Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por otorgar a dedo los contratos para reformar una docena de centros educativos dependientes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aseguró el 4 de junio en el juzgado número 39 de plaza de Castilla que recibió instrucciones precisas sobre cómo debía actuar: “Me decían siempre que no me podía pasar con la misma empresa (…) de 50.000 euros”, dijo Navarro, cabeza visible del grupo Virelec, al declarar como investigado, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Esa estrategia, aplicada de forma generalizara en la región, según una fuente conocedora de la operativa de los centros educativos, habría permitido que obras de gran complejidad se tramitaran con una sucesión de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) para poder otorgarlas a dedo y evitar el concurso público y la competencia entre empresas.
EL PAÍS accede a la declaración de Gabriel Navarro en la causa que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación en la concesión de obras
Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por otorgar a dedo los contratos para reformar una docena de centros educativos dependientes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aseguró el 4 de junio en el juzgado número 39 de plaza de Castilla que recibió instrucciones precisas sobre cómo debía actuar: “Me decían siempre que no me podía pasar con la misma empresa (…) de 50.000 euros”, dijo Navarro, cabeza visible del grupo Virelec, al declarar como investigado, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Esa estrategia, aplicada de forma generalizara en la región, según una fuente conocedora de la operativa de los centros educativos, habría permitido que obras de gran complejidad se tramitaran con una sucesión de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) para poder otorgarlas a dedo y evitar el concurso público y la competencia entre empresas.
“Me decían ellos siempre que no me podía pasar con la misma empresa (…) de 50.000 euros”, dijo sobre los directores de los centros. “Una vez que facturaba con una empresa, ya no podía hacer más facturas”, añadió. “Como esa, y miles [de obras] que he hecho de esa manera, todo centros educativos, en todo Madrid. [Mi forma de actuar] siempre ha sido la misma”, siguió. “Yo siempre he trabajado igual“, recalcó en otro momento. ”[Me parece] Totalmente normal. Si yo hago una obra en mi casa, le pagaré como yo decida”, añadió sobre la razón por la que no le sorprendió la ausencia de un concurso público. Y cuando le preguntaron si recordaba qué centros había hecho así, respondió: “Sí. Y los que he presupuestado, que no he hecho, porque como yo hay muchos más. Ojalá hubiera hecho yo todos”.
Así lo trasladó también antes de la declaración una fuente de la confianza de Navarro: “Hay 250 gabrieles”.
18 de septiembre de 2023. Dos centros educativos de la Comunidad de Madrid reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (…) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones, a las que accedió este diario. Acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un exalto cargo (el exsubirector de FP) y dos funcionarios (directores de centros reformados) en abril de 2024, y a que la Fiscalía investigue el presunto fraccionamiento de más de tres millones en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA)
En medio, Navarro se reunió en una cafetería con dos asesores de Ayuso, como avanzó este diario, para pedir soluciones.
Durante su declaración, al empresario se le preguntó si uno de ellos fue el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. No fue taxativo en su respuesta. “No puedo confirmarlo al 100×100. Creo que era. No habló absolutamente nada, solo estaba escuchando”. El alto cargo, contactado por este diario, niega haber mantenido cita alguna con el investigado.
Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional para reformar centros educativos en 2021, 2022 y 2023: obras de gran envergadura se pagaron a través de contratos menores ―que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA― y otorgados a dedo ―principalmente al grupo Virelec de Navarro― cuando deberían haber salido a concurso público para que compitieran distintas empresas.
La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.
Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación. En la época investigada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era el consejero al mando de esta área, y Rocío Albert, la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, ejercía de viceconsejera.
“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en las auditorías de la propia Comunidad de Madrid. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (…) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (…) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”, se explicita.
Aunque el caso se centra por ahora a las obras de una docena de centros, fuentes conocedoras de las reformas acometidas en los últimos años en centros educativos aseguran que la práctica del fraccionamiento de contratos se usó en muchos más y desde hace mucho tiempo.
Así lo vino a decir también Navarro en su declaración. Próximamente, ya en julio, declarará como testigo José María Rodríguez, que fuera director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial hasta el verano de 2023. La jueza ya llamó en marzo a declarar como investigados a dos directores de centros de FP y a un exalto cargo regional, que fuera subdirector general de FP, Alfonso Mateos, que coincidieron en señalar la responsabilidad de la cadena de mando de la consejería en la realización de las obras.
De hecho, la instrucción judicial se centra en esclarecer si los directivos de los centros actuaron por iniciativa propia (lo que ellos niegan, al señalar que “esto venía desde arriba”), o siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación (como se desprende de los informes de Inspección, y de la Intervención).
Navarro indicó que contrató con multitud de centros a través de diferentes empresas controladas por él, que a su vez subcontrataban: listó más de una decena de obras, indicó que los encargos no se hacían por escrito, y que le favoreció el boca oreja entre directores.
“He hecho un montón”, dijo. “Empecé con una furgoneta y apenas manejaba hacer un presupuesto”, justificó su supuesto desconocimiento de los procesos de licitación. “No me pareció nada raro”, añadió. “Empecé así y así he terminado. Y en todos ha sido igual. No hay ninguno que sea distinto. Todos iguales”, amplió. Y lamentó: “Me han llevado a la ruina”.
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