Claves del acuerdo entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de inmigrantes

Podemos ha revelado este lunes la noticia: el Consejo de Ministros aprobará este martes una regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. “Hay personas que en España viven con miedo a que la policía los pare”, ha relatado Irene Montero, eurodiputada del partido durante un evento en Madrid. Hasta el momento no se conoce el contenido del documento que próximamente presentará el Ejecutivo, pero ya hay sobre la mesa varias claves sobre su contenido.

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 La documentación necesaria para la solicitud, a cuántas personas afectará, las garantías del acuerdo y cuándo se pondrá en marcha  

Podemos ha revelado este lunes la noticia: el Consejo de Ministros aprobará este martes una regularización extraordinaria de inmigrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. “Hay personas que en España viven con miedo a que la policía los pare”, ha relatado Irene Montero, eurodiputada del partido durante un evento en Madrid. Hasta el momento no se conoce el contenido del documento que próximamente presentará el Ejecutivo, pero ya hay sobre la mesa varias claves sobre su contenido.

¿A quién afecta?

La regularización beneficiará a las personas en situación irregular y solicitantes de asilo que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025. Es decir, se prevé que los interesados puedan iniciar su solicitud a partir de este mayo. El número estimado es de medio millón de personas. No es la primera en ejecutarse en España. Desde la llegada de la democracia se han puesto en marcha nueve (desde 1986 hasta 2005: tres en el gobierno socialista de Felipe González, cuatro con José María Aznar y una con el PSOE de José Luis Zapatero) que afectó a más de un millón de personas.

¿Cómo se podrá acreditar la permanencia?

Para la acreditación de la permanencia en el país se podrá aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales, un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

¿Se necesita algún requerimiento más?

Podemos ha explicado, y ha confirmado a este periódico fuentes del Gobierno, que, además de la acreditación de haber vivido en España desde antes del próximo mayo, carecer de antecedentes penales relevantes será otro requisito para beneficiarse de la regularización.

La posibilidad de deportación durante el proceso

Una de las garantías que ha adelantado Podemos es que, en el momento de presentación de la solicitud de regularización, quedará automáticamente suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesen sobre la persona en situación irregular. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, la persona afectada podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

¿El acuerdo se validará en el Congreso?

No. La medida se aprobará a través de un Real Decreto, por lo que no necesita pasar por el Congreso para su convalidación, donde sería muy difícil conseguir la mayoría dada la negativa del PP y Vox sobre este asunto. Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego, el documentó irá al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.

Este acuerdo nace después de que más de un millar de asociaciones luchasen para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas. Las organizaciones que apoyan este proyecto van desde colectivos empresariales hasta asociaciones anarquistas, pasando por entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal Española, que en los últimos años ha plantado cara al discurso xenófobo de Vox y ha presionado al Partido Popular para que impulsase la iniciativa.

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