La independencia fiscal es una cosa, pero gestionar las pensiones otra muy distinta, teniendo en cuenta que es un sistema deficitario en País Vasco y Cataluña, dos regiones que conjuntamente suman un déficit cercano a los 10.000 millones en la administración de sus 2,4 millones de nóminas . No hay, por tanto, ningún interés en estas dos autonomías en asumir la factura íntegra de las jubilaciones, que ahora paga el Estado y la solidaridad de todos los españoles con el sistema de reparto; la mejor opción para los gobiernos catalanes y vascos es, en este caso, que todo siga igual, lo contrario a lo que pretenden con los impuestos. En este contexto, Pedro Sánchez ha comenzado a negociar con el PNV, aunque aún sin avances, el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, que comporta también las políticas pasivas de empleo (las prestaciones por paro y los subsidios) y las funciones de la Inspección de Trabajo no asumidas. ¿Qué implicaría en la práctica este traspaso? La exigencia del nacionalismo vasco, que comenzó a negociarse en 2020, convertiría al País Vasco en un cajero; sus gestores se harían cargo de la administración de las pensiones, pero sin tener una caja propia. Es decir, el Gobierno vasco gestionaría la ventanilla única en relativo a las jubilaciones , pero los fondos seguirían partiendo de la caja común de la Seguridad Social, la que hoy permite que los diez millones de pensionistas cobren su nómina de forma puntual cada mes. Es exactamente el modelo del ingreso mínimo vital , ya cedido a la comunidad autónoma hace unos años, igual que las pensiones no contributivas.La cesión económica de la Seguridad Social forma parte de las transferencias pendientes en el Estatuto de Guernica de 1979, acordadas entre los nacionalistas y el PSOE para lograr su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Aunque el Gobierno insiste en que estas cesiones no suponen una ruptura de la caja única , son numerosos los políticos, economistas y asociaciones de funcionarios los que que han dado la voz de alarma por entender que dicho traspaso invade competencias constitucionales y puede poner en riesgo, incluso romper, la caja única de las pensiones. Hay que recordar que el sistema de Seguridad Social es de prestación definida y de reparto, es decir, no existen cuentas individuales que recojan las cuotas pagadas por los trabajadores y sus empleadores, por un lado, y los derechos de pensión adquiridos por estas cuotas. Es un sistema que permite afrontar los pagos en Cataluña y País Vasco y en otras trece regiones, que estarían en idéntica situación, con números rojos, de los que sólo Madrid y Baleares se salvan. La diferencia con el resto de regiones que están en números rojos es que sólo nacionalistas e independentistas quieren cambiar el modelo para controlarlo. Uno de los expertos que dio la voz de alarma fue Miguel Ángel García, doctor en Economía e investigador asociado de Fedea, para quien el peligro está en qué se interpreta por gestión de la Seguridad Social. Advirtió cuando en 2020 Sánchez comenzó a negociar los traspasos de que esta transferencia podría tener un amplio margen de interpretación y de que si se traspasaban los pagos, pero sobre todo la recaudación y el reconocimiento de las prestaciones, podría quebrar parte de la caja única del sistema. Los inspectores ya avisaron También han dado la voz de alarma los inspectores de Trabajo por considerar que la cesión de régimen económico «rompe la solidaridad y la igualdad de los españoles» y también UGT y CC.OO., para los que el Pacto de Toledo es el lugar dónde negociar cualquier cambio en las pensiones. La clave está en hasta dónde está dispuesto el Gobierno a que lleguen las negociaciones. La Constitución es muy clara cuando se refiere al principio de solidaridad financiera y territorial, al concepto caja única. «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad», recoge en su artículo 41. Un precepto que en sucesivas sentencias ha ido fijando el Tribunal Constitucional . De momento, la ayuda entre autonomías es la que permite que en el País Vasco y en Cataluña se pague la nómina de sus mayores , lo que no ocurriría si ambas regiones gestionaran sus propios sistemas, teniendo en cuenta que las dos están en números rojos, sus ingresos y gastos no cuadran y, además, sus jubilaciones están entre las más elevadas en España.La nómina más elevada: 1.834 euros al mesLa más alta se encuentra en la comunidad vasca, con 1.834 euros mensuales, y 1.539 en la región catalana, en línea con la media nacional. En el primero la situación se agrava por tener una de las sociedades más envejecidas, y más que mejorar, las situación empeorará con la llegada masiva de la generación del ‘baby boom’ que afectará a todo el país, pero más a unas regiones que en otras. En el caso de los vascos, el desfase entre ingresos y gastos supera los 4.000 millones, cifra que en Cataluña asciende a 5.871 millones . Entre ambas suman un déficit que roza los 9.871 millones de euros, según refleja el último estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de pensiones.Sólo Madrid y Baleares No son un caso aislado Cataluña y País Vasco; son mayoría las autonomías que no pueden pagar las nóminas de sus mayores con las cotizaciones sociales que ingresan, como demuestran tanto la relación entre afiliados y pensionistas como los datos contables del sistema regionalizados (ver gráfico adjunto). Si se atiende a estos últimos balances de la Seguridad Social , Madrid y Baleares son las únicas autonomías que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados, lo que también podrían hacer Ceuta y Melilla. Quince regiones, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago de las pensiones fuera de su competencia y no podrían afrontar las facturas. La