Las citaciones de este lunes de José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, llegaban con la expectativa de que alguno de los dos diera un vuelco a la investigación abierta en el Tribunal Supremo. Tras conocer el informe de la Guardia Civil que implica al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la supuesta trama de adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas, Ábalos había manifestado sentirse engañado por Cerdán y por su antiguo colaborador, lo que abría la puerta a que les señalara a ambos ante el juez y aportara información contra ellos. García, por su parte, había amagado en varias ocasiones con tirar de la manta y había deslizado que fueron muchos los dirigentes del PSOE, e incluso de otros partidos, con los que habló de negocios. Finalmente, sin embargo, los dos optaron por la cautela ante la incertidumbe de lo que pueda declarar Cerdán, que está citado para su primera comparecencia como investigado el próximo 30 de junio.
La decisión del exministro de desvincularse de las supuestas irregularidades cierra la puerta, por ahora, a un posible pacto con la Fiscalía
Las citaciones de este lunes de José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, llegaban con la expectativa de que alguno de los dos diera un vuelco a la investigación abierta en el Tribunal Supremo. Tras conocer el informe de la Guardia Civil que implica al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la supuesta trama de adjudicación de obras públicas a cambio de mordidas, Ábalos había manifestado sentirse engañado por Cerdán y por su antiguo colaborador, lo que abría la puerta a que les señalara a ambos ante el juez y aportara información contra ellos. García, por su parte, había amagado en varias ocasiones con tirar de la manta y había deslizado que fueron muchos los dirigentes del PSOE, e incluso de otros partidos, con los que habló de negocios. Finalmente, sin embargo, los dos optaron por la cautela ante la incertidumbe de lo que pueda declarar Cerdán, que está citado para su primera comparecencia como investigado el próximo 30 de junio.
La defensa del exministro, según fuentes del caso, había llegado a comunicarle al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, su disposición a colaborar con la justicia a cambio de una rebaja en las posibles penas que pueda tener que afrontar en un futuro, pero la estrategia adoptada este lunes por Ábalos aleja de momento esta posibilidad. La Fiscalía entiende que la declaración del exdirigente socialista no muestra una voluntad real de colaboración con la justicia, sino más bien al contrario, por lo que las fuentes consultadas descartan cualquier opción de pacto previo. Si en algún momento Ábalos cambiara de estrategia y aportara información relevante para la causa, el ministerio público podría replantearse su postura, pero de momento esa situación no está sobre la mesa.
Anticorrupción, no obstante, no ha endurecido su posición tras las revelaciones del último informe de la UCO, y este lunes se opuso a la petición de prisión provisional para Ábalos y Koldo García que plantearon las acusaciones populares, unificadas bajo la representación del PP. El magistrado Leopoldo Puente tampoco consideró que se den las circunstancias que justifican el encarcelamiento preventivo (riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reincidencia) y optó por mantener las medidas cautelares que les impuso al inicio de la investigación (retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias judiciales cada 15 días). No obstante, el juez, en dos escritos redactados para comunicar su decisión, advierte de que “es evidente” de que los indicios contra ambos no solo “persisten”, sino que “incluso aparecen seriamente consolidados tras el último informe” de la Guardia Civil.
En estos autos, Puente sitúa a Koldo García, quien este lunes se acogió a su derecho a no declarar, como la persona que, según los indicios que han reunido los investigadores, intervenía “activamente en la contratación, gestionaría los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaría operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización”. Ábalos, por su parte, “también habría podido intervenir personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado”, apunta el instructor.
El magistrado recalca que, a las supuestas irregularidades que ya habían aflorado respecto a los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 y a algunos amaños de obras señalados por el empresario y comisionista Víctor de Aldama, el último informe de la UCO añade “indicios muy consistentes” de que tanto Ábalos como Koldo García “podrían haber obtenido” pagos ilícitos a cambio “de la indebida adjudicación de obras públicas” por parte del Ministerio de Transportes. Ambos actuaron, señala Puente, “concertados con terceras personas”, aunque el magistrado no cita expresamente ni a Cerdán ni a los cinco empresarios a los que imputó la semana pasada.
