El 16 de febrero de 2024, solo cuatro días antes del arresto de Koldo García, la Guardia Civil lo vigilaba en secreto. Los agentes, que investigaban entonces una supuesta trama de amaño de contratos de compraventa de mascarillas en la pandemia a cambio de sobornos en el Ministerio de Transportes, le tenían pinchado el teléfono móvil. E interceptaron la siguiente conversación:
Las pesquisas, que comenzaron con una red de compra irregular de tapabocas en la pandemia, se convierten en la mayor causa de corrupción instruida en los últimos años en el Supremo
El 16 de febrero de 2024, solo cuatro días antes del arresto de Koldo García, la Guardia Civil lo vigilaba en secreto. Los agentes, que investigaban entonces una supuesta trama de amaño de contratos de compraventa de mascarillas en la pandemia a cambio de sobornos en el Ministerio de Transportes, le tenían pinchado el teléfono móvil. E interceptaron la siguiente conversación:
—Ahora te voy a contestar. No te asustes con lo que te voy a contestar, ¿vale? —apaciguaba el antiguo asesor de José Luis Ábalos a su interlocutor.
—Vale, vale —respondía un tal Daniel.
—Y no pongas por WhatsApp nada de esto —añadía Koldo García.
Con estas palabras, el exayudante del ministro advertía de que no debían dejar rastro. Unos minutos antes, ese Daniel (al que los agentes consiguieron identificar como Daniel Fernández Menéndez, administrador de la constructora OPR), le había puesto el siguiente mensaje: “En nuestra obra se ha caído un talud y van a sacar una emergencia. La obra es para la UTE con ASCH, pero las emergencias se adjudican a una sola empresa y prefiero que sea a OPR que a ellos, aunque luego la haga la UTE. Te cuento con detalle. Es en Monforte y es convencional”. Tres días más tarde, el constructor le precisaba. Le daba el nombre del proyecto y remachaba: “Hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 millones de euros”. Es uno de los 11 expedientes que el Tribunal Supremo, que ha imputado a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, acaba de poner bajo sospecha por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra a cambio de mordidas.
Lo que empezó como una causa de la Audiencia Nacional sobre un supuesto fraude en la compra de mascarillas, aprovechando la falta de controles durante la pandemia de coronavirus, ha escalado hasta convertirse en la mayor investigación de corrupción instruida en los últimos años en el Supremo. Un sumario que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE. A día de hoy, siguen bajo la lupa esos contratos de tapabocas concedidos al comisionista Víctor de Aldama, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha señalado que fue una “fuente de ingresos” adicional que se buscaron presuntamente Ábalos y su asesor. Los agentes sospechan que el gran negocio sucio estaba en las obras.
La trama navarra. El dibujo de la presunta red corrupta arranca en la comunidad foral. Los investigadores apuntan que, desde al menos 2015, Santos Cerdán y Koldo García habían comenzado allí a extender una red de influencia para tratar de terciar en adjudicaciones y obras. Cerdán era secretario de Organización del PSN desde 2011, además de diputado autonómico. García había sido concejal en Huarte (7.000 habitantes).
Esta dupla extendió sus relaciones en varias direcciones. Por un lado, según el sumario, se aliaron con el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso. En junio de 2015, Koldo García constituyó la cooperativa Noran Coop junto a él. Ese mismo año, el constructor también fundó la sociedad Servinabar y, según un documento privado encontrado por la Guardia Civil en su casa, transfirió en 2016 un 45% de las participaciones a Cerdán (aunque este y Alonso niegan que se traspasaran parte de la propiedad). Los agentes señalan que Servinabar se usó para participar en adjudicaciones; y Noran Coop, para mover dinero.
De forma paralela, aparece en escena Fernando Merino, quien fuera directivo de Acciona en Navarra y La Rioja hasta 2021. La UCO lo considera un personaje clave del presunto entramado descubierto hasta ahora. Es la pieza que ordena el puzle criminal en la comunidad foral (y que seguirá influyendo cuando la red desembarque en Transportes). Los investigadores destacan que las vinculaciones con la trama se remontan, al menos, a hace una década: han localizado un primer correo electrónico enviado ya en septiembre de 2015 por Merino a Koldo García, con copia a Joseba Antxon Alonso, para abordar “dudas sobre un pliego y futuro contrato” de una explotación minera donde participó Acciona.
No es el único expediente de esa época bajo sospecha. Por ejemplo, la Guardia Civil ha colocado el punto de mira en un segundo contrato de 2017 para la adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena de Pamplona por 3,7 millones de euros, al que concurrió Acciona en UTE (unión temporal de empresas) con Servinabar. El instituto armado destaca igualmente que la supuesta red corrupta se interesó por otro proyecto para construir un establecimiento hostelero y un supermercado de una cadena internacional en Huarte, donde Koldo García fue concejal. A este respecto, los agentes afirman que García facilitó “contactos” a Merino y transmitió “las novedades” a Santos Cerdán.
