Durante dos o tres décadas–un suspiro en términos históricos– parecía que el capitalismo quería desesperadamente rectificarse a sí mismo. El proceso desbordaba la simple denuncia de sus desviaciones como hicieron Luigi Zingales y Raghuram Rajan en su libro de 2004 ‘Saving capitalism from capitalist’. No se trataba de proponer reformas estructurales, sino de un cambio de lenguaje. En 2019, la Business Roundtable, con el respaldo visible de ejecutivos como Jamie Dimon, proclamó el fin de la primacía absoluta del accionista, defendida durante décadas por Milton Friedman. La empresa, se decía, debía servir a empleados, clientes, comunidades y al conjunto de la sociedad.Aquella declaración fue celebrada como un punto de inflexión. En realidad, fue más bien un síntoma. Veníamos de una década marcada por las secuelas de la crisis financiera, el aumento de la desigualdad y el auge de corrientes populistas que señalaban al gran capital como responsable último del malestar social. El llamado ‘ capitalismo de stakeholders ‘ ofrecía una respuesta elegante: preservar el sistema corrigiendo su imagen.Durante esos años, proliferaron los informes ESG, los compromisos de sostenibilidad y los códigos éticos corporativos. Las grandes empresas adoptaron un discurso de propósito que iba más allá del beneficio. Sin embargo, bajo esa capa retórica, los incentivos fundamentales apenas se alteraron. Algunos datos refuerzan esta lectura. Según estimaciones recientes del FMI, en la última década las empresas estadounidenses han destinado billones de dólares a recompras de acciones, muy por encima de la inversión neta en capacidad productiva en determinados sectores. Del mismo modo, informes del Financial Times y de The Economist han subrayado cómo el entusiasmo por el ESG ha retrocedido a medida que aumentaban los tipos de interés y se deterioraban las condiciones financieras.A ello se añade un elemento menos visible pero igualmente decisivo: la reacción política. En Estados Unidos, el ESG ha pasado en pocos años de ser un estándar aspiracional a convertirse en objeto de controversia ideológica y regulatoria. Varios estados han limitado su uso en la gestión de fondos públicos, mientras grandes gestoras han moderado su discurso. El péndulo no solo económico, sino también político, se ha desplazado con rapidez.La figura de Donald Trump actuó como catalizador inicial de este cambio, con su política arancelaria y su retórica de desacoplamiento. Pero el fenómeno ha demostrado ser más profundo y transversal. Las grandes leyes de subsidios industriales en Estados Unidos, la creciente intervención europea en sectores estratégicos o el énfasis en la autonomía tecnológica apuntan en la misma dirección: la empresa vuelve a ser un instrumento, no solo económico, sino geopolítico.En este nuevo contexto, el ‘stakeholder capitalism’ revela su verdadera naturaleza: no como una alternativa al modelo clásico, sino como un paréntesis, una fase de ajuste reputacional en un momento de cuestionamiento social. Un intento de reconciliar capitalismo y legitimidad sin alterar los mecanismos esenciales de asignación de recursos.El contraste con China resulta, en este sentido, particularmente elocuente. Empresas como Huawei nunca operaron bajo la lógica –ni siquiera retórica– del ‘stakeholder’ occidental. Su prioridad ha sido, desde el inicio, la alineación con objetivos estratégicos nacionales, la inversión sostenida en capacidades tecnológicas y la resiliencia frente a presiones externas. En cambio, compañías como Apple sí transitaron por esa fase discursiva, sin que ello alterase sustancialmente su comportamiento económico.Mientras Occidente debatía sobre el alma del capitalismo, China consolidaba su músculo industrial. Mientras las memorias corporativas se llenaban de compromisos sociales, Pekín reforzaba su autonomía tecnológica y su capacidad de intervención. La diferencia no es solo de modelo, sino de prioridades.Europa merece, en este punto, una mención específica. A medio camino entre la ortodoxia de mercado y la tentación intervencionista, la Unión ha tratado de liderar el impulso regulatorio –desde la taxonomía verde hasta la diligencia debida– sin contar siempre con la escala industrial necesaria para sostenerlo. El resultado es una creciente asimetría: normas ambiciosas, pero empresas con poca capacidad para competir en un entorno global.Hoy, en un mundo marcado por la fragmentación geopolítica, la competencia tecnológica y el retorno del poder estatal, la retórica pierde peso frente a la realidad . Las empresas occidentales vuelven a enfrentarse a exigencias más clásicas: rentabilidad, escala, control de cadenas de suministro y alineación –explícita o implícita– con los intereses nacionales. Occidente creyó, por un momento, que podía humanizar el capitalismo sin alterar su lógica. Pero la historia económica rara vez concede ese tipo de equilibrios. China, por su parte, nunca se permitió esa ilusión. Y Europa, atrapada entre la nostalgia normativa y la presión estratégica, corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que, en la economía global, los paréntesis duran poco, pero sus consecuencias se prolongan. Durante