Fernández Carriedo reconoce la ausencia en la reunión de este pasado miércoles por incluir un punto en el orden del día sin «consenso» con las comunidades
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El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá cumpliendo la normativa estatal sobre la acogida de menores migrantes no acompañados, aunque mantiene su rechazo a parte del marco legal aprobado por el Ejecutivo central.
“Nuestra opinión es la de siempre: respetar la ley, pero recurrimos la misma en lo que perjudica a Castilla y León. Cumplimos la ley porque está en vigor”, ha afirmado el portavoz tras el nuevo episodio de tensión entre varias comunidades autónomas y el Gobierno central.
El conflicto se produce después de que el Ministerio de Juventud e Infancia eleve de 14.142 a 17.081 plazas la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.
Según el borrador del real decreto que el departamento de la ministra Sira Rego iba a presentar en la Conferencia Sectorial de Infancia, Castilla y León pasaría a disponer de 833 plazas dentro de ese sistema. Es decir, que se eleva a esa cifra desde 783 que fueron los que fijó el Gobierno el pasado año.
Los datos ofrecidos por la Junta a este medio es que en Castilla y León hay aproximadamente 180 menores no acompañados, de ellos unos 40 son los menores que llegaron del orfanato de Ucrania.
El número se ha mantenido estable en últimos años, sobre los 180, por lo que «el número de plazas específicas para estos menores está sobrepasado y algunos tienen que estar en plazas ordinarias».
Así, la reunión no llegó a celebrarse con normalidad. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con la excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, decidieron no conectarse a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada de forma telemática por el ministerio.
Fernández Carriedo ha argumentado que no pudieron asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de ayer porque se incluyó un punto en el orden del día de este órgano sin haber dialogado antes con las comunidades y buscando un “consenso”.
Boicot de las autonomías del PP
Las regiones que gobierna el PP justificaron su ausencia en lo que califican como una “ilegalidad” en la convocatoria y en el intento del Gobierno de reabrir el debate sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados entre territorios.
El choque se produjo cuando el ministerio incluyó en el orden del día un punto relativo a la capacidad de acogida y eventual redistribución de menores migrantes.
Según denuncian estas autonomías, ese asunto había sido previamente rechazado en la comisión técnica preparatoria de directores generales, donde cuentan con mayoría.
Desde varios ejecutivos autonómicos sostienen que, al no haberse aprobado ese contenido en la reunión previa, la conferencia sectorial carecería de validez procedimental, lo que motivó su decisión de no participar de forma conjunta.
El trasfondo del enfrentamiento es la vigencia del marco legal que ha permitido hasta ahora el traslado de menores migrantes entre comunidades, sustentado en el Real Decreto-ley 2/2025.
El Español – Castilla y León
