Yolanda Díaz tiene el camino despejado para que el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos, apruebe una subida del 3,1% para el salario mínimo (SMI), que lo dejaría en 1.221 euros, tras el duro rechazo de la patronal al alza y a una compleja deducción en el Impuesto de Sociedades tejida por Hacienda y conocida por la prensa, de la que Trabajo se ha desmarcado , como también lo hizo con la negativa del departamento que dirige María Jesús Montero a la actualización de los contratos públicos. El incentivo fiscal no ha llegado a presentarse en la reunión mantenida este jueves con empresarios y centrales; sólo el incremento previsto exento del IRPF, así como el pacto con UGT y CC.OO. para la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, «saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que asfixiará a gran número de empresas», avisa la patronal tras destacar la «descoordinación y conflicto entre ministerios».El objetivo de Hacienda con sus bonificaciones era compensar el incremento del SMI pero, según la patronal, se aleja de beneficiar a las empresas que más lo necesitan y tampoco suple, como ha pretendido el Ejecutivo, el alza del precio de los contratos públicos que ha reclamado como irrenunciable la organización que dirige Antonio Garamendi. El comité ejecutivo extraordinario de la patronal ha rechazado por unanimidad la subida del indicador y las bonificaciones tras un debate en el que se puso de manifiesto el hartazgo de los empresarios con el ‘modus operandi’ del Ejecutivo. El rechazo de la patronal escala unos peldaños más en la ‘guerra’ abierta con el Ejecutivo y en la erosión de unas relaciones que ya son imposibles de reconstruir tras una sucesión de políticas duras de subida de impuestos y cotizaciones, y de un buen puñado de medidas tomadas al margen del diálogo social que han generado daño a los negocios. El órgano de dirección de la patronal ha avalado la posición de CEOE y Cepyme, que previamente hicieron público un comunicado para dar la espalda al incentivo fiscal. La nueva subida del indicador se aprobará ahora «de inmediato», aunque fuentes de Trabajo aseguran a ABC que no daría tiempo en el próximo Consejo de Ministros .«No hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena» Comité ejecutivo de CEOELos empresarios habían denunciado una fórmula fiscal con múltiples condicionantes que dejaba fuera a los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores, dado que se aplicaría solo para las que tributen por el tipo general del Impuesto de Sociedades y cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos de explotación. Además, afearon que excluya también a las empresas en pérdidas, las que, consideran, «más apoyo requieren», así como a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. No ha ayudado que los empresarios se enteraran por la prensa de la oferta de Hacienda, lo que han calificado de «falta de respeto» . «Tres meses ya perdiendo el tiempo con una subida que ya estaba premeditada y jugando con los autónomos y las empresas», ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE. Injerencia en la libertad de empresaLa organización empresarial cree que la propuesta frustrada establecía condiciones de difícil cumplimiento para la mayoría de las empresas y supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, profundizando en una dinámica de intervencionismo que genera incertidumbre y dificulta la actividad empresarial. Para CEOE los condicionantes y limitaciones a la aplicación están basados en «unas fórmulas trileras» e «intervencionistas» que no lograría compensar los costes asociados a la actualización del SMI planteada.Trabajo pacta con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salarialesCon las negociaciones para subir el SMI se han vuelto a poner de manifiesto las grandes diferencias de criterio que hay en el seno del Gobierno. El objetivo de la última oferta de Hacienda era «incentivar» la subida de salarios más allá del mínimo, pero está lejos de los planteamientos de Yolanda Díaz, que defendió la actualización de los contratos públicos, y de las empresas. El listón que estas habían puesto para la subida del indicador ha sido del 1,5%, hasta los 1.202 euros, en línea con el alza recibida por los funcionarios. Las patronales argumentan que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto si se toma como referencia la EPA, una estadística que —según CEOE y Cepyme— ofrece «un dato más real y actualizado» que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) utilizada por Trabajo. Las organizaciones sostienen que la EES excluye sectores como agricultura, ganadería, pesca o empleo doméstico, con un gran peso de trabajadores que perciben el SMI, lo que «sobredimensiona al alza» el salario medio y con ello la cuantía del salario mínimo. Explican que si se aplicara estrictamente la referencia del 60% del salario medio según la EPA, «no cabría realizar ninguna revalorización para 