El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a aprovechar la primera gran medida que tiene entre sus manos para calmar el suflé que le puede reventar por los escándalos de supuesta corrupción vinculados a Ábalos, Cerdán o Koldo: será con las restricciones adicionales que el Ejecutivo va a aprobar este martes para condicionar la opa de BBVA sobre Sabadell, con imposiciones «arriesgadas» desde el punto de vista político. Porque, aun cumpliendo la ley, llevarán al límite la posibilidad de intervención que tiene Moncloa. Así lo indican varias fuentes inmersas en esta decisión que hoy se hará pública. Será una guiño para los independentistas , contrarios a esta operación, al comprobar que pueden seguir contando con el gabinete de Sánchez a pesar de los escándalos. Y entre todos, Junts está en la mente del Ejecutivo, por la relevancia de su apoyo parlamentario para que no caiga el Gobierno.La ventaja con la que cuenta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo , es que prácticamente va a ser la primera vez en la historia que el Ejecutivo intervenga de esta forma en una operación bancaria de este calado. El respaldo normativo se centra en el «interés general», un concepto amplio que abarca todo tipo de interpretaciones para actuar. Cuerpo exigirá a BBVA cambios en su modelo de adquisición en materia laboral, financiera y sobre todo territorial , apuntan varias fuentes. En primer lugar, para restringir al máximo posible el impacto en el empleo que pueda derivar de la integración con el Sabadell. Esta no es solo una exigencia de los independentistas, sino además, de Sumar , el socio de Gobierno que también se ha opuesto a la opa.Donde más incidirán las nuevas restricciones es en la parte relativa a la presencia de Sabadell en Cataluña. No solo por el mantenimiento de oficinas , uno de los puntos clave, sino en lo relativo al centro de operaciones y sede social de la entidad. De hecho, el consejo del Sabadell decidió el pasado mes de enero regresar a Sant Cugat después de siete años en Alicante, donde se fue con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.Con el grueso de estas medidas, el Gobierno espera volver a ganarse la confianza de Junts después de varias semanas de recelo como consecuencia de los casos judiciales que ahogan al Ejecutivo. Cuando comparezca a mediodía tras el Consejo, el propio Cuerpo insistirá en que le respalda en esta decisión la ley de defensa de la competencia , que le habilita para introducir condiciones siempre en defensa del interés general. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que deja claro este aspecto. En su sentencia 108/2014, de 26 de junio de 2014, mencionaba que «sólo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a aprovechar la primera gran medida que tiene entre sus manos para calmar el suflé que le puede reventar por los escándalos de supuesta corrupción vinculados a Ábalos, Cerdán o Koldo: será con las restricciones adicionales que el Ejecutivo va a aprobar este martes para condicionar la opa de BBVA sobre Sabadell, con imposiciones «arriesgadas» desde el punto de vista político. Porque, aun cumpliendo la ley, llevarán al límite la posibilidad de intervención que tiene Moncloa. Así lo indican varias fuentes inmersas en esta decisión que hoy se hará pública. Será una guiño para los independentistas , contrarios a esta operación, al comprobar que pueden seguir contando con el gabinete de Sánchez a pesar de los escándalos. Y entre todos, Junts está en la mente del Ejecutivo, por la relevancia de su apoyo parlamentario para que no caiga el Gobierno.La ventaja con la que cuenta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo , es que prácticamente va a ser la primera vez en la historia que el Ejecutivo intervenga de esta forma en una operación bancaria de este calado. El respaldo normativo se centra en el «interés general», un concepto amplio que abarca todo tipo de interpretaciones para actuar. Cuerpo exigirá a BBVA cambios en su modelo de adquisición en materia laboral, financiera y sobre todo territorial , apuntan varias fuentes. En primer lugar, para restringir al máximo posible el impacto en el empleo que pueda derivar de la integración con el Sabadell. Esta no es solo una exigencia de los independentistas, sino además, de Sumar , el socio de Gobierno que también se ha opuesto a la opa.Donde más incidirán las nuevas restricciones es en la parte relativa a la presencia de Sabadell en Cataluña. No solo por el mantenimiento de oficinas , uno de los puntos clave, sino en lo relativo al centro de operaciones y sede social de la entidad. De hecho, el consejo del Sabadell decidió el pasado mes de enero regresar a Sant Cugat después de siete años en Alicante, donde se fue con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.Con el grueso de estas medidas, el Gobierno espera volver a ganarse la confianza de Junts después de varias semanas de recelo como consecuencia de los casos judiciales que ahogan al Ejecutivo. Cuando comparezca a mediodía tras el Consejo, el propio Cuerpo insistirá en que le respalda en esta decisión la ley de defensa de la competencia , que le habilita para introducir condiciones siempre en defensa del interés general. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que deja claro este aspecto. En su sentencia 108/2014, de 26 de junio de 2014, mencionaba que «sólo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros».
Las limitaciones, relativas al empleo, oficinas o territorialidad, están pensadas para ganarse a a los independentistas, contrarios a vender Sabadell, ante el contexto de escándalos judiciales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a aprovechar la primera gran medida que tiene entre sus manos para calmar el suflé que le puede reventar por los escándalos de supuesta corrupción vinculados a Ábalos, Cerdán o Koldo: será con las restricciones adicionales … que el Ejecutivo va a aprobar este martes para condicionar la opa de BBVA sobre Sabadell, con imposiciones «arriesgadas» desde el punto de vista político. Porque, aun cumpliendo la ley, llevarán al límite la posibilidad de intervención que tiene Moncloa. Así lo indican varias fuentes inmersas en esta decisión que hoy se hará pública. Será una guiño para los independentistas, contrarios a esta operación, al comprobar que pueden seguir contando con el gabinete de Sánchez a pesar de los escándalos. Y entre todos, Junts está en la mente del Ejecutivo, por la relevancia de su apoyo parlamentario para que no caiga el Gobierno.
La ventaja con la que cuenta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es que prácticamente va a ser la primera vez en la historia que el Ejecutivo intervenga de esta forma en una operación bancaria de este calado. El respaldo normativo se centra en el «interés general», un concepto amplio que abarca todo tipo de interpretaciones para actuar. Cuerpo exigirá a BBVA cambios en su modelo de adquisición en materia laboral, financiera y sobre todo territorial, apuntan varias fuentes. En primer lugar, para restringir al máximo posible el impacto en el empleo que pueda derivar de la integración con el Sabadell. Esta no es solo una exigencia de los independentistas, sino además, de Sumar, el socio de Gobierno que también se ha opuesto a la opa.
Donde más incidirán las nuevas restricciones es en la parte relativa a la presencia de Sabadell en Cataluña. No solo por el mantenimiento de oficinas, uno de los puntos clave, sino en lo relativo al centro de operaciones y sede social de la entidad. De hecho, el consejo del Sabadell decidió el pasado mes de enero regresar a Sant Cugat después de siete años en Alicante, donde se fue con motivo del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Con el grueso de estas medidas, el Gobierno espera volver a ganarse la confianza de Junts después de varias semanas de recelo como consecuencia de los casos judiciales que ahogan al Ejecutivo. Cuando comparezca a mediodía tras el Consejo, el propio Cuerpo insistirá en que le respalda en esta decisión la ley de defensa de la competencia, que le habilita para introducir condiciones siempre en defensa del interés general.
Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que deja claro este aspecto. En su sentencia 108/2014, de 26 de junio de 2014, mencionaba que «sólo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros».
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