La amenaza de cárcel sobrevuela la citación clave que el Tribunal Supremo ha realizado para continuar con la investigación sobre la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante tres años (2018-2021) y que, presuntamente, facilitó negocios multimillonarios a empresas privadas. El magistrado Leopoldo Puente ha llamado este lunes a declarar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor principal, Koldo García, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapa el supuesto amaño de contratos de obra pública y el pago de mordidas a favor de ex altos cargos de Transportes y del PSOE. Fuentes del entorno de García explican que se plantea negarse a declarar este lunes.
Koldo García, autor de las grabaciones que implican a sus jefes en el amaño de contratos, planea negarse a declarar en su cita clave tras el informe de la UCO
La amenaza de cárcel sobrevuela la citación clave que el Tribunal Supremo ha realizado para continuar con la investigación sobre la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante tres años (2018-2021) y que, presuntamente, facilitó negocios multimillonarios a empresas privadas. El magistrado Leopoldo Puente ha llamado este lunes a declarar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor principal, Koldo García, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapa el supuesto amaño de contratos de obra pública y el pago de mordidas a favor de ex altos cargos de Transportes y del PSOE. Fuentes del entorno de García explican que se plantea negarse a declarar este lunes.
Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS señalan que la Fiscalía Anticorrupción puede solicitar prisión provisional para el exministro (su aforamiento no lo impide) y el exasesor, una medida justificada ante el riesgo de destrucción de pruebas —Koldo García sugiere que tiene más grabaciones sobre actividades ilícitas que aún no ha encontrado la Guardia Civil— o el riesgo de fuga —la investigación aún no tiene pistas de dónde se encuentra el dinero que supuestamente cobraron los implicados de las constructoras beneficiadas—.
Estas mismas fuentes, pese a que no descartan que la Fiscalía Anticorrupción pueda pedirle al juez estas medidas cautelares contra los investigados, también señalan que no parece muy viable dictar prisión provisional casi un año y medio después de abierta la causa en la Audiencia Nacional, y cuatro años después de ocurridos los supuestos hechos delictivos. Según adelantó La Sexta y ha confirmado EL PAÍS, José Luis Ábalos y Koldo García se han reunido este domingo para hablar de su estrategia procesal, ante la posibilidad de barajar un acuerdo con el ministerio público, pero la cita acabó sin un plan claro.
El informe de la Guardia Civil, basado en casi cinco años de grabaciones de Koldo García (de 2019 a 2023), apunta a la existencia de un triángulo de corrupción formado por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; José Luis Ábalos, su antecesor en el cargo y ex ministro de Transportes; y Koldo García, ex asesor principal en el ministerio.
Pero la investigación de la UCO de la Guardia Civil no ha sido capaz aún de determinar el sistema para el amaño de contratos a favor de Acciona y otras constructoras privadas. Un informe preliminar del Ministerio de Transportes tras conocer las obras sospechosas de esconder el pago de mordidas señala lo siguiente:
Tramo Arrubal-Navarrete de la Autovía A-68. Con un presupuesto de 151 millones de euros, la obra fue adjudicada en diciembre de 2018 a una UTE compuesta por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras. Aunque esta UTE (Unión Temporal de Empresas) no hizo la oferta económica más ventajosa, logró el contrato con la oferta técnica mejor valorada.
Construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla. La obra fue adjudicada por 128 millones de euros a la UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet. Fue la oferta mejor valorada tanto en el aspecto técnico como en el económico.
Segunda calzada del tramo Salas-La Espina de la autovía A-63 (Asturias). Trabajos adjudicados por 9,9 millones de euros el 29 de agosto de 2019 a favor de la UTE formada por OPR (Obras Públicas Regadíos) y Construcciones Pérez Jiménez. Su propuesta técnica fue la mejor valorada, aunque no hizo la mejor oferta económica.
A-32 Úbeda-Torreperogil. Un modificado de esta obra, adjudicada en 2008, fue aprobado en diciembre de 2019 por 5,82 millones de euros a favor de la UTE formada por CYOPSA, GEA 21 y OPR.
