El Gobierno ha decidido echar toda la carne en el asador en políticas sociales y mensajes progresistas en estas últimas tres semanas antes de las elecciones. El Ejecutivo hará dos consejos de ministros extraordinarios, este viernes y el próximo, además de los dos ordinarios que quedan los dos martes, según fuentes del Gobierno, porque las medidas que tiene que aprobar son tantas y tan diferentes que necesita dividirlas en cuatro. Además, así se garantiza ocupar más espacio mediático y generar más debate con sus iniciativas, que tendrán que ser aprobadas en la Diputación Permanente. El Ejecutivo solo ha dejado libre el último viernes antes de las elecciones, día del cierre de campaña.
El Ejecutivo, que convoca consejos extraordinarios, presenta dos decretos de 1800 millones. Los ministros evitarán tener agenda este miércoles, aunque no llegarán a hacer paro
El Gobierno ha decidido echar toda la carne en el asador en políticas sociales y mensajes progresistas en estas últimas tres semanas antes de las elecciones. El Ejecutivo hará dos consejos de ministros extraordinarios, este viernes y el próximo, además de los dos ordinarios que quedan los dos martes, según fuentes del Gobierno, porque las medidas que tiene que aprobar son tantas y tan diferentes que necesita dividirlas en cuatro. Además, así se garantiza ocupar más espacio mediático y generar más debate con sus iniciativas, que tendrán que ser aprobadas en la Diputación Permanente. El Ejecutivo solo ha dejado libre el último viernes antes de las elecciones, día del cierre de campaña.
Este martes, el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, presentó dos decretos sociales muy relevantes, uno de dependencia y otro de apoyo a las familias monomarentales, que suponen 1.800 millones de euros —casi 900 cada uno— y afectan, según explicó, a 1,1 millones de familias. Se trata de medidas que llevan meses de negociación interna y discusión en el Congreso, y finalmente se hacen en forma de decreto ya con las Cortes disueltas para poder aprobarlas en la Diputación Permanente, siempre que las apoyen los grupos de izquierda y el PNV, ya que ahí el concurso de Junts no es necesario.
Bustinduy ha explicado que esta legislatura lo ha intentado todo para sacar adelante medidas como estas, pero la mayoría de PP, Vox y Junts las ha tumbado, así que el Ejecutivo las aprueba ahora en plena precampaña y las lleva a la Diputación Permanente para que entren en vigor y lanzar un mensaje nítido a los votantes progresistas de que este es su proyecto si logran revalidar la mayoría y habrá una involución en estas cuestiones si hay una mayoría de PP y Vox.
Este giro progresista cada vez más evidente del Gobierno, del PSOE y de su líder, Pedro Sánchez, que se declara abiertamente “zurdo”, la forma despectiva que usa Javier Milei para definir a los izquierdistas, se ve también en la forma de afrontar la huelga general.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Bustinduy ofreció su “apoyo” explícito a la huelga y animó a todos a hacerla y movilizarse en las manifestaciones de la tarde, mientras la portavoz, la socialista Elma Sáiz, utilizaba un tono más cauto, pero sí insistía en que el Gobierno “respeta” la huelga y sobre todo lanzó una clara defensa de los sindicatos ante ataques como el de Isabel Díaz Ayuso, que está pidiendo a Alberto Núñez Feijóo que acabe con “toda la basura sindical”.
“Hay que respetar el derecho a la huelga, que no es contra nadie, porque va a favor de los derechos de todas”, dijo Sáiz. “Pido respeto para los sindicatos. Este país, de la mano de los sindicatos, ha llevado adelante la reforma laboral, la de pensiones y otras que han sido positivas. Estamos viendo a representantes públicos que insultan a los sindicatos”, dijo en referencia a Ayuso.
Según fuentes del Gobierno, los ministros no harán huelga, al menos no los socialistas, porque los de Sumar parecen apuntar que sí, pero tampoco tendrán agenda pública y se quedarán en sus despachos como forma de respeto al paro, porque desplazarse implicaría forzar a varios trabajadores a seguirles y organizar distintas cuestiones. Esta huelga es, por tanto, tan atípica que el Gobierno, aunque no la ha convocado ni la va a seguir, sí va a mostrar su apoyo y no siente que sea contra él, sino que trata de orientarla hacia una protesta contra los ejecutivos autonómicos del PP que se niegan a aplicar la ley de vivienda o contra el propio Feijóo que anuncia en la entrevista de EL PAÍS que va a derogar el llamado decreto Maricarmen, que se aprobará en la Diputación Permanente justo al día siguiente del paro.
Bustinduy fue muy claro: “Todo el apoyo y llamamiento a la movilización de los trabajadores para que secunden la huelga. Todos los derechos se han conquistado luchando, haciendo huelgas. Es una huelga contra un sistema de especulación en la vivienda que está llevando los beneficios de los trabajadores a los rentistas. Yo voy a hacer todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito para que se garantice el derecho a la vivienda en la Constitución”, aseguró.
“En España, en los últimos años, se ha creado riqueza sin precedentes, pero una parte de la clase trabajadora no lo nota”, insistió el ministro de Derechos Sociales. “La crisis de vivienda es una confiscación de rentas de los trabajadores hacia los rentistas, con unas patronales que arrastran los pies para subir los salarios, y cada subida del salario mínimo hay un coro apocalíptico. A esto se suma el desmantelamiento de los servicios públicos de la derecha. Por eso estas medidas cumplen la finalidad de que la riqueza que está generando vuelva a los trabajadores, que se redistribuya, y además son medidas que gozan de amplio apoyo social”, remató.
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