La campaña callejera contra el acuerdo UE-Mercosur que los agricultores españoles vienen protagonizando de manera continua desde hace al menos quince días está muy lejos de haber terminado; de hecho, acaba de empezar su ‘semana grande’. El pasado miércoles, cuando el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el texto al Tribunal Superior de Justicia de la UE, algo que teóricamente bloquea la entrada en vigor del libre comercio hasta que se pronuncie el tribunal, parecía que esa batalla estaba ganada para el campo, pero rápidamente quedó claro que eso está muy lejos de ser cierto. Apenas unos días después la Comisión Europea amenazó con activar la entente comercial de manera provisional sin esperar al dictamen del TJUE, que podría tardar dos años en llegar en el peor de los casos. Un motivo más para que las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país -Asaja, Coag y UPA- mantengan el calendario de movilizaciones. Hoy un centenar de tractores han recorrido las calles de Valencia y los apicultores han hecho lo propio en Salamanca, unas protestas a las que seguirán otras de menor intensidad -en principio- el martes y el miércoles, hasta culminar en un «super jueves», aseguran desde la organización agraria COAG, en el que están previstas más de 25 manifestaciones y cortes de carretera en distintos puntos de la geografía española, incluyendo Madrid. Solamente el sindicato Unión de Uniones tiene previsto movilizar más de 1.500 tractores y alrededor de 8.000 personas en la gran manifestación del día 11 de febrero en la capital , que se promete histórica. Noticia Relacionada opinion No La Tercera: UE-Mercosur: un acuerdo bloqueado Ramón Jáuregui Europa está perdiendo una oportunidad irrepetible de dar una muestra al mundo de su apuesta por el libre comercio y las relaciones económicas reguladas frente a las guerras tarifariasUno de los objetivos principales de esta campaña es presionar al Gobierno de España, que ya ha solicitado a Bruselas que no espere a Estrasburgo y active el acuerdo con Mercosur provisionalmente. El Partido Popular, en cambio, ha decidido caminar en sentido contrario y, en un giro de guion sorpresivo, la semana pasada avisó a Bruselas de que no contaría con el voto de sus eurodiputados si no se incluyen medidas para suspender los aranceles en caso de que los precios de determinados productos en Europa se desplomen, entre otras exigencias. Bien es cierto que los eurodiputados del PP español votaron en contra de la moción que mandó el texto al TJUE, pero los de Feijóo lo justifican por el hecho de que esto dejaba a la Eurocámara sin capacidad de maniobra durante varios meses y abría la puerta a que Bruselas pueda aplicar la entente provisionalmente sin que se hayan hecho efectivas las salvaguardias pactadas a inicios de enero. Sea como fuere, la última palabra la tendrá el Ejecutivo comunitario, que hasta ahora no ha sido muy claro sobre cuáles son sus intenciones. El viernes de la semana pasada, un portavoz del equipo de Von der Leyen aseguró que la decisión aún «no está tomada», aunque unos días antes la presidenta dijo estar «lista» para seguir adelante en cuanto los países del bloque sudamericano inicien el proceso de ratificación. Mercosur copa los titulares en este momento, pero lo cierto es que las organizaciones agrarias han sacado los tractores a la calle por un cúmulo de razones, que van desde el exceso de burocracia a los bajos precios -esta campaña, los cerealistas castellanos han vendido a pérdidas-, aunque despunta entre las causas del malestar agrario el recorte de la Política Agrícola Común (PAC) previsto por Bruselas. En esto último, el sector primario cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que desde que Bruselas anunciara su plan presupuestario para la próxima PAC (para el período 2028-2034) se ha posicionado en contra del recorte de fondos -que los agricultores estiman en un 20%- y, más importante, de la fusión de las ayudas destinadas al campo en un capítulo presupuestario único que incluirá recursos destinados a otras partidas , en un esquema que da a los Estados miembro mayor margen para decidir si gastan en agricultura o en otras prioridades y elimina los fondos de desarrollo rural como partida distinta y blindada. La campaña callejera contra el acuerdo UE-Mercosur que los agricultores españoles vienen