Podemos ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. La medida, reclamada también por Sumar, socio del Ejecutivo, y el resto de grupos de izquierda, dará un primer paso en el Consejo de Ministros de este martes por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos del trámite de elaboración de la norma a la mitad. La iniciativa deberá pasar de nuevo por el Gabinete en segunda vuelta. El partido ha explicado que podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Fuentes de Podemos han especificado que la iniciativa, adelantada por Cadena SER, no necesita pasar por el Congreso para su convalidación, donde tendría muy difícil conseguir la mayoría.
El Consejo de Ministros dará luz verde a la medida que beneficiará a más de 500.000 personas. Podrán acogerse aquellas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud
Podemos ha anunciado este lunes un acuerdo con el Gobierno para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. La medida, reclamada también por Sumar, socio del Ejecutivo, y el resto de grupos de izquierda, dará un primer paso en el Consejo de Ministros de este martes por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos del trámite de elaboración de la norma a la mitad. La iniciativa deberá pasar de nuevo por el Gabinete en segunda vuelta. El partido ha explicado que podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Fuentes de Podemos han especificado que la iniciativa, adelantada por Cadena SER, no necesita pasar por el Congreso para su convalidación, donde tendría muy difícil conseguir la mayoría.
La finalidad de la reforma, según el acuerdo al que ha tenido acceso EL PAÍS que autoriza la tramitación administrativa urgente, es “mejorar y agilizar las vías de acceso a autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales para las personas que acrediten un vínculo de convivencia estable e inescindible en España y, de forma general, dotar de mayor seguridad jurídica a las personas extranjeras presentes en el territorio nacional, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos”.
“Hay personas que en España viven con miedo a que la policía los pare”, ha defendido Irene Montero, eurodiputada y apuesta del partido para las próximas generales, recordando, también, la muerte a tiros de un manifestante el sábado en Estados Unidos por la policía migratoria de Donald Trump (ICE). “No podemos aceptar que haya gente que vive con miedo y sin derechos. No podemos aceptar la violencia racista. El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, asesinan, nosotras damos papeles. Traemos una noticia importante. Podemos ha conseguido un acuerdo con el PSOE para que el Gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes”, ha anunciado arrancando los aplausos del auditorio en un acto sobre migración convocado aún el domingo a última hora para esta tarde y en el que se ha deshecho en halagos con la secretaria general de su formación, Ione Belarra, a quien le ha reconocido el peso de las negociaciones, que ha llevado, como es habitual en el caso de su partido, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Fuentes de Podemos, que concluyen que la medida podría beneficiar a más de medio millón de personas basándose en cálculos de las organizaciones que han impulsado la iniciativa, han precisado que el pacto se articulará a través de un Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y que no requiere su ratificación en el Congreso. “La medida podría beneficiar a más de millón de personas, que podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio”, añaden. “Este avance, que Podemos ha negociado durante meses y que es también fruto de la movilización constante de los colectivos sociales, es una medida urgente y de justicia social que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que solo alimenta la explotación y el odio racista”, añaden.
El requisito de la permanencia en el país podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, por ejemplo. En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería, según explican las mismas fuentes.
La regularización extraordinaria fue presentada por distintos colectivos en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite en el Congreso en abril de 2024, pero llevaba más de año y medio bloqueada por la falta de acuerdo de los grupos. El pasado octubre, Sumar, con quien los de Belarra mantienen una fuerte pugna electoral, reclamó al PSOE que aprobara en el Gobierno esa regularización antes de que acabase el mes, pero el acuerdo nunca llegó. El anuncio, que ha tomado por sorpresa al socio minoritario, llega además en plena campaña aragonesa, donde el partido se mide a la coalición entre IU y Sumar.
El precedente es la regularización masiva impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que afectó entonces a más de 500.000 inmigrantes. Su Gobierno había reformado un año antes la ley de extranjería para permitir ese trámite, que en ese caso contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, agentes sociales y ONG, aunque tampoco fue necesario su paso por las Cortes.
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