Yoel O. Q. y Cristian Ezequiel S. M., de 18 y 19 años respectivamente, han evitado pasar entre rejas esta noche. El magistrado Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado este jueves la puesta en libertad de los dos hackers, según confirman fuentes jurídicas. La Policía Nacional los detuvo a ambos el pasado martes en Agüimes (Las Palmas) por su presunta implicación en la difusión masiva y venta a través de internet de datos sensibles de cientos de personas, como periodistas, militantes de partidos de izquierdas y autoridades del Estado (entre ellas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; varios ministros; y los jefes de los Ejecutivos andaluz y extremeño, Juan Manuel Moreno y María Guardiola).
El magistrado, que les prohíbe comunicarse entre ellos, explica que muchas víctimas están sufriendo una campaña de “acoso”
Yoel O. Q. y Cristian Ezequiel S. M., de 18 y 19 años respectivamente, han evitado pasar entre rejas esta noche. El magistrado Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado este jueves la puesta en libertad de los dos hackers, según confirman fuentes jurídicas. La Policía Nacional los detuvo a ambos el pasado martes en Agüimes (Las Palmas) por su presunta implicación en la difusión masiva y venta a través de internet de datos sensibles de cientos de personas, como periodistas, militantes de partidos de izquierdas y autoridades del Estado (entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; varios ministros; y los jefes de los Ejecutivos andaluz y extremeño, Juan Manuel Moreno y María Guardiola).
El magistrado ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía no haya pedido la entrada en prisión provisional de los sospechosos. Eso sí, se les impone a los dos arrestados, que actuaban supuestamente en la red bajo los alias de akkaspace y Pakito, varias medidas cautelares: se les prohíbe comunicarse entre ellos y salir del país; se los obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado; se les retira el pasaporte; y se les insta a facilitar la dirección de un domicilio y número de teléfono donde puedan ser localizados.
El instructor De Jorge ha destacado la “gravedad” de sus actuaciones. “Muchas víctimas de la difusión de sus datos están sufriendo llamadas continuas, incluso día y noche, a menudo con insultos o amenazas”, ha recalcado el magistrado de la Audiencia Nacional, que ha alertado que otros “actores podrían estar replicando” esta iniciativa criminal o “en vías de adquirir capacidades similares”. “A ello se une la asunción de la campaña de acoso por activistas antisistema que actúan contra las instituciones españolas […] Lo que eleva exponencialmente el riesgo sistémico”, apostilla.
El juez ha calificado los hechos como ciberterrorismo. La Fiscalía entiende que se trata de un delito de descubrimiento de secretos contra miembros de altas instituciones del Estado, según fuentes jurídicas.
“La finalidad [de los hackers] era, a juicio de este instructor, desestabilizar las instituciones políticas y obligar a los cargos políticos a renunciar a su actividad política o, al menos, dificultarla”, incide el juez De Jorge, que mantiene la causa bajo secreto de sumario. Hasta poco antes de su captura, los sospechosos amenazaban con seguir difundiendo datos personales de altos cargos del Estado y del Ejecutivo a través de chats virtuales de ideología ultra. El Ministerio del Interior ya los definió en una nota de prensa como una “amenaza muy grave para la Seguridad Nacional”.
La Audiencia Nacional pone así un punto y aparte en la investigación iniciada a mediados de junio, cuando la Policía presentó un informe para alertar de que se había publicado un documento en un chat de la aplicación de mensajería Telegram con los domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico (algunos antiguos o erróneos, pero otros actualizados) de siete ministros ―entre ellos la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero― y varios exdirigentes del PP y de Podemos.
Las pesquisas las asumió la Comisaría General de Información (CGI), especializada en lucha antiterrorista, que detectó cómo se produjeron nuevas filtraciones y avisó de su “claro potencial desestabilizador”. Una segunda difusión de información sensible incluyó datos de más miembros del Gobierno ―como los ministros Félix Bolaños y Yolanda Díaz―; de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del president de la Generalitat, Salvador Illa; y de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. También, de los cuatro principales imputados en el caso Koldo, la trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes (José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y Víctor de Aldama). En esta ocasión, incluso, se facilitaban datos de 300 afiliados al PSOE.
El pasado jueves se produjo la tercera y última filtración detectada, con datos de Pedro Sánchez; más ministros; los líderes autonómicos María Guardiola y Juan Manuel Moreno; Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; y 3.000 simpatizantes de Podemos. Entre los afectados hay periodistas, a los que se techa de “colaboradores”. “La difusión de matrículas y domicilios ha puesto en riesgo la seguridad de las víctimas, que además del acoso quedan expuestas a ataques contra sus personas”, asevera el magistrado.
El juez de Jorge concluye que esta actuación de los piratas informáticos debe entenderse como un intento “de desestabilización del funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras sociales del Estado”. O como un empeño, mediante una campaña de “acoso”, de “obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
Según fuentes de la Policía, los arrestados se repartieron los roles. Uno se encargaba presuntamente de obtener y filtrar los datos. El otro, de canalizar los ingresos que obtenían de sus actividades, para lo que usaban un monedero virtual con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero y preservar su anonimato.
A cambio de pagos en criptoactivos, los sospechosos ofrecían acceso a la “potente herramienta” que, según ellos, empleaban para obtener la información confidencial que difundían. “Con solo un comando, podrás acceder rápidamente a información útil para verificación, gestión o análisis. Todo desde la comodidad de tu móvil o PC. Ideal para profesionales que necesitan datos confiables al instante”, se promocionaban, aprovechando la gran repercusión mediática que habían obtenido con la difusión masiva de los datos de autoridades. Esos mensajes los acompañaban de etiquetas como #noalacorrupción #españalibre y #sánchezdimisión.
Uno de los chats que usaban llegó a tener 90.000 seguidores. Además, para complicar su localización, “utilizaban distintos perfiles digitales”, según la Policía, que registró el pasado martes los domicilios de los sospechosos, donde intervinieron “numerosos efectos y soportes técnicos”.
La Audiencia Nacional asumió la investigación al considerar que esta difusión masiva de datos podía calificarse como un delito contra las altas autoridades del Estado o como ciberterrorismo. La ley contempla que este tipo de ataques informáticos pueden ser catalogados como terrorismo si, entre sus supuestas finalidades, está “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.
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