años de espera y constantes reivindicaciones de las asociaciones del colectivo LGTBI, la aprobación de una norma en este sentido está cada vez más cerca en la Comunidad, que podría dejar de ser la única sin una Ley que proteja específicamente al colectivo.
En el pleno de las Cortes del pasado 11 de junio, el PP, que gobierna en minoría en Castilla y León desde la salida de Vox del Gobierno autonómico en julio de 2024, abrió la puerta a la aprobación de una norma en este sentido tras permitir, con su abstención, la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE. Un soplo de esperanza tras años de bloqueos.
Con todo, la aprobación de la Ley, previsiblemente, aún se dilatará en el tiempo, ante la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar, como tarde, en marzo de 2026, y, de salir adelante, lo haría en la próxima legislatura. Una aprobación que dependerá, en gran medida, de las alianzas parlamentarias a las que se vea abocado el PP tras los próximos comicios.
La excepción en España
En el resto de comunidades autónomas españolas, esta cuestión comenzó a regularse hace más de una década. Andalucía y Cataluña fueron las primeras comunidades, en el año 2014, en impulsar normativas LGTBI.
Les siguió Extremadura, en 2015, y después le tocó el turno a la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y las Islas Baleares en 2016, la primera vez que dos comunidades gobernadas por el PP legislaban en esta materia.
En 2017 llegaría el turno de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Valenciana, en 2018 se aprobaría en Aragón, en 2019 en el País Vasco, en 2020 en Cantabria, en 2021 en las Islas Canarias y, este mismo año, las dos últimas autonomías en aprobar leyes LGTBI han sido La Rioja y Castilla-La Mancha.
Después de que se apruebe la inminente legislación asturiana en este sentido, en el segundo semestre de este año, Castilla y León quedará como la única comunidad autónoma de España sin legislación LGTBI. Pero la situación podría cambiar pronto si la tramitación de la norma del PSOE en las Cortes autonómicas conduce a su aprobación.
Un camino repleto de obstáculos
El debate sobre la Ley LGTBI en Castilla y León ha estado repleto de obstáculos. Tras años de inacción, la llegada de Ciudadanos al Ejecutivo autonómico, en julio de 2019, propició el impulso a una norma que el Partido Popular había bloqueado en las Cortes durante el mandato de Juan Vicente Herrera (2001-2019).
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades estaba terminando de rematar la Ley LGTBI autonómica cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la convocatoria anticipada de elecciones en diciembre de 2021.
El adelanto de los comicios paralizó el impulso de la norma, ya que el Ejecutivo en funciones no podía aprobar proyectos de ley, y la firma del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en marzo de 2022 convirtió definitivamente en papel mojado la iniciativa.
La formación, dirigida en aquel momento por el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se caracterizó por su rotunda oposición a «la ideología de género» y al «lobby LGTBI» mientras Vox en el Congreso se convertía en el ariete de la lucha contra la aprobación de la Ley Trans.
El Partido Popular, por su parte, siempre ha mantenido una posición ambivalente en esta materia –ya que varias comunidades en las que los populares gobiernan cuentan con esta legislación– pero en las cuestiones referentes a la conocida como «batalla cultural» Vox parecía marcar el paso en la coalición.
La salida del partido de Santiago Abascal del Gobierno autonómico, en julio de 2024, abrió de nuevo la puerta a la aprobación de una Ley LGTBI, habida cuenta el giro de 180 grados que emprendió el Ejecutivo de Mañueco en minoría, rectificando la mayor parte de medidas ideológicas que había impulsado Vox en materias como la memoria histórica o el Diálogo Social.
En esa nueva situación, los populares, sin las ataduras de Vox, dieron luz verde, el pasado 11 de junio, a la toma en consideración de una proposición de Ley LGTBI impulsada por el PSOE, abriendo la puerta a que Castilla y León pueda dejar de ser la única comunidad autónoma española sin una norma en este sentido.
Con todo, es difícil que la normativa sea aprobada antes de las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar, como tarde, en marzo de 2026, y habrá que esperar hasta la próxima legislatura para su debate y posible aprobación, que dependerá de la aritmética parlamentaria que salga de esos comicios y de los acuerdos a los que se vea obligado a llegar Mañueco para seguir gobernando.
Una nueva esperanza
El PP permitió en el pleno de las Cortes de Castilla y León del pasado 11 de junio que la Ley LGTBI del PSOE siguiese su tramitación, abriendo la puerta a que pudiera ser aprobada en el pleno de la Cámara, tras abstenerse en la toma de consideración de una norma que fue apoyada por el resto de grupos parlamentarios con el único rechazo de Vox.
Los populares justificaron su abstención asegurando que los derechos del colectivo «están garantizados» en Castilla y León, tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía. Una norma que, de repetirse la votación del pasado 11 de junio en su debate parlamentario, sería aprobada.
Se trata de una Ley que cuenta con importantes novedades como la inclusión del concepto ‘sexilio’, que sucede a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI, algo que sucede especialmente en el medio rural.
La proposición de Ley hace referencia también a las personas sin hogar, y a las que pertenecen a etnias o religiones minoritarias. Una norma que es transposición de la normativa estatal a la Comunidad y que alberga también formación de los profesionales del mundo de la sanidad, de la educación, de la cultura y de los funcionarios públicos de la Junta en esta materia.
También se plantean actuaciones integrales y multidisciplinares en materia de intersexualidad y en los tratamientos de asignación de sexo y se contemplan protocolos acordes a las necesidades de las personas LGTBI y se aborda la lucha contra la «estigmatización» de las personas del VIH, garantizándose la dispensación de la profilaxis postexposición.
