Los repentinos recelos de La Moncloa por la absorción de EM&E, la empresa de ingeniería y fabricación de soluciones de defensa accionista de peso en Indra y uno de cuyos propietarios, Ángel Escribano, es presidente del grupo semipúblico desde hace un año, no solo han dinamitado la hoja de ruta de la empresa para ganar músculo industrial, sino que han zarandeado sus órganos de gobierno.La relación entre los Escribano y el Gobierno, representantes de los dos principales accionistas de Indra, vive sus momentos más tensos. El respaldo que hace un año la SEPI brindó a Ángel Escribano, entonces presidente de EM&E y consejero de la tecnológica, para sustituir a Murtra al frente de la Presidencia de Indra, y a la operación de absorción de la empresa de los Escribano que este promovía, se ha diluido con una rapidez insólita. El Ejecutivo ha dado orden a la SEPI de frenar la operación de fusión por los riesgos de conflicto de interés de la misma y se aboga por el relevo de Escribano como salida a un laberinto que amenaza con arruinar la construcción del gran campeón nacional español de la defensa .Varias fuentes del entorno de Indra y del Gobierno coinciden en atribuir el giro radical de Moncloa a cuestiones más ambientales que empresariales. La absorción, sostiene una de estas fuentes, tiene lógica económica y está bendecida por el mercado, que ha reaccionado negativamente a la posibilidad de que termine por no ejecutarse, pero hay factores que la han convertido en desaconsejable a ojos del Gobierno .Noticia relacionada No No «Hay conflicto de intereses» El PP insta al Gobierno a que explique su interés por asociar Indra con Escribano Bruno PérezEl que más ha pesado, reconocen, es el riesgo de que la operación acabe en los tribunales. Alberto Nadal (PP) ya avanzó que los populares fiscalizarían cada movimiento en Indra ante el «evidente conflicto de interés» y en el sector empresarial de la defensa escama que el Gobierno haya adjudicado de forma directa a Indra y EM&E contratos de Defensa millonarios. El portal jurídico Hay Derecho difundió hace unas semanas un documento en el que instaba a los consejeros de Indra a asegurarse de que la operación se hiciera con todas las cautelas y en las condiciones más beneficiosas para Indra ante la eventualidad de que pudiera ser objeto de investigación.Las suspicacias en torno a la operación han hecho mella en el Ministerio de Hacienda y, por extensión, en la cúpula de la SEPI. Fuentes del entorno del Gobierno reconocen que la sensibilidad al riesgo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aumentado exponencialmente a raíz de la imputación del que fuera presidente del holding y persona de su confianza, Vicente Fernández Guerrero, en el marco del caso que investiga las maniobras de Leire Díez, y que ello ha afectado a la consideración de la operación por parte de la SEPI.Tampoco ayuda el ‘track récord’ de la gobernanza de Indra. La CNMV ya se vio obligada a abrir una investigación en 2022 por el terremoto en el Consejo de Administración de la empresa que acabó con el cese fulminante de cuatro consejeros independientes y hace unas semanas tuvo que volver a intervenir para solicitar la publicación del protocolo de control aprobado para vigilar el conflicto de interés en la compra de EM&E por Indra, que reveló que los informes de la comisión ad hoc constituida al efecto no son vinculantes y que la decisión final dependerá del Consejo. La vigilancia reforzada del regulador es otro factor que juega en contra de la operación. Los repentinos recelos de La Moncloa por la absorción de EM&E, la empresa de ingeniería y fabricación de soluciones de defensa accionista de peso en Indra y uno de cuyos propietarios, Ángel Escribano, es presidente del grupo semipúblico desde hace un año, no solo han dinamitado la hoja de ruta de la empresa para ganar músculo industrial, sino que han zarandeado sus órganos de gobierno.La relación entre los Escribano y el Gobierno, representantes de los dos principales accionistas de Indra, vive sus momentos más tensos. El respaldo que hace un año la SEPI brindó a Ángel Escribano, entonces presidente de EM&E y consejero de la tecnológica, para sustituir a Murtra al frente de la Presidencia de Indra, y a la operación de absorción de la empresa de los Escribano que este promovía, se ha diluido con una rapidez insólita. El Ejecutivo ha dado orden a la SEPI de frenar la operación de fusión por los riesgos de conflicto de interés de la misma y se aboga por el relevo de Escribano como salida a un laberinto que amenaza con arruinar la construcción del gran campeón nacional español de la defensa .Varias fuentes del entorno de Indra y del Gobierno coinciden en atribuir el giro radical de Moncloa a cuestiones más ambientales que empresariales. La absorción, sostiene una de estas fuentes, tiene lógica económica y está bendecida por el mercado, que ha reaccionado negativamente a la posibilidad de que termine por no ejecutarse, pero hay factores que la han convertido en desaconsejable a ojos del Gobierno .Noticia relacionada No No «Hay conflicto de intereses» El PP insta al Gobierno a que explique su interés por asociar Indra con Escribano Bruno PérezEl que más ha pesado, reconocen, es el riesgo de que la operación acabe en los tribunales. Alberto