El Gobierno desatasca cientos de autorizaciones de residencia de los menores migrantes de Canarias

El Gobierno ha resuelto en un mes lo que llevaba meses (e incluso años) sin lograr. El plan de choque que se lanzó en Canarias para poner al día la tramitación de cientos de autorizaciones de residencia de menores extranjeros ha concluido con la valoración de 800 expedientes, según fuentes del Ministerio de Política Territorial. El refuerzo se puso en marcha el pasado 28 de abril en la subdelegación de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, después de que EL PAÍS revelase que de los 5.800 menores migrantes acogidos en las islas solo contaban con sus papeles un 14% de ellos. Había cientos de expedientes que deberían haberse abierto de oficio, pero que estaban acumulando polvo en los cajones.

El plan, concluido el pasado 31 de mayo, incentivó a los funcionarios de Las Palmas para que trabajasen fuera de su horario laboral abriendo y tramitando expedientes pendientes a razón de cinco euros cada uno. Según reconocieron fuentes de la Administración, había 986 expedientes pendientes de tramitación que el personal de esa oficina no era capaz de instruir con la velocidad necesaria. La mayoría (840) correspondían a expedientes de menores que llevaban más de tres meses en las islas y que, al no haber sido documentados por la comunidad autónoma, debían serlo por parte de las oficinas de extranjería.

El detalle de las cifras muestra que se han abierto de oficio 528 expedientes pendientes. Se han puesto al día, aseguran fuentes ministeriales, por lo que a partir de este momento no debería haber más casos que se abran con retraso. Esto no quiere decir que se les haya concedido ya la autorización de residencia, faltaría aún que la comunidad autónoma aporte los documentos necesarios y la tramitación, pero es el primer paso necesario para poder hacerlo. Entre la montaña de casos, se han descartado además 109 fichas de supuestos menores que, tras las pruebas de determinación de la edad, resultaron mayores de 18 años cuando llegaron a las islas; las de otros 147 menores que sí estarían acompañados por familiares y las 16 menores cuyos expedientes ya han sido abiertos en otras comunidades autónomas tras haberlos trasladado.

Además, dentro del horario laboral, se han tramitado 122 expedientes ya abiertos a instancias de la comunidad autónoma, aunque se encuentran pendientes de resolver por falta de documentación. Se han concluido también 24 renovaciones de oficio.

La tarea de documentar y regularizar a los menores, que suelen llegar sin un solo papel que les identifique, no es sencilla. Los datos en el resto de España reflejan que la ley se incumple sistemáticamente en prácticamente todas las comunidades autónomas ―solo tienen una autorización de residencia un 27% de los chavales―, aunque son Madrid y Canarias las que ostentan los porcentajes más bajos de niños documentados.

La responsabilidad recae tanto en las comunidades autónomas como en las delegaciones de Gobierno. Los centros de acogida tienen que tramitar los pasaportes de los menores con los consulados del país de origen. No suele ser fácil, porque dependiendo del país ―es más fácil con Marruecos que con Guinea o Malí―, o no se emiten o tardan tanto en hacerlo que los niños se convierten en adultos durante el proceso. En los casos en los que no se logra el documento identificativo, la Administración debería emitir la cédula de inscripción, un documento alternativo al pasaporte con el que se puede solicitar la autorización de residencia. Si todo este proceso no se ha completado en 90 días, es la oficina de extranjería la que debe tomar las riendas, solicitar a la comunidad autónoma toda la documentación de la que disponga y tramitar ella misma los permisos.

El Gobierno de Canarias se queja de que no da abasto, de lo complicado que es lograr la cédula de inscripción; mientras que la Delegación de Gobierno reprocha que cuando se dispone a tramitar de oficio, el ejecutivo autonómico no le remite los documentos que necesita.

El problema de la falta de documentación se intenta ahora resolver por otra vía: la norma con la que se definirá el protocolo para trasladar a miles de menores de las islas a la Península. El borrador del real decreto en el que se detalla el procedimiento que se seguirá recoge el mandato de resolver la concesión de los permisos antes de cualquier derivación a otra comunidad.