protagonizando de manera continua desde hace al menos quince días está muy lejos de haber terminado; de hecho, acaba de empezar su ‘semana grande’. El pasado miércoles, cuando el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el texto al Tribunal Superior de Justicia de la UE, algo que teóricamente bloquea la entrada en vigor del libre comercio hasta que se pronuncie el tribunal, parecía que esa batalla estaba ganada para el campo, pero rápidamente quedó claro que eso está muy lejos de ser cierto. Apenas unos días después la Comisión Europea amenazó con activar la entente comercial de manera provisional sin esperar al dictamen del TJUE, que podría tardar dos años en llegar en el peor de los casos. Un motivo más para que las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país -Asaja, Coag y UPA- mantengan el calendario de movilizaciones. Hoy un centenar de tractores han recorrido las calles de Valencia y los apicultores han hecho lo propio en Salamanca, unas protestas a las que seguirán otras de menor intensidad -en principio- el martes y el miércoles, hasta culminar en un «super jueves», aseguran desde la organización agraria COAG, en el que están previstas más de 25 manifestaciones y cortes de carretera en distintos puntos de la geografía española, incluyendo Madrid. Solamente el sindicato Unión de Uniones tiene previsto movilizar más de 1.500 tractores y alrededor de 8.000 personas en la gran manifestación del día 11 de febrero en la capital , que se promete histórica. Noticia Relacionada opinion No La Tercera: UE-Mercosur: un acuerdo bloqueado Ramón Jáuregui Europa está perdiendo una oportunidad irrepetible de dar una muestra al mundo de su apuesta por el libre comercio y las relaciones económicas reguladas frente a las guerras tarifariasUno de los objetivos principales de esta campaña es presionar al Gobierno de España, que ya ha solicitado a Bruselas que no espere a Estrasburgo y active el acuerdo con Mercosur provisionalmente. El Partido Popular, en cambio, ha decidido caminar en sentido contrario y, en un giro de guion sorpresivo, la semana pasada avisó a Bruselas de que no contaría con el voto de sus eurodiputados si no se incluyen medidas para suspender los aranceles en caso de que los precios de determinados productos en Europa se desplomen, entre otras exigencias. Bien es cierto que los eurodiputados del PP español votaron en contra de la moción que mandó el texto al TJUE, pero los de Feijóo lo justifican por el hecho de que esto dejaba a la Eurocámara sin capacidad de maniobra durante varios meses y abría la puerta a que Bruselas pueda aplicar la entente provisionalmente sin que se hayan hecho efectivas las salvaguardias pactadas a inicios de enero. Sea como fuere, la última palabra la tendrá el Ejecutivo comunitario, que hasta ahora no ha sido muy claro sobre cuáles son sus intenciones. El viernes de la semana pasada, un portavoz del equipo de Von der Leyen aseguró que la decisión aún «no está tomada», aunque unos días antes la presidenta dijo estar «lista» para seguir adelante en cuanto los países del bloque sudamericano inicien el proceso de ratificación. Mercosur copa los titulares en este momento, pero lo cierto es que las organizaciones agrarias han sacado los tractores a la calle por un cúmulo de razones, que van desde el exceso de burocracia a los bajos precios -esta campaña, los cerealistas castellanos han vendido a pérdidas-, aunque despunta entre las causas del malestar agrario el recorte de la Política Agrícola Común (PAC) previsto por Bruselas. En esto último, el sector primario cuenta con el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que desde que Bruselas anunciara su plan presupuestario para la próxima PAC (para el período 2028-2034) se ha posicionado en contra del recorte de fondos -que los agricultores estiman en un 20%- y, más importante, de la fusión de las ayudas destinadas al campo en un capítulo presupuestario único que incluirá recursos destinados a otras partidas , en un esquema que da a los Estados miembro mayor margen para decidir si gastan en agricultura o en otras prioridades y elimina los fondos de desarrollo rural como partida distinta y blindada.
Asaja, Coag y UPA convocan más de 25 movilizaciones el próximo día 29 contra el acuerdo con Mercosur y el recorte de la PAC
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