independencia fiscal es una cosa, pero gestionar las pensiones otra muy distinta, teniendo en cuenta que es un sistema deficitario en País Vasco y Cataluña, dos regiones que conjuntamente suman un déficit cercano a los 10.000 millones en la administración de sus 2,4 millones de nóminas . No hay, por tanto, ningún interés en estas dos autonomías en asumir la factura íntegra de las jubilaciones, que ahora paga el Estado y la solidaridad de todos los españoles con el sistema de reparto; la mejor opción para los gobiernos catalanes y vascos es, en este caso, que todo siga igual, lo contrario a lo que pretenden con los impuestos. En este contexto, Pedro Sánchez ha comenzado a negociar con el PNV, aunque aún sin avances, el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, que comporta también las políticas pasivas de empleo (las prestaciones por paro y los subsidios) y las funciones de la Inspección de Trabajo no asumidas. ¿Qué implicaría en la práctica este traspaso? La exigencia del nacionalismo vasco, que comenzó a negociarse en 2020, convertiría al País Vasco en un cajero; sus gestores se harían cargo de la administración de las pensiones, pero sin tener una caja propia. Es decir, el Gobierno vasco gestionaría la ventanilla única en relativo a las jubilaciones , pero los fondos seguirían partiendo de la caja común de la Seguridad Social, la que hoy permite que los diez millones de pensionistas cobren su nómina de forma puntual cada mes. Es exactamente el modelo del ingreso mínimo vital , ya cedido a la comunidad autónoma hace unos años, igual que las pensiones no contributivas.La cesión económica de la Seguridad Social forma parte de las transferencias pendientes en el Estatuto de Guernica de 1979, acordadas entre los nacionalistas y el PSOE para lograr su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Aunque el Gobierno insiste en que estas cesiones no suponen una ruptura de la caja única , son numerosos los políticos, economistas y asociaciones de funcionarios los que que han dado la voz de alarma por entender que dicho traspaso invade competencias constitucionales y puede poner en riesgo, incluso romper, la caja única de las pensiones. Hay que recordar que el sistema de Seguridad Social es de prestación definida y de reparto, es decir, no existen cuentas individuales que recojan las cuotas pagadas por los trabajadores y sus empleadores, por un lado, y los derechos de pensión adquiridos por estas cuotas. Es un sistema que permite afrontar los pagos en Cataluña y País Vasco y en otras trece regiones, que estarían en idéntica situación, con números rojos, de los que sólo Madrid y Baleares se salvan. La diferencia con el resto de regiones que están en números rojos es que sólo nacionalistas e independentistas quieren cambiar el modelo para controlarlo. Uno de los expertos que dio la voz de alarma fue Miguel Ángel García, doctor en Economía e investigador asociado de Fedea, para quien el peligro está en qué se interpreta por gestión de la Seguridad Social. Advirtió cuando en 2020 Sánchez comenzó a negociar los traspasos de que esta transferencia podría tener un amplio margen de interpretación y de que si se traspasaban los pagos, pero sobre todo la recaudación y el reconocimiento de las prestaciones, podría quebrar parte de la caja única del sistema. Los inspectores ya avisaron También han dado la voz de alarma los inspectores de Trabajo por considerar que la cesión de régimen económico «rompe la solidaridad y la igualdad de los españoles» y también UGT y CC.OO., para los que el Pacto de Toledo es el lugar dónde negociar cualquier cambio en las pensiones. La clave está en hasta dónde está dispuesto el Gobierno a que lleguen las negociaciones. La Constitución es muy clara cuando se refiere al principio de solidaridad financiera y territorial, al concepto caja única. «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad», recoge en su artículo 41. Un precepto que en sucesivas sentencias ha ido fijando el Tribunal Constitucional . De momento, la ayuda entre autonomías es la que permite que en el País Vasco y en Cataluña se pague la nómina de sus mayores , lo que no ocurriría si ambas regiones gestionaran sus propios sistemas, teniendo en cuenta que las dos están en números rojos, sus ingresos y gastos no cuadran y, además, sus jubilaciones están entre las más elevadas en España.La nómina más elevada: 1.834 euros al mesLa más alta se encuentra en la comunidad vasca, con 1.834 euros mensuales, y 1.539 en la región catalana, en línea con la media nacional. En el primero la situación se agrava por tener una de las sociedades más envejecidas, y más que mejorar, las situación empeorará con la llegada masiva de la generación del ‘baby boom’ que afectará a todo el país, pero más a unas regiones que en otras. En el caso de los vascos, el desfase entre ingresos y gastos supera los 4.000 millones, cifra que en Cataluña asciende a 5.871 millones . Entre ambas suman un déficit que roza los 9.871 millones de euros, según refleja el último estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de pensiones.Sólo Madrid y Baleares No son un caso aislado Cataluña y País Vasco; son mayoría las autonomías que no pueden pagar las nóminas de sus mayores con las cotizaciones sociales que ingresan, como demuestran tanto la relación entre afiliados y pensionistas como los datos contables del sistema regionalizados (ver gráfico adjunto). Si se atiende a estos últimos balances de la Seguridad Social , Madrid y Baleares son las únicas autonomías que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados, lo que también podrían hacer Ceuta y Melilla. Quince regiones, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago de las pensiones fuera de su competencia y no podrían afrontar las facturas.
