El Ministerio de Justicia ha reivindicado los “avances” Estado de derecho que suponen las reformas ya implementadas y las previstas en este ámbito, ante los eurodiputados que esta semana han visitado España para recabar información con miras a elaborar su informe anual sobre la materia. Los representantes comunitarios también se han reunido con asociaciones de jueces y fiscales que, en el caso de las mayoritarias en ambas carreras, han ofrecido una visión opuesta, transmitiendo su “preocupación” por dichos cambios.
Una comisión de eurodiputados visita España para elaborar su informe anual sobre el Estado de derecho
El Ministerio de Justicia ha reivindicado los “avances” Estado de derecho que suponen las reformas ya implementadas y las previstas en este ámbito, ante los eurodiputados que esta semana han visitado España para recabar información con miras a elaborar su informe anual sobre la materia. Los representantes comunitarios también se han reunido con asociaciones de jueces y fiscales que, en el caso de las mayoritarias en ambas carreras, han ofrecido una visión opuesta, transmitiendo su “preocupación” por dichos cambios.
La misión de la delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, que ha estado encabezada por Javier Zarzalejos (Partido Popular Europeo) y de la que también han formado parte Jorge Buxadé, la belga Assita Kanko (ambos de Conservadores y Reformistas), la neerlandesa Raquel García Hermida-Van del Walle (Renew Europe) y el italiano Alexander Zan (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), era recoger las impresiones de los principales actores del sector Justicia para determinar cómo ha evolucionado el Estado de derecho en España en el último año, hacer recomendaciones y valorar el grado de cumplimiento de las realizadas anteriormente.
En el marco de esta ronda de contactos, la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, y la directora general de Asuntos Constitucionales, Camino Vidal, han transmitido a los eurodiputados los “avances” que consideran que se han producido no solo en la administración de Justicia sino en la lucha contra la corrupción, según fuentes ministeriales.
El departamento que dirige Félix Bolaños ha destacado la aprobación de la Ley de Eficiencia, que ha supuesto un nuevo diseño de la planta judicial con la implantación de los tribunales de instancia, como un salto cualitativo para modernizar la Justicia. Además, Puente y Vidal han enfatizado que ha permitido anunciar la mayor convocatoria de plazas judiciales hasta la fecha, con 500 nuevas previstas para 2026.
Asimismo, han aludido a la reforma prevista del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para dotarlo de mayor autonomía, resaltando en concreto que permitirá desvincular los mandatos del fiscal general y del Gobierno. También han llamado la atención sobre el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras más de cinco años de bloqueo. En cuanto a la lucha anticorrupción, se han referido al anteproyecto de Ley de Integridad Pública aprobado este martes por el Consejo de Ministros que, entre otras cosas incorpora el blacklisting, para excluir de la contratación pública a empresas condenadas por casos de corrupción; y endurece las penas y amplía el plazo de prescripción de este tipo de delitos.
APM y AF observan un deterioro del Estado de derecho
En el otro extremo, se sitúan las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, que han advertido a los eurodiputados sobre lo que perciben como un “deterioro” del Estado de derecho. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) fue la más contundente al denunciar un empeoramiento del “clima institucional” y de “la percepción pública sobre la independencia judicial”, según informó en un comunicado.
La asociación mayoritaria en la carrera judicial mencionó “el impacto institucional” de la condena a dos años de inhabilitación para el cargo y al pago de 17.200 euros que el Tribunal Supremo impuso al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Desde la APM indican a EL PAÍS que no solo ha erosionado la imagen de una institución que “debe tener neutralidad, reserva y ejemplaridad”, sino que ha suscitado un debate sobre la autonomía e imparcialidad del Ministerio Público y la necesidad de implantar “contrapesos sólidos” para garantizarlas.
De la misma forma, la APM expresó su preocupación por la reforma anunciada por el Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal. Esta y otras asociaciones (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente) la rechazan porque creen que supondrá rebajar la exigencia en el proceso de selección, así como por la regularización de jueces sustitutos, al estimar que les permitirá incorporarse con más facilidades que a los opositores del turno libre. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por su parte, ve en la reforma un paso adelante, aunque también observó deficiencias en el proceso de regularización de jueces sustitutos.
