Durante la campaña electoral y ante el riesgo de tener que acabar pactando con Vox su investidura, el candidato popular, Juan Manuel Moreno, trató de rebajar a un “eslogan hueco” la prioridad nacional, la condición xenófoba que sus compañeros de partido en Extremadura y Aragón han tenido que aceptar para conseguir formar gobierno en sus respectivas comunidades autónomas. El ahora presidente en funciones de la Junta de Andalucía advirtió entonces de que muchas de las propuestas que la formación ultra incluía dentro de esa expresión eran directamente ilegales y son las que esta mañana se han debatido en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, donde el PP gobierna en minoría con apoyo a sus Presupuestos de los de Santiago Abascal. Los populares hispalenses ya habían claudicado estos últimos años ante el ideario de la extrema derecha, pero a las puertas de iniciar las negociaciones para que el barón popular inaugure su tercera legislatura, abordar este asunto en otro escenario era un órdago que la dirección regional no estaba dispuesta a aceptar y el grupo municipal encabezado por el alcalde José Luis Sanz ha votado que no, como en resto de formaciones. “Podemos estar de acuerdo con los problemas, pero no con el enfoque y las soluciones”, ha defendido el portavoz municipal del PP, Juan Bueno.
El líder del partido ultra en Andalucía urge al PP a iniciar los contactos para pactar, pero los populares no tienen prisa y cuestionan la ausencia pública de María Jesús Montero
Durante la campaña electoral y ante el riesgo de tener que acabar pactando con Vox su investidura, el candidato popular, Juan Manuel Moreno, trató de rebajar a un “eslogan hueco” la prioridad nacional, la condición xenófoba que sus compañeros de partido en Extremadura y Aragón han tenido que aceptar para conseguir formar gobierno en sus respectivas comunidades autónomas. El ahora presidente en funciones de la Junta de Andalucía advirtió entonces de que muchas de las propuestas que la formación ultra incluía dentro de esa expresión eran directamente ilegales y son las que esta mañana se han debatido en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, donde el PP gobierna en minoría con apoyo a sus Presupuestos de los de Santiago Abascal. Los populares hispalenses ya habían claudicado estos últimos años ante el ideario de la extrema derecha, pero a las puertas de iniciar las negociaciones para que el barón popular inaugure su tercera legislatura, abordar este asunto en otro escenario era un órdago que la dirección regional no estaba dispuesta a aceptar y el grupo municipal encabezado por el alcalde José Luis Sanz ha votado que no, como en resto de formaciones. “Podemos estar de acuerdo con los problemas, pero no con el enfoque y las soluciones”, ha defendido el portavoz municipal del PP, Juan Bueno.
La moción que se ha debatido en Sevilla forma parte de la ofensiva coordinada que Vox puso en marcha en abril para presentar documentos similares en todos los ayuntamientos de España donde tienen representación. El texto presentado por la extrema derecha incluía seis puntos en los que se insta a compartir información del padrón municipal con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que puedan iniciar el procedimiento de expulsión de los migrantes en situación irregular —una medida que ya incluyó Vox en el acuerdo de investidura de Moreno de 2019—; imponer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos, programas de vivienda o para impedir a los “inmigrantes ilegales” acceder al sistema sanitario público; e instar al Gobierno a derogar el decreto que blinda el acceso a los migrantes a la asistencia sanitaria y el de regularización de los migrantes, ya en marcha. “Se trata de definir para quién deben estar orientados prioritariamente los servicios públicos municipales, ¿para los que llevan años sosteniéndolos con sus impuestos o para quienes acaban de llegar, algunos al margen de la legalidad? En Vox lo tenemos claro: primero los sevillanos, los españoles, y esto no es odio, ni es exclusión, ni radicalidad, esto es sentido común”. Así ha resumido el fondo de la moción su portavoz, Cristina Peláez.