Las fuentes consultadas señalan que Ábalos, pese a que declaraba por tercera vez ante el instructor del Supremo, se mostró este lunes más nervioso y errático que en las ocasiones anteriores. No obstante, no se salió del guion y se desvinculó de cualquier irregularidad. Según el exministro, él no intervenía en los procesos de licitación de contratos públicos, por lo que no pudo influir para que algunos de ellos se concedieran a una empresa predeterminada a cambio de una contraprestación, como sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El juez le leyó algunos extractos de las conversaciones que grabó su antiguo asesor ministerial y que, tras ser intervenidas por los agentes, conforman el grueso del informe entregado por la Guardia Civil en el Supremo el pasado 5 de junio que precipitó la imputación de Cerdán y ha causado un terremoto político. Las transcripciones leídas por el juez hacían referencia a diálogos supuestamente mantenidos por el exministro con Koldo García que aludían al supuesto cobro de dinero por parte de ambos por parte de empresas beneficiarias de adjudicaciones. Ábalos, según fuentes del caso, aseguró no recordar ninguna conversación sobre ese asunto, insistió en que no les veía sentido porque él no participaba en las adjudicaciones e insinuó la posibilidad de que los audios hubieran sido manipulados.
En esta estrategia de negar tener conocimiento de posibles irregularidades en Transportes, el exministro ni señaló ni exculpó a Cerdán. Se limitó a afirmar que este no tenía tampoco ninguna capacidad de influir en adjudicaciones de Transportes porque no formaba parte de este departamento, pero añadió que él no puede dar cuenta de lo que hacen los demás. Ábalos sí admitió que, cuando él se convirtió en ministro, Cerdán le propuso a algunas personas a las que podría incorporar a su equipo, pero restó importancia a este dato y aseguró que recibió muchas otras propuestas similares de compañeros de partido. Entre ellos, ha asegurado, la del exministro de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero y ex secretario de Organización del PSOE José Blanco, que fue quien le propuso que nombrara como presidenta de Adif a Isabel Pardo de Vera, a la que el Supremo ha pedido imputar en la parte de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional.
La actitud de Ábalos y Koldo García traslada ahora la máximo expectación al próximo 30 de junio, fecha elegida por el magistrado Leopoldo Puente para interrogar a Santos Cerdán. Según confirman fuentes de su defensa, la intención actual del exsecretario de Organización del PSOE, que sustituyó a Ábalos en el cargo en 2021, pasa por declarar ante el instructor del Supremo. “Voy a hacer declaraciones delante de un juez, que es donde tengo que demostrar mi inocencia”, aseguró la pasada semana a la prensa. Pese a los indicios recopilados en el informe de la Guardia Civil —que supuso la dimisión del ya exdiputado y la escalada de la investigación—, Cerdán ha afirmado en público que no se reconoce en los audios que Koldo García grabó a escondidas durante cinco años.
En privado, en cambio, introduce un importante matiz. Como publicó EL PAÍS, aunque rechaza su implicación en una trama criminal, el exdirigente socialista trasmitió a su entorno que su único error fue haber conocido la existencia de esa red corrupta y no haberla denunciado. Cerdán niega también la veracidad del documento localizado por la UCO en la casa de Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de la compañía Servinabar, donde se plasma que el empresario supuestamente le transfirió en 2016 un 45% de las participaciones de esa mercantil. Los agentes señalan que Servinabar se usó para participar en adjudicaciones públicas.
Foco en la Audiencia
Sin embargo, las acusaciones populares no esperarán al próximo lunes para seguir apretando. Volverán a intentarlo este martes en la Audiencia Nacional, donde se investiga otra parte del sumario. Ismael Moreno, juez instructor de dicho tribunal, ha citado a declarar a cuatro testigos para indagar en la participación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en la “irregular” y “caprichosa” contratación de Jésica R., antigua pareja del socialista Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
El magistrado de la Audiencia Nacional, que imputó el pasado 20 de mayo a Pardo de Vera por ese fichaje laboral, quiere escuchar a cuatro nuevos testigos que “tuvieron un papel relevante” en el proceso de contratación: Ana Argita, responsable de Selección y Reclutamiento de Ineco; Josefa Pérez, experta senior en Ineco; Ignacio Zaldívar, director de Gestión Administrativa de Adif; y María Dolores Tapia, jefa de proyecto de Ineco. Jésica R. admitió que cobró una nómina sin acudir a trabajar. El Supremo también ha planteado a Moreno que impute a la expresidenta de Adif por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas de miles de euros.
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