Nadal (PP) ya avanzó que los populares fiscalizarían cada movimiento en Indra ante el «evidente conflicto de interés» y en el sector empresarial de la defensa escama que el Gobierno haya adjudicado de forma directa a Indra y EM&E contratos de Defensa millonarios. El portal jurídico Hay Derecho difundió hace unas semanas un documento en el que instaba a los consejeros de Indra a asegurarse de que la operación se hiciera con todas las cautelas y en las condiciones más beneficiosas para Indra ante la eventualidad de que pudiera ser objeto de investigación.Las suspicacias en torno a la operación han hecho mella en el Ministerio de Hacienda y, por extensión, en la cúpula de la SEPI. Fuentes del entorno del Gobierno reconocen que la sensibilidad al riesgo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aumentado exponencialmente a raíz de la imputación del que fuera presidente del holding y persona de su confianza, Vicente Fernández Guerrero, en el marco del caso que investiga las maniobras de Leire Díez, y que ello ha afectado a la consideración de la operación por parte de la SEPI.Tampoco ayuda el ‘track récord’ de la gobernanza de Indra. La CNMV ya se vio obligada a abrir una investigación en 2022 por el terremoto en el Consejo de Administración de la empresa que acabó con el cese fulminante de cuatro consejeros independientes y hace unas semanas tuvo que volver a intervenir para solicitar la publicación del protocolo de control aprobado para vigilar el conflicto de interés en la compra de EM&E por Indra, que reveló que los informes de la comisión ad hoc constituida al efecto no son vinculantes y que la decisión final dependerá del Consejo. La vigilancia reforzada del regulador es otro factor que juega en contra de la operación.
Los repentinos recelos de La Moncloa por la absorción de EM&E, la empresa de ingeniería y fabricación de soluciones de defensa accionista de peso en Indra y uno de cuyos propietarios, Ángel Escribano, es presidente del grupo semipúblico desde hace un año, no … solo han dinamitado la hoja de ruta de la empresa para ganar músculo industrial, sino que han zarandeado sus órganos de gobierno.
La relación entre los Escribano y el Gobierno, representantes de los dos principales accionistas de Indra, vive sus momentos más tensos. El respaldo que hace un año la SEPI brindó a Ángel Escribano, entonces presidente de EM&E y consejero de la tecnológica, para sustituir a Murtra al frente de la Presidencia de Indra, y a la operación de absorción de la empresa de los Escribano que este promovía, se ha diluido con una rapidez insólita. El Ejecutivo ha dado orden a la SEPI de frenar la operación de fusión por los riesgos de conflicto de interés de la misma y se aboga por el relevo de Escribano como salida a un laberinto que amenaza con arruinar la construcción del gran campeón nacional español de la defensa .
Varias fuentes del entorno de Indra y del Gobierno coinciden en atribuir el giro radical de Moncloa a cuestiones más ambientales que empresariales. La absorción, sostiene una de estas fuentes, tiene lógica económica y está bendecida por el mercado, que ha reaccionado negativamente a la posibilidad de que termine por no ejecutarse, pero hay factores que la han convertido en desaconsejable a ojos del Gobierno.
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«Hay conflicto de intereses»
Bruno Pérez
El que más ha pesado, reconocen, es el riesgo de que la operación acabe en los tribunales. Alberto Nadal (PP) ya avanzó que los populares fiscalizarían cada movimiento en Indra ante el «evidente conflicto de interés» y en el sector empresarial de la defensa escama que el Gobierno haya adjudicado de forma directa a Indra y EM&E contratos de Defensa millonarios. El portal jurídico Hay Derecho difundió hace unas semanas un documento en el que instaba a los consejeros de Indra a asegurarse de que la operación se hiciera con todas las cautelas y en las condiciones más beneficiosas para Indra ante la eventualidad de que pudiera ser objeto de investigación.
Las suspicacias en torno a la operación han hecho mella en el Ministerio de Hacienda y, por extensión, en la cúpula de la SEPI. Fuentes del entorno del Gobierno reconocen que la sensibilidad al riesgo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aumentado exponencialmente a raíz de la imputación del que fuera presidente del holding y persona de su confianza, Vicente Fernández Guerrero, en el marco del caso que investiga las maniobras de Leire Díez, y que ello ha afectado a la consideración de la operación por parte de la SEPI.
Tampoco ayuda el ‘track récord’ de la gobernanza de Indra. La CNMV ya se vio obligada a abrir una investigación en 2022 por el terremoto en el Consejo de Administración de la empresa que acabó con el cese fulminante de cuatro consejeros independientes y hace unas semanas tuvo que volver a intervenir para solicitar la publicación del protocolo de control aprobado para vigilar el conflicto de interés en la compra de EM&E por Indra, que reveló que los informes de la comisión ad hoc constituida al efecto no son vinculantes y que la decisión final dependerá del Consejo. La vigilancia reforzada del regulador es otro factor que juega en contra de la operación.
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