El expresidente de la Diputación de Almería se acoge a su derecho a no declarar en el ‘caso mascarillas’ con epicentro en esa entidad

El expresidente de la Diputación de Almería y del PP de esa provincia, Javier Aureliano García, se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia ente el juez que investiga el caso mascarillas, una trama de supuestas adjudicaciones de obras menores con epicentro en esa entidad supramunicipal entre 2016 y 2021. El exdirigente popular, que fue detenido el pasado mes de noviembre, está acusado por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Su defensa, ejercida por el abogado Joaquín Monterreal, considera que, precisamente en su comparecencia judicial cuando fue detenido y, posteriormente, puesto en libertad con cargos, ya respondió sobre el pago de hipotecas con dinero en efectivo, la entrega de 20.000 euros también en billetes físicos como contraprestación por la compra de una parcela o el hallazgo en casa de su hermana —también investigada— de un sobre con 7.620 euros a nombre del exlíder popular y un documento encabezado como “ingresos declarados y cobrados en efectivo”, con una tabla con cifras y ejercicios separadas por años con referencias a pisos y una sociedad cuya propiedad pertenecía a todos sus hermanos —también imputados—. Entonces García explicó que todos esos pagos y dinero en efectivo estaban declarados a Hacienda y que era su hermana la que cobraba los alquileres —que se pagaban en metálico por un hábito con los inquilinos— y que disponía de un bote común al que acudía cuando necesitaba hacer reparaciones de viviendas u otras necesidades. “Se han realizado periciales que demostrarán que no hay irregularidades”, ha señalado el letrado a este diario.

García, por tanto, se ha remitido a su testimonio ante el juez el pasado mes de noviembre y no ha respondido a las preguntas del juez, fiscal y resto de acusaciones a la espera de que la UCO entregue los informes relacionados con el resto de material del que incautaron durante los registros practicados entonces. Es la misma línea de defensa que han seguido sus hermanos, que también han sido llamados a declarar este viernes, y el resto de imputados con responsabilidades políticas, como el exvicepresidente primero de la Diputación Fernando Giménez y su ex número tres, Óscar Liria, primer detenido en la causa, el 15 de junio de 2021.

El instructor considera que hay “indicios muy claros y sólidos” de la posible participación de García en el “cobro o facilitación del cobro de comisiones”, de las adjudicaciones supuestamente amañadas realizadas desde la Diputación de Almería, entre 2016 y 2021. Sobre el contrato que dio origen a la causa, la adjudicación de un contrato de material sanitario en 2020 por dos millones de euros, con un sobrecoste de un millón —del que él, como Giménez y Liria, habrían cobrado mordidas— García reclamó al menos 12.000 euros, según la UCO. El juez apoya sus sospechas en el chat que el exdirigente popular compartía con Giménez y Liria en el que utilizaban vocabulario relacionado con la ortodoncia para referirse a esas supuestas mordidas.

Desde que el 4 de octubre de este mes comenzaran las primeras declaraciones de los imputados ante el juez, han prestado testimonios 43 investigados, políticos, empresarios, testaferros y otras personas vinculadas con esas supuestas adjudicaciones de contratos menores amañados.