En materia educativa, se aborda por impulsar programas y guías de educación sexual que hablen de la diversidad sexual para la concienciación de padres y alumnos en materia de diversidad y, en el ámbito laboral, plantea medidas para que ningún trabajador se vea obligado a esconderse o a no trabajar en empresas o administraciones que «persigan esa condición sexual».
Además, se contempla la apertura de un Centro de Memoria Democrática LGTBI y un régimen de sanciones categorizadas en función de la condición de la víctima, la intencionalidad del agresor, la naturaleza o la gravedad del riesgo que se haya asumido.
Un apoyo mayoritario
La mayoría de las Cortes apoyó la Ley del PSOE. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, mostró su apoyo a la iniciativa para que Castilla y León «por fin tenga una Ley LGTB» y en el mismo sentido se pronunció el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea mientras que el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, consideró «inaceptable» que la Comunidad sea la única sin esta norma.
Fernández pidió el apoyo del PP a la toma en consideración de la norma. «Les pido que recapaciten y que, si no van a votar a favor, al menos con su abstención permitan que la toma en consideración salga adelante», afirmó durante el debate.
En el mismo sentido, el procurador de Soria ¡Ya! Juan Antonio Palomar mostró su apoyo a la iniciativa socialista asegurando que Castilla y León «necesita una legislación propia que garantice el derecho de las personas LGTBI como compromiso con la igualdad, la libertad, el respeto y la convivencia entre personas».
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, celebró con entusiasmo el respaldo parlamentario al inicio de los trámites para una futura Ley LGTBI autonómica, calificando la jornada como «el día en que ha salido el arcoíris en las Cortes».
Martínez puso en valor la insistencia de su grupo parlamentario, pero también «el esfuerzo, la lucha y la dedicación» de las asociaciones LGTBI de Castilla y León, sin las que, dijo, «este momento no habría llegado». Aun así, advirtió que la minoría actual del PP y los pocos meses que restan de legislatura podrían poner en riesgo el avance.
El PP abre la puerta
La procuradora del PP Noemí Rojo defendió durante el debate «la libertad de ser uno mismo y de vivir la propia orientación sexual sin miedo». «No se trata de una opción política, sino de un compromiso con los principios más básicos de convivencia y respeto porque defender la igualdad de trato y la libertad es un deber que nos interpela a todos», señaló
Rojo aseguró que los populares defienden «el humanismo cristiano, el constitucionalismo y el respeto a la Ley, velando por la libertad y la dignidad de cada persona».
«Nuestro más absoluto rechazo y condena a cualquier acto que pueda suponer cualquier tipo de violencia, discriminación u odio a cualquier tipo de persona, ame a quien ame, porque tristemente muchas personas sufren hoy violencia y acoso por el mero hecho de ser libres», insistió.
Y defendió el firme compromiso de la Junta con «el respeto a la igualdad de todas las personas». asegurando que «los derechos de las personas LGTBI en Castilla y León están garantizados». Además, hizo hincapié en que la defensa de las personas LGTBI «no depende de ideologías ni de quien enarbola banderas sino de quien lleva a cabo las políticas más eficaces».
«Nuestra Constitución reconoce en su artículo 14 que los españoles somos iguales ante la ley y en el ámbito autonómico el artículo 14 del Estatuto establece el derecho a la no discriminación de género. Por todo ello, los derechos de las personas LGTBI están garantizados en nuestra tierra por el marco jurídico y por el compromiso de la Junta», insistió.
Además, criticó que la proposición de Ley de los socialistas tenga «como eje vertebrador» la Ley Trans, una ley «que fue tramitada con urgencia, sin buscar el consenso necesario y esa falta de consenso y diálogo impidió un texto más inclusivo». «Es una Ley que no legisla para todos y genera una importante inseguridad jurídica», señaló, aunque, finalmente, el PP se abstuvo.
Vox: «Es una Ley sectaria»
Vox, la única formación que votó en contra de la toma en consideración de la norma presentada por el PSOE, mostró su rotundo rechazo a la iniciativa, a la que calificó de «sectaria» y «experimento ideológico».
El procurador José Antonio Palomo aseguró que su partido defiende la «libertad» y señaló que la norma impulsada por los socialistas «pretende imponer una ideología sectaria y busca construir una arquitectura normativa basada en la ideología de género y el adoctrinamiento».
«Desde Vox nuestro respeto a la libertad individual es absoluto y rechazamos de manera rotunda cualquier discriminación basada en la identidad sexual de las personas. No creemos en etiquetas, los verdaderos defensores de la igualdad no fragmentan a la sociedad en bloques identitarios», afirmó.
Palomo denunció que la Ley contempla una «amplia definición de identidades de género sin base científica» y permite a los menores «decidir libremente sobre tratamientos hormonales o cirugía de reasignación cuando no puede firmar un contrato o trabajar legalmente». «Menoscaba el papel de la familia y consolida la tutela del Estado sobre la infancia», afirmó.
«No aceptamos adoctrinamientos ni consideramos que alguien deba recibir trato preferente por su condición sexual, defendemos una igualdad real sin condicionantes ni apellidos. Usan al colectivo LGTBI como un escudo para consolidar su proyecto de ingeniería social», aseguró, y criticó la «política de puertas abiertas» a inmigrantes de países «donde no se respeta la libertad sexual».
«Son una auténtica farsa que pretende utilizar a un colectivo como herramienta política, nosotros solo demandamos libertad para ser, educar y disentir sin ser señalados», zanjó. La toma en consideración de la iniciativa del PSOE, finalmente, salió adelante, abriendo la puerta a que Castilla y León pueda dejar de ser la única comunidad autónoma de España sin Ley LGTBI.
elespanol – Castilla y León