La independencia fiscal es una cosa, pero gestionar las pensiones otra muy distinta, teniendo en cuenta que es un sistema deficitario en País Vasco y Cataluña, dos regiones que conjuntamente suman un déficit cercano a los 10.000 millones en la administración de … sus 2,4 millones de nóminas. No hay, por tanto, ningún interés en estas dos autonomías en asumir la factura íntegra de las jubilaciones, que ahora paga el Estado y la solidaridad de todos los españoles con el sistema de reparto; la mejor opción para los gobiernos catalanes y vascos es, en este caso, que todo siga igual, lo contrario a lo que pretenden con los impuestos.
En este contexto, Pedro Sánchez ha comenzado a negociar con el PNV, aunque aún sin avances, el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, que comporta también las políticas pasivas de empleo (las prestaciones por paro y los subsidios) y las funciones de la Inspección de Trabajo no asumidas.
¿Qué implicaría en la práctica este traspaso? La exigencia del nacionalismo vasco, que comenzó a negociarse en 2020, convertiría al País Vasco en un cajero; sus gestores se harían cargo de la administración de las pensiones, pero sin tener una caja propia. Es decir, el Gobierno vasco gestionaría la ventanilla única en relativo a las jubilaciones, pero los fondos seguirían partiendo de la caja común de la Seguridad Social, la que hoy permite que los diez millones de pensionistas cobren su nómina de forma puntual cada mes. Es exactamente el modelo del ingreso mínimo vital, ya cedido a la comunidad autónoma hace unos años, igual que las pensiones no contributivas.
Ingresos y gastos de
las pensiones contributivas
En 2022 / En millones de euros
Ingresos por cotizaciones
Gastos por pensiones
Ratio
cotizantes-pensionista
Balance
16.012,6
-6.149,1
Andalucía
22.161,7
3.259,8
-1.710,0
Aragón
4.969,7
2.197,0
-3.172,6
Asturias
5.369,6
3.096,0
+209,7
Baleares
2.886,2
4.418,1
-447,7
Canarias
4.865,8
1.233,5
-1.089,3
Cantabria
2.322,8
3.858,2
Castilla-
La Mancha
-1.549,4
5.407,6
4.961,7
Castilla
y León
-4.425,0
9.386,7
22.099,2
-5.871,0
Cataluña
27.970,3
10.791,5
Comunidad
Valenciana
-3.602,3
14.393,8
1.834,2
-1.138,9
Extremadura
2.973,1
5.595,7
-4.428,4
Galicia
10.024,1
21.892,4
+179,8
Madrid
21.712,5
3.004,3
-441,1
Murcia
3.445,4
1.881,2
-602,3
Navarra
2.483,5
6.787,3
-4.002,1
País Vasco
10.789,4
-372,9
La Rioja
1.080,0
Ceuta y
Melilla
(fuera de escala)
113.907,1
España
-38.597,5
152.504,6
Fuente: BBVA / ABC
Ingresos y gastos de las pensiones contributivas
En 2022 / En millones de euros
Ratio
cotizantes-
pensionista
Ingresos por cotizaciones
Gastos por pensiones
Balance
16.012,6
Andalucía
-6.149,1
22.161,7
3.259,8
Aragón
-1.710,0
4.969,7
2.197,0
Asturias
-3.172,6
5.369,6
3.096,0
Baleares
+209,7
2.886,2
4.418,1
-447,7
Canarias
4.865,8
1.233,5
-1.089,3
Cantabria
2.322,8
3.858,2
-1.549,4
Castilla-La Mancha
5.407,6
4.961,7
-4.425,0
Castilla y León
9.386,7
22.099,2
-5.871,0
Cataluña
27.970,3
10.791,5
-3.602,3
Com. Valenciana
14.393,8
1.834,2
-1.138,9
Extremadura
2.973,1
5.595,7
-4.428,4
Galicia
10.024,1
21.892,4
+179,8
Madrid
21.712,5
Fuente:Seguridad Social
3.004,3
-441,1
Murcia
3.445,4
1.881,2
-602,3
Navarra
2.483,5
6.787,3
-4.002,1
País Vasco
10.789,4
-372,9
La Rioja
1.080,0
Ceuta y Melilla
113.907,1
-38.597,5
España
152.504,6
Fuente: BBVA / ABC
La cesión económica de la Seguridad Social forma parte de las transferencias pendientes en el Estatuto de Guernica de 1979, acordadas entre los nacionalistas y el PSOE para lograr su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Aunque el Gobierno insiste en que estas cesiones no suponen una ruptura de la caja única, son numerosos los políticos, economistas y asociaciones de funcionarios los que que han dado la voz de alarma por entender que dicho traspaso invade competencias constitucionales y puede poner en riesgo, incluso romper, la caja única de las pensiones.