El grupo popular en el Ayuntamiento había eludido confirmar cuál iba a ser su posición a lo largo de todos estos días, mientras que fuentes cercanas al PP de Andalucía aseguraban que presentarían enmiendas similares a las que se incluyeron en las mociones aprobadas en otros consistorios, como en el caso de Burgos, donde se incorporaron propuestas transaccionales referentes a la atención médica urgente a inmigrantes en situación irregular y a la asistencia jurídica gratuita. Fuentes cercanas al ejecutivo local explican que muchas de las medidas propuestas en el texto no eran de competencia municipal y tampoco estaban incluidas en el acuerdo firmado con Vox en el Ayuntamiento, y que en las partes que sí podrían haber apoyado, los ultras se negaron a realizar cambios, tal y como también reconocen los interlocutores de la formación de Abascal consultados.
Esas mismas fuentes indican que precisamente los acuerdos en el Ayuntamiento de Sevilla son “un referente” para las futuras negociaciones con el PP para la investidura de Moreno y advierten de que los pactos presupuestarios son similares a los que ya se firmaron en 2018, pero que, precisan, “Moreno incumplió y Sanz sí ha cumplido”. En estos últimos cuatro años, los populares hispalenses han venido aceptando medidas que se imbrican en la línea ideológica y cultural más reaccionaria de la extrema derecha a cambio de conseguir la aprobación de los últimos dos presupuestos municipales. Vox, que desde el primer momento trató, sin éxito, de entrar en el gobierno municipal —donde los populares, con 14 ediles, gobiernan en minoría un Consistorio cuya mayoría absoluta está en 16—, ha conseguido forzar las políticas municipales en materia de igualdad, cooperación internacional, medio ambiente y migración.
Su mayor victoria ha sido conseguir la apertura de la Oficina Municipal de Apoyo a la Maternidad, que gestiona directamente Vox, y cuya directora, un cargo de libre designación, es una conocida antiabortista; pero también ha logrado reducir las partidas destinadas al Servicio de la Mujer, planes de igualdad, cooperación al desarrollo y apoyo a la población migrante local, para incrementar las ayudas a la maternidad, dotar de presupuesto al cheque bebé, fomentar a los jóvenes que se dedican al arte sacro, incrementar las actividades en los días de la Inmaculada y San Fernando —patrón de Sevilla—, o crear tres nuevos museos: de la Semana Santa, del flamenco y de historia de Sevilla. En el último acuerdo para sacar adelante las cuentas municipales también forzaron la eliminación de las multas de la zona de bajas emisiones de La Cartuja —dejándola sin efecto de facto— o imponer un mayor control al padrón municipal para impedir la inscripción de migrantes irregulares. Hace unos meses, el PP también apoyo la propuesta de Vox de impedir el acceso a los edificios municipales de mujeres con burka, pese a los servicios jurídicos han advertido de que esta medida no es aplicable.
Por su parte, el PP no tiene ninguna prisa en alcanzar un acuerdo con Vox para garantizar una legislatura sin sobresaltos en Andalucía. Ningún contacto ha habido, según la versión del portavoz parlamentario del partido ultra, Manuel Gavira, desde que se celebraron las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que ganaron los populares, aunque perdiendo la mayoría absoluta. El candidato del PP y presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno, obtuvo 53 escaños, dos menos de los 55 de la mayoría absoluta, mientras que Vox logró uno más, 15.
“Faltan 15 días” para la constitución del Parlamento andaluz, ha señalado el portavoz del grupo parlamentario del PP, Toni Martín, apuntando a que aún queda mucho tiempo para sentarse a negociar. Martín ha rehuido las preguntas sobre un eventual acuerdo con Vox y se ha refugiado en que ese trabajo es ajeno a su responsabilidad parlamentaria. Por el contrario, Gavira sí ha mostrado cierta prisa para que al menos se descuelguen teléfonos, algo que, según él, no se ha producido, aunque sí algún que otro intercambio superficial de mensajes de WhatsApp.