2026». Yolanda Díaz tiene el camino despejado para que el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos, apruebe una subida del 3,1% para el salario mínimo (SMI), que lo dejaría en 1.221 euros, tras el duro rechazo de la patronal al alza y a una compleja deducción en el Impuesto de Sociedades tejida por Hacienda y conocida por la prensa, de la que Trabajo se ha desmarcado , como también lo hizo con la negativa del departamento que dirige María Jesús Montero a la actualización de los contratos públicos. El incentivo fiscal no ha llegado a presentarse en la reunión mantenida este jueves con empresarios y centrales; sólo el incremento previsto exento del IRPF, así como el pacto con UGT y CC.OO. para la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, «saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que asfixiará a gran número de empresas», avisa la patronal tras destacar la «descoordinación y conflicto entre ministerios».El objetivo de Hacienda con sus bonificaciones era compensar el incremento del SMI pero, según la patronal, se aleja de beneficiar a las empresas que más lo necesitan y tampoco suple, como ha pretendido el Ejecutivo, el alza del precio de los contratos públicos que ha reclamado como irrenunciable la organización que dirige Antonio Garamendi. El comité ejecutivo extraordinario de la patronal ha rechazado por unanimidad la subida del indicador y las bonificaciones tras un debate en el que se puso de manifiesto el hartazgo de los empresarios con el ‘modus operandi’ del Ejecutivo. El rechazo de la patronal escala unos peldaños más en la ‘guerra’ abierta con el Ejecutivo y en la erosión de unas relaciones que ya son imposibles de reconstruir tras una sucesión de políticas duras de subida de impuestos y cotizaciones, y de un buen puñado de medidas tomadas al margen del diálogo social que han generado daño a los negocios. El órgano de dirección de la patronal ha avalado la posición de CEOE y Cepyme, que previamente hicieron público un comunicado para dar la espalda al incentivo fiscal. La nueva subida del indicador se aprobará ahora «de inmediato», aunque fuentes de Trabajo aseguran a ABC que no daría tiempo en el próximo Consejo de Ministros .«No hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena» Comité ejecutivo de CEOELos empresarios habían denunciado una fórmula fiscal con múltiples condicionantes que dejaba fuera a los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores, dado que se aplicaría solo para las que tributen por el tipo general del Impuesto de Sociedades y cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos de explotación. Además, afearon que excluya también a las empresas en pérdidas, las que, consideran, «más apoyo requieren», así como a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. No ha ayudado que los empresarios se enteraran por la prensa de la oferta de Hacienda, lo que han calificado de «falta de respeto» . «Tres meses ya perdiendo el tiempo con una subida que ya estaba premeditada y jugando con los autónomos y las empresas», ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE. Injerencia en la libertad de empresaLa organización empresarial cree que la propuesta frustrada establecía condiciones de difícil cumplimiento para la mayoría de las empresas y supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, profundizando en una dinámica de intervencionismo que genera incertidumbre y dificulta la actividad empresarial. Para CEOE los condicionantes y limitaciones a la aplicación están basados en «unas fórmulas trileras» e «intervencionistas» que no lograría compensar los costes asociados a la actualización del SMI planteada.Trabajo pacta con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salarialesCon las negociaciones para subir el SMI se han vuelto a poner de manifiesto las grandes diferencias de criterio que hay en el seno del Gobierno. El objetivo de la última oferta de Hacienda era «incentivar» la subida de salarios más allá del mínimo, pero está lejos de los planteamientos de Yolanda Díaz, que defendió la actualización de los contratos públicos, y de las empresas. El listón que estas habían puesto para la subida del indicador ha sido del 1,5%, hasta los 1.202 euros, en línea con el alza recibida por los funcionarios. Las patronales argumentan que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto si se toma como referencia la EPA, una estadística que —según CEOE y Cepyme— ofrece «un dato más real y actualizado» que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) utilizada por Trabajo. Las organizaciones sostienen que la EES excluye sectores como agricultura, ganadería, pesca o empleo doméstico, con un gran peso de trabajadores que perciben el SMI, lo que «sobredimensiona al alza» el salario medio y con ello la cuantía del salario mínimo. Explican que si se aplicara estrictamente la referencia del 60% del salario medio según la EPA, «no cabría realizar ninguna revalorización para 2026».
