La Junta de Castilla y León renovará la licencia de RTVCyL y convocará otro concurso en «igualdad económica» con dos licencias adjudicadas y subvencionadas con 25 millones cada una por año.
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La ley de publicidad institucional de Castilla y León traerá consecuencias. Todavía no sabemos si a nivel político, pero es cierto que puede afectar a los ciudadanos. Por ejemplo, poder ver otro canal autonómico privado en la televisión, pero también en su bolsillo, después de un movimiento inesperado de la Junta.
Este miércoles, la mayoría de los partidos de la oposición, entre ellos la alianza formada por Vox, PSOE y Unidas Podemos, se pusieron de acuerdo para atizar al PP una dolorosa derrota, la primera vez en 37 años.
Una de las primeras medidas, y más directa, es que la televisión autonómica, aunque privada, deberá constituirse en un nuevo Consejo de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Se tendrá que hacer en un mes y contar con representación parlamentaria. Con esto, se acaba la mayoría que mantenía la Junta en la Comisión de Seguimiento y que ha sido tan criticada.
Además, y algo más importante, en tres meses se tiene que sacar a concurso de nuevo la explotación de la licencia televisiva. Actualmente en manos de Radio Televisión de Castilla y León desde que se creó y formada por Edigrup y Promecal.
Recordemos, que se trata de una unión forzada porque la Comunidad se quedó con una única licencia, y Juan Vicente Herrera habló con Antonio Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, ambos enemigos históricos, para que se unieran en este proyecto.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León se guardaba un as en la manga, ya que ha anunciado esta mañana tras el Consejo de Gobierno, que la solución para saltarse la nueva norma es la de convocar otra licitación para sacar un nuevo canal de televisión, «en igualdad de condiciones».
Por lo que de salir adelante la Comunidad podría tener tres canales autonómicos, la7, la 8 y el nuevo que surgiera, con dos empresas adjudicatarias. Antes hay que preguntar al Ministerio.
Y lo haría con las mismas condiciones que tiene la actual RTVCyL, también en las ayudas y subvenciones, por lo que podría provocar una importante duplicación y gasto para las arcas. O incluso, según fuentes de la Junta, también se podría presentar a esta nueva convocatoria tanto Edigrup y/o Promecal.
Hace una semana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó una concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y otra de 23,5 millones para 2026 a Radio Televisión de Castilla y León.
Una aprobación que a fecha de hoy no se ha publicado todavía, pero que para Fernández Carriedo “estamos en plazo”.
Hablar con el Ministerio
Según ha adelantado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, esto se debe a que la Comunidad mantiene todavía libre un espacio radioeléctrico por lo que se preguntará al Ministerio de Transformación Digital si sigue activo para sacarlo a concurso.
De esta manera, las actuales propietarias del canal seguirán con ella y será renovada. Según la Ley 13/2022 de Comunicación Audiovisual se establece “claramente” los criterios para la renovación automática de licencias por 15 años, “siempre que se cumplan determinadas condiciones técnicas y administrativas”, como la actual propietaria ha cumplido con ellas, se renovará automáticamente.
Además ha confirmado que Radio Televisión de Castilla y León ya ha pedido su actualización de la licencia ya que en este 2025 se cumple esa licencia de 15 años.
De esta manera, Carriedo no descartó que Castilla y León pueda contar con tres televisiones autonómicas: “Es algo que será consultado con el Consejo Consultivo para garantizar condiciones de igualdad y transparencia”.
Otro de los puntos más polémicos de la nueva ley es el límite del 33% del gasto publicitario institucional por provincia, lo que, según Carriedo, puede provocar que determinados medios de comunicación queden excluidos de campañas “solo porque ya se ha alcanzado ese umbral con fondos procedentes de diputaciones o ayuntamientos”.
Por ello, la Junta solicitará un dictamen al Consejo Consultivo para analizar “las lagunas jurídicas” que presenta el texto.
“Es una ley que, cuando se publique, tendremos que cumplir, pero somos conscientes de los perjuicios que va a causar en su aplicación y desarrollo”, afirmó Carriedo, quien recalcó que hay un reconocimiento implícito del problema por parte de los grupos parlamentarios que la han impulsado.
Carriedo también planteó que si la norma cuenta con el respaldo de PSOE, Vox y Podemos, “y tan buena es, que la aprueben a nivel nacional en el Congreso y se aplique en toda España”.
Más medidas
Más medidas serán que se prohíba la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada.
También a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen de las personas o por delitos de odio.
El conjunto de los contratos que tengan por objeto acciones de publicidad institucional tanto de la Administración autonómica como de las locales que se celebren con una persona o entidad propietaria de un medio de comunicación no podrá suponer un ingreso para las mismas que supere el 33% del importe neto de su cifra anual de negocio.
elespanol – Castilla y León