Duplicación de la carretera N-4 en Dos Hermanas. Modificado de una obra adjudicada a la UTE formada por Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) en 2015. Modificado de obra aprobado el 6 de julio de 2021 por 4,1 millones de euros.
Conservación del sector TE-02. Licitado en octubre de 2020 y adjudicado por 6,98 millones de euros a la UTE formada por Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Fue la oferta mejor valorada en la fase técnica.
A-12. Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río. Adjudicada por 95,58 millones de euros a la UTE integrada por Torrescamara, Ortiz y LIC. Fue la oferta mejor valorada en la fase técnica.
En busca del dinero
La Guardia Civil no ha sido capaz aún de precisar quién pagaba las supuestas mordidas en estas obras sospechosas y dónde escondieron los posibles beneficiados el dinero de las comisiones ilegales.
La declaración de José Luis Ábalos y Koldo García puede ser clave para acreditar cómo operaba la red delictiva y, además, conocer si hay más cabos sueltos que pudieran conectar lo ocurrido con una supuesta financiación ilegal del PSOE o con el presidente Pedro Sánchez, del que todavía no hay pruebas de que conociera lo sucedido.
Koldo García ha trasladado, a través de distintos medios, que guarda más grabaciones que implican en negociaciones inconfesables al ministro Ángel Víctor Torres, a exministros de otros gobiernos socialistas y a numerosos empresarios. Fuentes próximas al exasesor de Ábalos desmienten ahora que haya ido a un notario a depositar esas grabaciones secretas, pero aclaran que, en caso de que el exasesor de Ábalos acabara en prisión, su entorno más próximo pondría ese material a buen recaudo.
De las mascarillas a la obra pública
Para el exministro y su antiguo asesor, la de este lunes será su tercera comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo, pero las circunstancias han cambiado mucho desde que ambos acudieron a la llamada del instructor por última vez, en febrero. En aquella ocasión, el magistrado todavía centraba la investigación en el supuesto fraude en los contratos de mascarillas adjudicados en Transportes aprovechando la laxitud de los controles durante la pandemia de covid-19, y solo tenía algunos indicios, la mayoría derivados de información aportada por el empresario y comisionista Víctor de Aldama, de que la trama tenía otra fuente de negocio basada en la adjudicación de obras públicas.
El informe que la UCO entregó a Leopoldo Puente el pasado 5 de junio ha confirmado esa sospecha y ha destapado una red de amaños “a gran escala” de contratos de obra pública, cuya batuta llevaban, supuestamente, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.
Cerdán, el siguiente
Además de Ábalos y García, por el Supremo desfilarán en los próximos días Santos Cerdán, último secretario de Organización del PSOE, que fue destituido hace dos semanas, y cinco empresarios a los que la UCO vincula con la trama.
Para Cerdán, que está citado en el Supremo el 30 de junio, será su primera comparecencia ante el instructor. Tras renunciar al escaño de diputado, lo hará en calidad de investigado y de forma “preceptiva”, como le recordó el juez en un auto dictado el viernes. Mediante esa resolución, Puente ordenó a la UCO la entrada en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para clonar el correo electrónico corporativo que había utilizado en exclusiva el que hasta hace unos días era el secretario de Organización del partido.
La Guardia Civil llevó a cabo esa actuación el mismo viernes, casi de forma simultánea a otras tres diligencias acordadas ese día por el instructor: el clonado del correo electrónico que utilizó Ábalos en el Ministerio de Transportes y la entrega en las sedes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la Dirección General de Carreteras (organismos dependientes de Transportes) de un requerimiento para solicitar los expedientes de 11 adjudicaciones de obra pública bajo sospecha. Cinco corresponden a Adif y las seis restantes, a Carreteras.
El juez ha rechazado, por ahora, registrar el domicilio y el que fue el despacho de Cerdán en el PSOE, una petición que planteó el PP, personado como acusación popular en la causa. El instructor no lo considera “útil” en este momento porque Cerdán ha tenido ya tiempo suficiente para eliminar pruebas desde que supo que se le iba a investigar. No obstante, el juez podría dar ese paso más adelante si lo considera necesario, como ocurrió con el caso de Ábalos, encausado desde noviembre pero cuyo domicilio no fue registrado hasta el 10 de junio.
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