Nadie está a salvo de verse atrapado por el Madrid de los precios inmobiliarios disparados. Ni siquiera todo un gobierno autonómico. A finales de 2025, la Generalitat de Cataluña tuvo que decir adiós a su histórica sede de Alcalá, 44, al lado del Banco de España y el Círculo de Bellas Artes. La aseguradora Zurich, dueña del edificio, lo había vendido a un grupo de inversores mexicanos con el proyecto inicial de hacer un hotel de lujo. Despojada de este lugar de referencia, la representación del Govern se desplazó a un lugar mucho menos emblemático, la calle Orense en el distrito de Tetuán, donde ahora paga un alquiler de 64.945,95 euros al mes, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Sin embargo, la odisea inmobiliaria de esta institución no acaba ahí: el concurso que lanzó para comprar una sede en el centro de Madrid, y así ahorrar costes, ha quedado desierto. Los 33 millones ofertados no son suficientes para adquirir los 2.500 metros cuadrados que quiere la Generalitat en la zona VIP de la capital (distrito Centro o barrios de Recoletos, Goya, Lista y La Castellana). En Madrid, el precio del metro cuadrado cotiza como si los ladrillos fueran de oro.
La delegación catalana tuvo que abandonar su histórica sede en la calle Alcalá porque se convertirá en un hotel de lujo, y ahora no encuentra un edificio céntrico
Nadie está a salvo de verse atrapado por el Madrid de los precios inmobiliarios disparados. Ni siquiera todo un gobierno autonómico. A finales de 2025, la Generalitat de Cataluña tuvo que decir adiós a su histórica sede de Alcalá, 44, al lado del Banco de España y el Círculo de Bellas Artes. La aseguradora Zurich, dueña del edificio, lo había vendido a un grupo de inversores mexicanos con el proyecto inicial de hacer un hotel de lujo. Despojada de este lugar de referencia, la representación del Govern se desplazó a un lugar mucho menos emblemático, la calle Orense en el distrito de Tetuán, donde ahora paga un alquiler de 64.945,95 euros al mes, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Sin embargo, la odisea inmobiliaria de esta institución no acaba ahí: el concurso que lanzó para comprar una sede en el centro de Madrid, y así ahorrar costes, ha quedado desierto. Los 33 millones ofertados no son suficientes para adquirir los 2.500 metros cuadrados que quiere la Generalitat en la zona VIP de la capital (distrito Centro o barrios de Recoletos, Goya, Lista y La Castellana). En Madrid, el precio del metro cuadrado cotiza como si los ladrillos fueran de oro.
“Madrid tiene un atractivo creciente como centro corporativo y de grandes cadenas hoteleras de lujo frente a otras ciudades europeas, y eso hace que los propietarios esperen precios más altos”, analiza Carlos Balado, investigador de OBS Business School. “De ahí que muchas operaciones no se cierren y que las transacciones estén alcanzando niveles inéditos, con rentabilidades en torno al 7%, muy elevadas en comparación con otros activos como la deuda pública”, añade.- Y recalca que el problema no está tanto en la oferta presentada (“prácticamente duplica el precio medio de las oficinas en el distrito de Salamanca”), como en las expectativas del mercado. Por ahora, los vendedores siempre quieren (y obtienen) más.
La historia de la delegación catalana en la capital pone en evidencia y a la perfección el alza de los precios inmobiliarios que azota a Madrid. Son 20 años en el mismo lugar emblemático, a unas pocas cuadras del Congreso. Dos décadas que dibujan una gráfica disparada, de alquiler pagado en alquiler pagado hasta sumar más de 15 millones de euros: si fuera una fiebre, ese enfermo estaría al borde de la muerte.
En 2005, cuando trasladó su sede a la calle Alcalá, la Generalitat empezó pagando 379.514,88 euros anuales por el local en el que ha estado durante 20 años el centro cultural-librería Blanquerna. La última factura por ese mismo alquiler fue de 548.208,51 euros. Un 44,45% más. Lo mismo pasa con la planta que albergaba las oficinas institucionales: pasó de costar 181.027,84 euros en 2006, a 359.741,68 dos décadas después. Un alza del 98,72%. En suma, el gasto total en alquileres por los distintos servicios ofrecidos en la sede, que ha ido añadiendo plantas y propuestas a lo largo de los dos últimos decenios, pasó de costar 379.514,88 euros en 2005 a 1.102.544,5 en 2025. Un gasto que solo se detuvo cuando un grupo de inversores mexicanos apostó por comprar el edificio (a cambio de 100 millones) para convertirlo en un hotel de lujo.