Hay que recordar que el sistema de Seguridad Social es de prestación definida y de reparto, es decir, no existen cuentas individuales que recojan las cuotas pagadas por los trabajadores y sus empleadores, por un lado, y los derechos de pensión adquiridos por estas cuotas. Es un sistema que permite afrontar los pagos en Cataluña y País Vasco y en otras trece regiones, que estarían en idéntica situación, con números rojos, de los que sólo Madrid y Baleares se salvan. La diferencia con el resto de regiones que están en números rojos es que sólo nacionalistas e independentistas quieren cambiar el modelo para controlarlo.
Uno de los expertos que dio la voz de alarma fue Miguel Ángel García, doctor en Economía e investigador asociado de Fedea, para quien el peligro está en qué se interpreta por gestión de la Seguridad Social. Advirtió cuando en 2020 Sánchez comenzó a negociar los traspasos de que esta transferencia podría tener un amplio margen de interpretación y de que si se traspasaban los pagos, pero sobre todo la recaudación y el reconocimiento de las prestaciones, podría quebrar parte de la caja única del sistema.
Los inspectores ya avisaron
También han dado la voz de alarma los inspectores de Trabajo por considerar que la cesión de régimen económico «rompe la solidaridad y la igualdad de los españoles» y también UGT y CC.OO., para los que el Pacto de Toledo es el lugar dónde negociar cualquier cambio en las pensiones. La clave está en hasta dónde está dispuesto el Gobierno a que lleguen las negociaciones.
La Constitución es muy clara cuando se refiere al principio de solidaridad financiera y territorial, al concepto caja única. «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad», recoge en su artículo 41. Un precepto que en sucesivas sentencias ha ido fijando el Tribunal Constitucional.
De momento, la ayuda entre autonomías es la que permite que en el País Vasco y en Cataluña se pague la nómina de sus mayores, lo que no ocurriría si ambas regiones gestionaran sus propios sistemas, teniendo en cuenta que las dos están en números rojos, sus ingresos y gastos no cuadran y, además, sus jubilaciones están entre las más elevadas en España.
La nómina más elevada: 1.834 euros al mes
La más alta se encuentra en la comunidad vasca, con 1.834 euros mensuales, y 1.539 en la región catalana, en línea con la media nacional. En el primero la situación se agrava por tener una de las sociedades más envejecidas, y más que mejorar, las situación empeorará con la llegada masiva de la generación del ‘baby boom’ que afectará a todo el país, pero más a unas regiones que en otras.
En el caso de los vascos, el desfase entre ingresos y gastos supera los 4.000 millones, cifra que en Cataluña asciende a 5.871 millones. Entre ambas suman un déficit que roza los 9.871 millones de euros, según refleja el último estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de pensiones.
Sólo Madrid y Baleares
No son un caso aislado Cataluña y País Vasco; son mayoría las autonomías que no pueden pagar las nóminas de sus mayores con las cotizaciones sociales que ingresan, como demuestran tanto la relación entre afiliados y pensionistas como los datos contables del sistema regionalizados (ver gráfico adjunto).
Si se atiende a estos últimos balances de la Seguridad Social, Madrid y Baleares son las únicas autonomías que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados, lo que también podrían hacer Ceuta y Melilla. Quince regiones, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago de las pensiones fuera de su competencia y no podrían afrontar las facturas.
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