Yolanda Díaz tiene el camino despejado para que el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos, apruebe una subida del 3,1% para el salario mínimo (SMI), que lo dejaría en 1.221 euros, tras el rechazo de la patronal a una compleja deducción en … el Impuesto de Sociedades tejida por Hacienda y conocida por la prensa, de la que Trabajo se ha desmarcado, como también lo hizo con la negativa del departamento que dirige María Jesús Montero a la actualización de los contratos públicos. El incentivo fiscal no ha llegado a presentarse en la reunión mantenida este jueves con empresarios y centrales; sólo el incremento previsto sin pagar IRPF.
El objetivo de Hacienda con sus bonificaciones era compensar el incremento del SMI pero, según la patronal, se aleja de beneficiar a las empresas que más lo necesitan y tampoco suple, como ha pretendido el Ejecutivo, el alza del precio de los contratos públicos que ha reclamado como irrenunciable la organización que dirige Antonio Garamendi. El comité ejecutivo de la patronal ha rechazado por unanimidad la subida del indicador y las bonificaciones tras un debate en el que se puso de manifiesto el hartazgo de los empresarios con el ‘modus operandi’ del Ejecutivo.
El rechazo de la patronal escala unos peldaños más en la ‘guerra’ abierta con el Ejecutivo y en la erosión de unas relaciones que ya son imposibles de reconstruir tras una sucesión de políticas duras de subida de impuestos y cotizaciones, y de un buen puñado de medidas tomadas al margen del diálogo social que han generado daño a los negocios. El órgano de dirección de la patronal ha avalado la posición de CEOE y Cepyme, que previamente hicieron público un duro comunicado para dar la espalda al incentivo fiscal con el que el Ejecutivo ha tratado de sumarles al pacto del SMI sin ningún éxito. La nueva subida del indicador se aprobará ahora «de inmediato», aunque fuentes de Trabajo aseguran a ABC que no daría tiempo en el próximo Consejo de Ministros.
Los empresarios habían denunciado una fórmula fiscal con múltiples condicionantes que dejaba fuera a los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores, dado que se aplicaría solo para las que tributen por el tipo general del Impuesto de Sociedades y cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos de explotación. Además, afearon que excluya también a las empresas en pérdidas, las que, consideran, «más apoyo requieren», así como a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. No ha ayudado que los empresarios se enteraran por la prensa de la oferta de Hacienda, lo que han calificado de «falta de respeto».
Injerencia en la libertad de empresa
Los empresarios creen que la propuesta frustrada establecía condiciones de difícil cumplimiento para la mayoría de las empresas y supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, profundizando en una dinámica de intervencionismo que genera incertidumbre y dificulta la actividad empresarial». Para CEOE los condicionantes y limitaciones a la aplicación están basados en «unas fórmulas trileras» e «intervencionistas» que no lograría compensar los costes asociados a la actualización del SMI planteada.
La patronal había propuesto unas subida del 1,5% para el SMI, en línea con el alza del sueldo de funcionarios
Con las negociaciones para subir el SMI se han vuelto a poner de manifiesto las grandes diferencias de criterio que hay en el seno del Gobierno. El objetivo de la última oferta de Hacienda era «incentivar» la subida de salarios más allá del mínimo, pero está lejos de los planteamientos de Yolanda Díaz, que defendió la actualización de los contratos públicos, y de las empresas. El listón que estas habían puesto para la subida del indicador ha sido del 1,5%, hasta los 1.202 euros, en línea con el alza recibida por los funcionarios. Las patronales argumentan que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto si se toma como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), una estadística que —según CEOE y Cepyme— ofrece «un dato más real y actualizado» que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) utilizada por el Ministerio de Trabajo.
Las organizaciones sostienen que la EES excluye sectores como agricultura, ganadería, pesca o empleo doméstico, altamente intensivos en mano de obra y con un gran peso de trabajadores que perciben el SMI, lo que «sobredimensiona al alza» el salario medio y con ello la cuantía del salario mínimo. Explican que si se aplicara estrictamente la referencia del 60% del salario medio según los datos de la EPA, «no cabría realizar ninguna revalorización para 2026».
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