El Govern, por lo tanto, no tuvo la opción de renovar el contrato, según explican en la delegación madrileña, a la que se remite la Generalitat. En 2025, como un inquilino cualquiera enfrentado a un fondo inversor, tuvo que decir adiós. Si Madrid sufre una burbuja centrada en el negocio inmobiliario de lujo, Alcalá 44 está en su epicentro. Y la Generalitat de Cataluña es ahora su víctima: quiere comprar una sede, pero el mercado no se la ofrece por el precio apetecido.
“El concurso ha quedado desierto por una clara desalineación entre las condiciones planteadas y la realidad del mercado inmobiliario en estos enclaves”, razona Alejandro Navas, portavoz de Licitaciones.io, una compañía de búsqueda y monitorización para empresas de licitaciones públicas. “En este tipo de ubicaciones, los propietarios suelen tener alternativas más rentables y flexibles, como la venta a inversores institucionales, la reconversión a residencial de lujo, o el alquiler a largo plazo, lo que eleva sus expectativas y reduce el atractivo de operaciones sujetas a condiciones rígidas”, añade. Pero las dificultades, añade este especialista, iban incluso más allá en el caso de la Generalitat: “La licitación excluía la participación de intermediarios, lo que limita aún más el acceso a oportunidades off market, muy habituales en este segmento. Además, la falta de una partida presupuestaria plenamente consolidada (por no haber renovado los presupuestos autonómicos) introducía un elemento de incertidumbre que desincentiva a los propietarios, especialmente en procesos administrativos complejos”.
Vanessa Gevers, consejera delegada de VGevers Capital Market, explica que no todos los inmuebles permiten cambios o flexibilidad de uso para adaptarse a lo que busca la Generalitat, ya sea por limitaciones urbanísticas o por condicionantes técnicos como la configuración de las plantas, la estructura o el grado de protección. Por ejemplo, el Govern necesita un gran espacio a pie de calle para su centro cultural. Por lo tanto, se reducen aún más las opciones disponibles.
“El mercado de oficinas en el distrito de negocios de Madrid está muy tensionado por el lado de la oferta”, retrata. “La disponibilidad en estas zonas es inferior al 3%”, añade sobre un mercado azuzado por la fuerte demanda, con más de 500.000 metros cuadrados contratados en 2025, y por la destrucción de stock. “La reconversión de oficinas a usos residenciales y hoteleros, especialmente en el centro, junto con la absorción por parte del sector educativo, está reduciendo de forma significativa la oferta disponible”, cuenta Gevers.
El plan b de una reforma
Esta especialista asegura que la situación está empujando los alquileres al alza —con los niveles más altos estabilizados entre 40 y 50 euros al mes por metro cuadrado—. Eso crea un efecto bola de nieve que arrastra y multiplica los precios de venta. Como colofón, dice Gevers, la Generalitat tiene en la diana zonas de Madrid que son especialmente complicadas: “Apenas sale al mercado un edificio cada dos o tres años, y cuando lo hace, se enfrenta a una fuerte competencia tanto de inversores locales como internacionales dispuestos a pagar precios superiores, ya sea para mantener el uso de oficinas o para transformarlo”.
La Generalitat tiene muy claro lo que quiere. Busca un edificio de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados para ubicar los despachos del delegado y del Govern y las oficinas administrativas; el Centro Cultural-Librería Blanquerna (que incluye un auditorio con aforo para 150 personas); además de seis plazas de aparcamiento opcionales. Paralelamente, se plantea que el inmueble cuente con un espacio de uso residencial de entre 85 y 105 metros cuadrados que incluya una habitación tipo suite con baño, además de otro baño, una habitación, un salón comedor y una cocina. El piso puede estar dentro de la finca o, como mucho, a una distancia de 250 metros. Pero nadie le ha presentado una oferta.
¿Cómo solucionar ahora el problema y lograr una sede en propiedad en este Madrid enloquecido? La Generalitat no descarta optar por un inmueble más barato de lo previsto, pero que requiera una reforma a fondo. El tiempo corre: el alquiler de la sede de la calle Orense expira en marzo de 2029.
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