La APM advirtió igualmente sobre “los riesgos derivados de reformas organizativas sin inversión proporcional”, poniendo el foco en “las serias disfunciones que está generando la implantación de los tribunales de instancia”. Sobre esto, subrayó que, “sin una inversión adecuada y una planificación suficiente, están provocando problemas organizativos, sobrecarga y un deterioro del servicio al ciudadano”.
En la misma línea, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda de la carrera, manifestó su “preocupación” por “varias reformas y proyectos legislativos que afectan directamente a la independencia judicial y al correcto funcionamiento de la Justicia en España”, según trasladó a EL PAÍS, Ana González Olalla, miembro del Comité Nacional de la Francisco de Vitoria. Al igual que la APM, apuntaron a la reforma del acceso a la carrera para defender el actual sistema, “que garantiza objetividad, mérito y capacidad”, al tiempo que dieron la voz de alarma por la regularización de los jueces sustitutos, advirtiendo de que no puede servir para incorporarlos por “la puerta de atrás”. Asimismo, criticaron la forma en la que se está llevando a cabo la implantación de los tribunales de instancia, “sin la dotación económica suficiente ni los medios materiales y humanos necesarios”. Y, por último, expresaron su “indignación” por “las continuas descalificaciones del Poder Judicial procedentes del Ejecutivo” porque suponen “cuestionamientos sistemáticos de la independencia de los jueces”.
Desde la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en esta otra carrera, describieron un panorama similar. Según informa Europa Press, lamentaron la “difícil situación” de la Fiscalía tras la condena a García Ortiz, reprochando su “empecinamiento” en no dimitir hasta que fue irremediable. En este contexto, calificaron de “limitada” la reforma del Estatuto Fiscal al considerar que “en absoluto profundiza en la independencia” del Ministerio Público porque no establece un verdadero “control interno o contrapeso” a la figura del fiscal general. También cargaron contra el nuevo modelo de acceso a las carreras judicial y fiscal y contra la regularización de jueces sustitutos porque entienden que “dejará margen para la subjetividad”.
UPF alerta sobre el caso contra el fiscal general
En el otro extremo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que formó parte García Ortiz, planteó su caso como un ejemplo de las “carencias” del procedimiento penal. Así, según ha informado la asociación fiscal a EL PAÍS, llamaron la atención sobre la afectación al derecho a la presunción de inocencia, al de la ciudadanía a recibir información veraz y al de la propia Fiscalía para defenderse. También plantearon cómo impactan los aforamientos en la posibilidad de que el acusado pueda pelear la sentencia en segunda instancia.
Respecto a las reformas anunciadas, la UPF estimó que la proyectada sobre el Ministerio Público permitirá ganar en autonomía. En concreto, aplaudió que se desliguen los mandatos de Ejecutivo y fiscal general, que se dé más poder a la Junta de Fiscales de Sala y que el poder sancionador pase de Justicia a Fiscalía. También defendieron que los fiscales están preparados para asumir las investigaciones penales, que actualmente dirigen los jueces. Sobre la reforma del acceso a la carrera, resaltaron que se introduzca un ejercicio práctico para compensar el actual sistema memorístico. No obstante, UPF reclamó más medios tanto materiales como humanos, haciendo hincapié en la brecha digital que existe entre la Fiscalía y, por ejemplo, los despachos de abogados.
Por su parte, JJpD denunció “los distintos ataques de responsables políticos que no constituyen crítica a la labor judicial, sino intento de desacreditar al Poder Judicial, como es el significativo caso de los que sufre la jueza de instrucción que trata de determinar responsabilidades por las inundaciones que produjo la Dana en Valencia o la persistente campaña de desprestigio contra el Tribunal Constitucional”, según comunicó en una nota de prensa. Además, la asociación progresista puso de relieve que “aún están pendientes de aplicación algunas medidas que distintos organismos internacionales han sugerido, como la reducción de los casos de aforamiento”.
Por otro lado, afirmó que “la independencia judicial está garantizada en España, sin que se encuentre en peligro”. Y aseveró que se han hecho “algunos avances” para reforzarla, como el proyectado cambio del proceso penal, que convertirá a los fiscales en instructores, porque “separa con claridad la función de investigación y las de garantía” o “la previsible mejora de la carga trabajo de la judicatura con la creación este año de 500 nuevas plazas nuevas en los tribunales, y otras tantas en 2027”.
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