El salto al Ministerio. Los negocios sospechosos se concentran en Navarra varios años. Pero, a partir de 2017, el escenario cambia. Tras la vuelta de Pedro Sánchez a Ferraz, Cerdán es nombrado número dos de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE y “promueve” a Koldo García para que el partido lo contrate como conductor del futuro ministro. Según el sumario, ese movimiento les permitirá introducir a Ábalos en la dinámica delictiva; y penetrar a continuación en Transportes, un departamento donde se reparten cientos de millones de euros en adjudicaciones. A partir de entonces, Koldo García admite que tiene “dos jefes”: “A los cuales respeto”.
Acciona. En palabras de Leopoldo Puente, juez instructor del caso en el Supremo, una de las compañías que se “benefició” de esta “organización criminal” es Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales. A las obras de la época navarra, los investigadores añaden otros cinco proyectos sospechosos en las provincias de Murcia, La Rioja, Sevilla y Barcelona; concedidos por Adif y la Dirección General de Carreteras, dependientes de Transportes. Los investigadores apuntan que, solo por esos expedientes, la empresa abonó 620.000 euros en mordidas para José Luis Ábalos y Koldo García, y les prometió otros 450.000 euros. Un flujo de dinero que “gestionaba” Cerdán.
Desde que se conoció el contenido del informe de la UCO el pasado 12 de junio, que pone sobre la mesa importantes indicios sobre la trama, Acciona ha tratado de encapsular la responsabilidad. Ese mismo día, la compañía detalló que había despedido a Fernando Merino en abril de 2021 —aunque, como publicó EL PAÍS, no inscribió en el Registro Mercantil su revocación como apoderado de la compañía hasta marzo de 2023—.
Sin embargo, las sospechas de la Guardia Civil no se limitan a él. La UCO ha interceptado una grabación de Koldo García de noviembre de 2023, donde este le dice a Ábalos: “Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona”. Según los agentes, podría referirse a Justo Vicente Pelegrini, responsable de Acciona Construcción para España. La multinacional lo despidió cuatro días después de publicarse el informe policial, achacándole “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”. A su vez, en el sumario consta que Cerdán presionó para que Ábalos colocara en Transportes en 2018 a Juan Ángel Mairal Lacoma, cargo de Acciona por aquella época.
Otras dos constructoras. Los primeros pasos de esta línea de investigación sobre el amaño de obra han puesto el foco en otras dos empresas: OPR (Obras Públicas y Regadíos) y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción), con tres concesiones bajo sospecha cada una. Los agentes han trazado los vínculos de sus responsables con Koldo García, que sirvió como “hilo conductor” hasta sus dos superiores. Los agentes apuntan que fue Fernando Merino quien introdujo a OPR en Transportes a través del asesor del ministro. Merino es cuñado de Daniel y Antonio Fernández Menéndez, respectivos administrador mancomunado y apoderado de esa constructora.
Respecto a Levantina, la UCO señala a José Ruz, uno de sus accionistas. La Guardia Civil sitúa su primer contacto con Koldo García en marzo de 2019, cuando le envió el siguiente email: “Buenos días señor Koldo. Soy Pepe Ruz, gerente y dueño de una empresa constructora de Valencia. No nos conocemos, pero me gustaría, si lo tiene a bien, poder tener una pequeña reunión”. A partir de ese momentos, ambos tejieron un relación, marcada primero por la intermediación de Víctor de Aldama (al que ambos conocían previamente). “No obstante, a mediados de 2020, tanto Ruz como Koldo comenzaron a ocultar su relación directa a Aldama”, explican los agentes. Es decir, empezaron a volar solos para “influir” en la concesión de adjudicaciones a cambio de mordidas.
Adif y Carreteras. Hasta ahora, la red de influencias tejidas por la trama se concentra en estos dos organismos dependientes de Transportes. Los recelos se han multiplicado tras analizar las comunicaciones interceptadas y los audios grabados por Koldo García. El exasesor del ministro conversa sobre obras con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director general de Carreteras. El Supremo ha pedido imputar a ambos.
Otras obras señaladas por Aldama. El magistrado Leopoldo Puente se encuentra a la espera de recibir otro informe de la UCO sobre una batería de adjudicaciones que aparecían subrayadas en fluorescente en una documentación aportada por Aldama. El comisionista señaló que estas obras fueron pactadas con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. Y los agentes avisan. Puede que aún haya más: “Esta delimitación se hace sin perjuicio de que en posteriores informes se pudiera ampliar el número de empresas de interés tras la obtención de nuevos indicios”, escriben los agentes en el informe que ha provocado el seísmo político que sacude al PSOE.
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