dos o tres décadas–un suspiro en términos históricos– parecía que el capitalismo quería desesperadamente rectificarse a sí mismo. El proceso desbordaba la simple denuncia de sus desviaciones como hicieron Luigi Zingales y Raghuram Rajan en su libro de 2004 ‘Saving capitalism from capitalist’. No se trataba de proponer reformas estructurales, sino de un cambio de lenguaje. En 2019, la Business Roundtable, con el respaldo visible de ejecutivos como Jamie Dimon, proclamó el fin de la primacía absoluta del accionista, defendida durante décadas por Milton Friedman. La empresa, se decía, debía servir a empleados, clientes, comunidades y al conjunto de la sociedad.Aquella declaración fue celebrada como un punto de inflexión. En realidad, fue más bien un síntoma. Veníamos de una década marcada por las secuelas de la crisis financiera, el aumento de la desigualdad y el auge de corrientes populistas que señalaban al gran capital como responsable último del malestar social. El llamado ‘ capitalismo de stakeholders ‘ ofrecía una respuesta elegante: preservar el sistema corrigiendo su imagen.Durante esos años, proliferaron los informes ESG, los compromisos de sostenibilidad y los códigos éticos corporativos. Las grandes empresas adoptaron un discurso de propósito que iba más allá del beneficio. Sin embargo, bajo esa capa retórica, los incentivos fundamentales apenas se alteraron. Algunos datos refuerzan esta lectura. Según estimaciones recientes del FMI, en la última década las empresas estadounidenses han destinado billones de dólares a recompras de acciones, muy por encima de la inversión neta en capacidad productiva en determinados sectores. Del mismo modo, informes del Financial Times y de The Economist han subrayado cómo el entusiasmo por el ESG ha retrocedido a medida que aumentaban los tipos de interés y se deterioraban las condiciones financieras.A ello se añade un elemento menos visible pero igualmente decisivo: la reacción política. En Estados Unidos, el ESG ha pasado en pocos años de ser un estándar aspiracional a convertirse en objeto de controversia ideológica y regulatoria. Varios estados han limitado su uso en la gestión de fondos públicos, mientras grandes gestoras han moderado su discurso. El péndulo no solo económico, sino también político, se ha desplazado con rapidez.La figura de Donald Trump actuó como catalizador inicial de este cambio, con su política arancelaria y su retórica de desacoplamiento. Pero el fenómeno ha demostrado ser más profundo y transversal. Las grandes leyes de subsidios industriales en Estados Unidos, la creciente intervención europea en sectores estratégicos o el énfasis en la autonomía tecnológica apuntan en la misma dirección: la empresa vuelve a ser un instrumento, no solo económico, sino geopolítico.En este nuevo contexto, el ‘stakeholder capitalism’ revela su verdadera naturaleza: no como una alternativa al modelo clásico, sino como un paréntesis, una fase de ajuste reputacional en un momento de cuestionamiento social. Un intento de reconciliar capitalismo y legitimidad sin alterar los mecanismos esenciales de asignación de recursos.El contraste con China resulta, en este sentido, particularmente elocuente. Empresas como Huawei nunca operaron bajo la lógica –ni siquiera retórica– del ‘stakeholder’ occidental. Su prioridad ha sido, desde el inicio, la alineación con objetivos estratégicos nacionales, la inversión sostenida en capacidades tecnológicas y la resiliencia frente a presiones externas. En cambio, compañías como Apple sí transitaron por esa fase discursiva, sin que ello alterase sustancialmente su comportamiento económico.Mientras Occidente debatía sobre el alma del capitalismo, China consolidaba su músculo industrial. Mientras las memorias corporativas se llenaban de compromisos sociales, Pekín reforzaba su autonomía tecnológica y su capacidad de intervención. La diferencia no es solo de modelo, sino de prioridades.Europa merece, en este punto, una mención específica. A medio camino entre la ortodoxia de mercado y la tentación intervencionista, la Unión ha tratado de liderar el impulso regulatorio –desde la taxonomía verde hasta la diligencia debida– sin contar siempre con la escala industrial necesaria para sostenerlo. El resultado es una creciente asimetría: normas ambiciosas, pero empresas con poca capacidad para competir en un entorno global.Hoy, en un mundo marcado por la fragmentación geopolítica, la competencia tecnológica y el retorno del poder estatal, la retórica pierde peso frente a la realidad . Las empresas occidentales vuelven a enfrentarse a exigencias más clásicas: rentabilidad, escala, control de cadenas de suministro y alineación –explícita o implícita– con los intereses nacionales. Occidente creyó, por un momento, que podía humanizar el capitalismo sin alterar su lógica. Pero la historia económica rara vez concede ese tipo de equilibrios. China, por su parte, nunca se permitió esa ilusión. Y Europa, atrapada entre la nostalgia normativa y la presión estratégica, corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que, en la economía global, los paréntesis duran poco, pero sus consecuencias se prolongan.