El partido de Abascal “está dispuesto” a alcanzar acuerdos de gobierno con el PP como los firmados en Extremadura y Aragón con propuestas, en opinión de Gavira, de “sentido común” como la “bajada de impuestos, la defensa del campo, la prioridad nacional y la lucha contra la inmigración masiva”. Estos pactos se han traducido en gobiernos de coalición en esas comunidades. “Tendemos la mano, pero en Andalucía no está sucediendo nada”, se ha quejado el portavoz de Vox, quien no ha concretado las peticiones de reparto de poder que implicaría el acuerdo. “Primero tenemos que sentarnos y luego ya veremos quién lleva esas políticas”, ha dicho. A la pregunta de si exigirán codirigir la televisión pública andaluza ha dicho: “Eso ya se verá”.
Y si para Vox una de sus líneas rojas es la prioridad nacional, para el presidente de la Junta en funciones está en gobernar en solitario. Considera que los 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta, que obtuvo el pasado 17 de mayo le dan margen para eludir un gobierno de coalición y optar por la vía de los acuerdos parlamentarios.
El próximo día 11 se constituye el Parlamento andaluz y ahí se producirá la primera foto en la que se desvelará si hay acuerdo. Ahora mismo los siete puestos de la Mesa se reparten así: cuatro para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox. El Partido Socialista no se plantea un acuerdo con los populares, según fuentes de este partido. Sus dos puestos no están en peligro, salvo que se produzca un cambalache con los dos grupos de izquierda, y cree que para sus intereses es mejor que el PP pierda la mayoría absoluta en el órgano de gobierno de la Cámara, que juega un papel clave en el juego parlamentario, a obtener un puesto de más relumbrón, pero sin consecuencias prácticas. El Reglamento del Parlamento también asegura la representación a los grupos de Adelante Andalucía (ocho escaños) y Por Andalucía (cinco), pero sin voto.
Los diputados tienen hasta el día 10 de junio para acreditarse en el Parlamento. La socialista María Jesús Montero aún no lo ha hecho, como la mayoría de los parlamentarios electos, ya que según fuentes del Parlamento tan sólo cinco han recogido su acta. La dirigente socialista no ha tenido ninguna agenda pública desde la noche de las elecciones del 17 de mayo, cuando compareció tras el escrutinio electoral. Al día siguiente presidió una reunión de la comisión ejecutiva regional, pero dejó en manos del secretario de Comunicación, Fernando López Gil, las explicaciones sobre el análisis electoral. Cuando este daba una rueda de prensa en el patio principal de la sede de la calle San Vicente, la también vicesecretaria federal del PSOE abandonada el edifico por otra puerta, como recogió La Sexta.
Fuentes socialistas aseguran que la secretaria general está manteniendo reuniones “de trabajo interno” con los secretarios generales provinciales, desarrollada la semana pasada. También sobre la “reorganización” del grupo parlamentario que ha pasado de 30 a 28 diputados. En la agenda figuran, según estas fuentes, preparativos para los comicios municipales de dentro de un año y de elección de candidatos locales. Montero tenía previsto convocar algún acto público esta semana, pero el caso Zapatero y, posteriormente, el caso Leire Díez, ha desbaratado esos planes.
La ausencia pública de Montero la ha aprovechado a fondo el PP andaluz. Su portavoz se ha preguntado si la socialista —“dadas sus circunstancias personales actuales y las que previsiblemente pueda tener en el futuro”— “prefiere seguir aforada en el Congreso de los Diputados o prefiere seguir aforada por el Parlamento de Andalucía”. Según él, “no es lo mismo estar dependiendo de los órganos judiciales del Estado que de los órganos judiciales de la Junta de Andalucía”. A la pregunta de qué significa esa distinción, Martín ha corregido y dijo que se refería al Tribunal Superior de Andalucía y ha eludido explicar por qué no es lo mismo.
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