Durante dos o tres décadas–un suspiro en términos históricos– parecía que el capitalismo quería desesperadamente rectificarse a sí mismo. El proceso desbordaba la simple denuncia de sus desviaciones como hicieron Luigi Zingales y Raghuram Rajan en su libro de 2004 ‘Saving capitalism from capitalist’. … No se trataba de proponer reformas estructurales, sino de un cambio de lenguaje. En 2019, la Business Roundtable, con el respaldo visible de ejecutivos como Jamie Dimon, proclamó el fin de la primacía absoluta del accionista, defendida durante décadas por Milton Friedman. La empresa, se decía, debía servir a empleados, clientes, comunidades y al conjunto de la sociedad.
Aquella declaración fue celebrada como un punto de inflexión. En realidad, fue más bien un síntoma. Veníamos de una década marcada por las secuelas de la crisis financiera, el aumento de la desigualdad y el auge de corrientes populistas que señalaban al gran capital como responsable último del malestar social. El llamado ‘capitalismo de stakeholders‘ ofrecía una respuesta elegante: preservar el sistema corrigiendo su imagen.
Durante esos años, proliferaron los informes ESG, los compromisos de sostenibilidad y los códigos éticos corporativos. Las grandes empresas adoptaron un discurso de propósito que iba más allá del beneficio. Sin embargo, bajo esa capa retórica, los incentivos fundamentales apenas se alteraron. Algunos datos refuerzan esta lectura. Según estimaciones recientes del FMI, en la última década las empresas estadounidenses han destinado billones de dólares a recompras de acciones, muy por encima de la inversión neta en capacidad productiva en determinados sectores. Del mismo modo, informes del Financial Times y de The Economist han subrayado cómo el entusiasmo por el ESG ha retrocedido a medida que aumentaban los tipos de interés y se deterioraban las condiciones financieras.
A ello se añade un elemento menos visible pero igualmente decisivo: la reacción política. En Estados Unidos, el ESG ha pasado en pocos años de ser un estándar aspiracional a convertirse en objeto de controversia ideológica y regulatoria. Varios estados han limitado su uso en la gestión de fondos públicos, mientras grandes gestoras han moderado su discurso. El péndulo no solo económico, sino también político, se ha desplazado con rapidez.
La figura de Donald Trump actuó como catalizador inicial de este cambio, con su política arancelaria y su retórica de desacoplamiento. Pero el fenómeno ha demostrado ser más profundo y transversal. Las grandes leyes de subsidios industriales en Estados Unidos, la creciente intervención europea en sectores estratégicos o el énfasis en la autonomía tecnológica apuntan en la misma dirección: la empresa vuelve a ser un instrumento, no solo económico, sino geopolítico.
En este nuevo contexto, el ‘stakeholder capitalism’ revela su verdadera naturaleza: no como una alternativa al modelo clásico, sino como un paréntesis, una fase de ajuste reputacional en un momento de cuestionamiento social. Un intento de reconciliar capitalismo y legitimidad sin alterar los mecanismos esenciales de asignación de recursos.
El contraste con China resulta, en este sentido, particularmente elocuente. Empresas como Huawei nunca operaron bajo la lógica –ni siquiera retórica– del ‘stakeholder’ occidental. Su prioridad ha sido, desde el inicio, la alineación con objetivos estratégicos nacionales, la inversión sostenida en capacidades tecnológicas y la resiliencia frente a presiones externas. En cambio, compañías como Apple sí transitaron por esa fase discursiva, sin que ello alterase sustancialmente su comportamiento económico.
Mientras Occidente debatía sobre el alma del capitalismo, China consolidaba su músculo industrial. Mientras las memorias corporativas se llenaban de compromisos sociales, Pekín reforzaba su autonomía tecnológica y su capacidad de intervención. La diferencia no es solo de modelo, sino de prioridades.
Europa merece, en este punto, una mención específica. A medio camino entre la ortodoxia de mercado y la tentación intervencionista, la Unión ha tratado de liderar el impulso regulatorio –desde la taxonomía verde hasta la diligencia debida– sin contar siempre con la escala industrial necesaria para sostenerlo. El resultado es una creciente asimetría: normas ambiciosas, pero empresas con poca capacidad para competir en un entorno global.
Hoy, en un mundo marcado por la fragmentación geopolítica, la competencia tecnológica y el retorno del poder estatal, la retórica pierde peso frente a la realidad. Las empresas occidentales vuelven a enfrentarse a exigencias más clásicas: rentabilidad, escala, control de cadenas de suministro y alineación –explícita o implícita– con los intereses nacionales. Occidente creyó, por un momento, que podía humanizar el capitalismo sin alterar su lógica. Pero la historia económica rara vez concede ese tipo de equilibrios. China, por su parte, nunca se permitió esa ilusión. Y Europa, atrapada entre la nostalgia normativa y la presión estratégica, corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que, en la economía global, los paréntesis duran poco, pero sus consecuencias se prolongan.
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